Reforma a la salud: estos son los problemas de sostenibilidad que inquietan a las EPS

Si bien los partidos políticos de la bancada de Gobierno que han mostrado reparos frente a la reforma a la salud lanzaron una propuesta que mantiene con vida a las EPS, las representantes de esas entidades han pedido mayor claridad sobre el papel que cumplirían en el proyecto de ley.

Durante un foro que hizo la Contraloría General de la República sobre la reforma a la salud, la presidenta de Acemi, Paula Acosta, dijo que hay dudas sobre el papel que tendrían las EPS dentro del nuevo sistema.

“Creo que se está tratando de hacer una mezcla entre un administrador con unas responsabilidades frente a los pacientes sin entregarle las herramientas para hacer esa gestión de riesgo en salud”, sostuvo Acosta.

Con sus declaraciones se refirió a la propuesta que han hecho el Partido de la U, el Liberal y el Conservador: su idea, que al parecer ya ha sido acogida por el Gobierno, es que las EPS pasen a llamarse entidades gestoras de salud y vida.

Esas entidades gestoras seguirían articulando a los prestadores de servicios de salud, pero dejarían de manejar los grandes volúmenes de recursos públicos que hoy tienen a su cargo.

Esto se debe a que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) dejaría de darles dinero a las EPS para que contraten a las instituciones prestadoras de salud (IPS). La reforma plantea que, en cambio, la Adres les pague directamente a esos prestadores y, con ello, las EPS dejen de ser intermediarias.

Pero a las EPS esa idea no les suena. De hecho, advierten que la Adres no tiene la capacidad suficiente para asumir las nuevas funciones que le otorga la reforma a la salud.

“Las capacidades de salud no se decretan, se construyen. Entonces vemos muchos riesgos. Y hay uno muy importante que tiene que ver con la capacidad del sistema”, subrayó Acosta, y agregó que “un sistema quebrado no le presta buenos servicios a nadie”.

Además, aprovechó para decirle al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, que la unidad de pago por capitación (UPC) es insuficiente. Esa UPC es el dinero que les gira el Estado colombiano a las EPS por cada afiliado que tienen. Y aunque la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha señalado que es más que suficiente para garantizar la atención de todos los pacientes, las EPS vienen insistiendo en que no les alcanza.

“Con los cálculos que tenemos es que vamos a tener un cierre consolidado del sector asegurador en número rojos, serían cuatro años seguidos”, sostuvo Acosta. Además, dijo que la presión aumenta debido a las EPS que han sido liquidadas, lo cual representa una carga adicional para las EPS que aún funcionan.

La presidenta de Acemi concluyó que les preocupa la falta de sostenibilidad económica que ven en la reforma a la salud, por cuenta de la eliminación de la gestión del riesgo financiero que hoy asumen las EPS y que, para ellas, no es claro en quién va a recaer.

En el foro de la Contraloría también intervino Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud (que agremia a las EPS cuyos pacientes son mayoritariamente del régimen subsidiado).

Dávila señaló que muchas de las EPS requerían el apoyo de nuevos inversionistas, que podrían no invertir sus capitales debido al “ímpetu reformista” que está mostrando el Gobierno nacional. “Si se pierde ese capital que hay detrás de esas organizaciones, el país también estaría perdiendo”, subrayó la líder gremial.

“La seguridad jurídica aquí es muy importante y creemos que no existiría otra alternativa. Liquidar entidades es un fracaso institucional”, sostuvo Dávila.

Señaló que la propuesta del Gobierno apunta a crear un sistema nacional de aseguramiento en salud. “Entre los años 70 y los 80 para la gente pobre y vulnerable se estableció un sistema de salud. Le fue mal a la población y ahora se quiere plantear algo que estuvo mal y sigue estando mal frente a los fondos pagadores”, concluyó Dávila.

Y agregó que controlar los recursos de esos fondos pagadores y sistemas totalmente públicos representa múltiples dificultades y no ha dado buenos resultados en Colombia.