Reforma a la salud: Gestarsalud se pronuncia; estas son las 7 preocupaciones frente a la propuesta de Carolina Corcho

Colombia vive días decisivos. La formulación de varias reformas en diferentes sectores, la publicación de los borradores y el inicio de su trámite en el Congreso de la República generan polémica en la agenda noticiosa.

Pero sucede con la tan sonada reforma a la salud, que según lo dicho por el Gobierno se radicará este viernes, aunque no se conoce un texto oficial. Eso sí, en cascada, diferentes asociaciones de todos los sectores han planteado su apoyo o sus preocupaciones.

Una de estas asociaones es Gestarsalud, que agrupa a varias EPS del país y tiene énfasis en el régimen subsidiado. Desde los primeros esbozos de lo que hace meses se escuchó de la reforma mostraron interés en conocer qué contenía realmente. Y esta vez, haciendo la salvedad de que no se conoce dicho documento, pero teniendo en cuenta lo que ha venido explicando la minsitra de Salud, Carolina Corcho, presentaron un contundente comunicado. Les preocupa de sobremanera siete aspectos.

1. Se eliminan las EPS y se crea un monopolio público con alto riesgo de corrupción

Argumentan que el proyecto de ley establece que sea el Estado, a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el que de forma descentralizada administre los recursos públicos de la salud.

“Esos dineros, sagrados, se asignarían a unos fondos regionales que pagarían de forma directa por las atenciones. De esta forma, el proyecto de reforma a la salud elimina a todas las EPS, incluso las mejor calificadas, sus funciones son asignadas a otras entidades sin experiencia y se crearía, de fondo, un monopolio público en manos de la Adres. La gente ya no podría elegir quién lo afilia y no se sabe con claridad quién va a responder por usted y sus necesidades”, se lee en el texto.

A línea seguida, aseguran que retornarían muchos de los problemas del Seguro Social, que en su momento no fue capaz de gestionar la salud de tres millones de personas, pero ahora sería peor porque la Adres, que no sabe ser EPS, tendría que responder por la salud de 51 millones.

“La Adres no tiene los procesos, ni los sistemas de información, ni la experiencia, ni los recursos humanos para hacer este proceso, como sí lo tienen las EPS. La plata de la salud estaría expuesta a las dinámicas de la política local. Para reemplazar la función de las EPS aumentarían la burocracia estatal y los cargos públicos, así como el riesgo de corrupción y politización”, agregaron.

2. Solo habría una única puerta de entrada que aumentará los tiempos de espera y causará más congestión

Basados en lo que se ha conocido de la propuesta, la puerta de entrada de una persona al sistema que plantea el Gobierno Petro, será su Centro de Atención Primaria (Cap) en salud.

“Cada uno prestaría servicios básicos a entre 20 y 25 mil personas. Todos los ciudadanos deben registrarse en el CAP más cercano a su casa. Los pacientes que requieran atención con especialistas serán remitidos desde el CAP a los centros hospitalarios de mediana y alta complejidad públicos, privados y mixtos que hagan parte de su red. Con esta figura hay riesgo de que aumenten los tiempos de espera y la congestión porque la gente tendría menos puertas de entrada para ser atendido”, sostuvieron.

Además, de manera directa le dijeron a la ciudadanía que de esta forma “ya no podría elegir esa puerta de entrada. Hoy usted tiene opciones de elegir dónde puede ser atendido. Con la reforma, para que usted sea atendido solo puede ir a un CAP en el que tendrá que inscribirse junto a su familia. Es decir, tendrá que hacer todo ese trámite de empadronamiento y perder la afiliación que ya tenía con su EPS. Y así cada vez que se cambie de casa o municipio”.

3. No habrá bolsillo que aguante

Sustentan que se plantea un esquema en el que se prestan servicios con un pagador único sin incentivos para racionalizar y un tarifario único que puede ser perjudicial.

“La plata de la salud es limitada y con la reforma no se sabe quién la controlará. No habrá bolsillo que aguante porque sin las EPS gastaremos mucho más que ahora. Las EPS han permitido que el sistema sea sostenible y han sido aliadas de las finanzas públicas haciendo compras inteligentes y auditoría. Con la reforma, nadie controlaría ni auditoría el gasto y el sistema estaría en riesgo de quiebra”, explicaron en el comunicado a la opinión pública.

Insistieron en que también, con la propuesta, se perderían los incentivos para racionalizar el dinero y que desaparecería la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

“Los pagadores sin control han sido probados y han sido un desastre. Algunos ejemplos: la libre adscripción del Instituto de Seguro Social que quebró la entidad entre 1997 y 1998, la atención a la población desplazada en 2001 que casi quiebra al Fosyga en seis meses, los recobros no POS que desbordaron los fondos nacionales y departamentales y llevaron a casos de corrupción en la nación y en el orden regional, como el cartel de la hemofilia y el de la salud mental”, adicionaron.

4. Sistema de información único que desconoce la historia

Sostienen que la propuesta del proyecto de ley contempla la creación de un sistema único de información, que no es interoperable, ni aplicable a la realidad de muchas regiones.

“La reforma propone un sistema único de información del sistema de salud, desconociendo lo que han avanzado en las últimas décadas, la Adres, EPS, IPS, la Cuenta de Alto Costo y el propio Ministerio de Salud”, señalaron.

En esta cuarta preocupación, pusieron de ejemplo que hoy Sispro, el Sistema Integral de Información de la Protección Social, registra 800 millones de prestaciones al año por más de 10.000 prestadores públicos y privados.

“Lo que se necesita, más que un sistema único, es que toda la información existente sea interoperable, incluida la historia clínica, como no sucede hoy. Empezar de cero nos devolvería 40 años en la tecnología. Con reforma o sin ella se deben actualizar permanentemente los sistemas de información y no crear uno nuevo. Y en todo caso, esta propuesta desconoce la brecha digital de muchas regiones donde la conectividad no se ha garantizado o simplemente no existe”, opinaron.

5. Falta de participación

Este ha sido uno de los temas más debatidos en la opinión pública. Y justo en este comunicado, la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud, Gestarsalud, hace rotundas afirmaciones.

“El proyecto de ley contempla los dos ámbitos de la participación que están contemplados en la Ley estatutaria de salud, por una parte, debe garantizar la autonomía en la toma de decisiones por parte del paciente y la participación en las decisiones del sistema de salud. El derecho fundamental a la salud comprende el derecho de las personas a participar en las decisiones adoptadas por los agentes del sistema de salud que lo afectan o le interesan. Ninguna de estas premisas ha estado presente en la construcción de la reforma. El secretismo y los mensajes a cuentagotas desde el Ministerio de Salud han marcado este proyecto de reforma a la salud”, afirmaron.

Asimismo, dijeron que se ha notado una participación selectiva, discriminante y discriminatoria en la construcción del texto de la reforma.

“La participación debe ser por igual para todos, independiente de su pensamiento o postura frente a una eventual reforma. Lo que garantiza que la participación sea real y equitativa es la publicación de los proyectos. Dejar el proyecto en secreto niega la participación en un tema tan importante como la salud, que afecta a todos los ciudadanos. Nunca antes un proyecto de reforma a la salud había negado la posibilidad de escuchar a los otros y llegar a consensos”, agregaron.

6. Laboralización de los trabajadores de la salud

Como sexto punto y también otro de los temas que la ministra Corcho ha asegurado como vitales en esta reforma, tiene que ver con la laboralización de trabajadores de la salud.

“Mejorar las condiciones del Talento Humano en Salud es el deseo de todos, pero la gran pregunta es cómo. Primero se debe tener claro cuántos trabajadores hay, cuántos están precarizados y cuánto costaría formalizar su contratación a través de una vinculación directa con el Estado. Según Rethus, en 2020 había registrados 406.833 trabajadores de la salud en todo el país. Plantear esta formalización necesita un diagnóstico claro de la situación actual del THS, un plan y una financiación sostenida”, indicaron desde la asociación que lidera Carmen Eugenia Dávila.

7. Gobernanza del nuevo sistema de salud

Finalmente, mostraron preocupación porque el proyecto de ley plantea una nueva gobernanza del sistema de salud con el renacimiento del Consejo Nacional de Salud y otros consejos departamentales y municipales, que ejercerán la función de autoridad sanitaria en el territorio correspondiente.

“Retomar el Consejo Nacional de Salud es una iniciativa valiosa porque en el pasado mostró ser una instancia clave en la toma de decisiones del sistema. Sin embargo, se debe revisar qué actores van a participar y analizar si tener 37 miembros permite llegar a consensos y darle un carácter técnico a esta instancia, sin caer en dinámicas politiqueras o intereses individuales”, concluyeron en el comunicado que se puede leer completo a continuación.