Salud
Reforma a la salud: la Nueva EPS recibiría millones de afiliados de las empresas liquidadas y se fortalecería; esto dice el texto
Este lunes el gobierno de Gustavo Petro radicó en el Congreso la propuesta que ha liderado Carolina Corcho.
La Nueva EPS es la entidad promotora que se creó en el 2008. Es una mezcla de capital privado y recursos del estado. Nació durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y fue el reemplazo de la aseguradora de salud del Instituto de Seguros Sociales. Empezó con más de 2 millones (2.484.431) de afiliados y según el más reciente informe, con corte a diciembre de 2022, tiene alrededor de 10 millones (10.073.905) afiliados del régimen contributivo y subsidiado.
Según lo que contiene el texto, conocido por SEMANA, a modo de simulación podría recibir a los usuarios de las entidades que están en riesgo. Es decir, a más de 11 millones (11.490.787) de afiliados a Sos, Famisanar, Comfaoriente, Comfachocó, Capresoca, Capital Salud, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar, Ecoopsos.
“Si Nueva EPS recibe el traslado de 11.490.787 afiliados, tendría ingresos adicionales correspondientes a la UPC por un valor de 16,7 billones de pesos, lo que llevaría a que la brecha del indicador de patrimonio adecuado se aumente en mínimo 173 % y, por tanto, la entidad debería capitalizarse en 2,1 billones de pesos, que representa alrededor de 6,7 veces el patrimonio técnico actual”, se lee entre la página 154 y 161 del proyecto radicado ante el Congreso.
“Siguiendo las reglas del Decreto 2702, en la proyección realizada con resultado a noviembre de 2022, si bien la Nueva EPS cumple con capital mínimo, presentaría un defecto en el indicador de patrimonio adecuado en la suma de $780 mil millones, por lo que debería capitalizarse como mínimo en este valor”, aclararon desde el Ministerio de Salud y Protección Social.
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También quedó evidenciado que la capitalización de esta EPS, que sería una gran figura receptora, no es atribuible a la reforma, dado que fue incluida en el Plan de Desarrollo, en el artículo 78, sobre el fortalecimiento patrimonial de las empresas del orden nacional.
“El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá capitalizar en efectivo o mediante cualquier mecanismo de fortalecimiento patrimonial a las empresas del orden nacional que así lo requieran para la continuidad y desarrollo operativo de su negocio, sujeto a la debida sustentación técnica y financiera y a la disponibilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, se especifica en el articulado de la iniciativa que ya está en curso en el Congreso.
Ahora, también recordaron que la Nueva EPS se encuentra en ejecución de un Plan de Ajuste Financiero (PAF) que fue aprobado en diciembre de 2021, en el que proyectó en su modelo financiero capitalizaciones por valor de $454.000 millones, de los cuales materializó $109.000 millones en febrero de 2022.
Es decir, que quedó pendiente por capitalizar la suma de $345.000 millones, que debe ser efectiva, si lo requiere, para el cumplimiento de condiciones financieras y de solvencia durante el período de transición del PAF que termina en el año 2024. “Se anota que, al corte de noviembre de 2022, la EPS NO CUMPLE con el indicador de régimen de inversiones de la reserva técnica”, señalaron en el texto radicado este lunes 13 de febrero.
Carolina Corcho explica cinco elementos clave de la reforma a la salud: “no más negocios con la vida”
La ministra de Salud, Carolina Corcho, presentó los puntos esenciales de la reforma que ha levantado ampolla en todo el país. “La salud es un derecho. Este proyecto de ley es producto de muchos años de debate de las organizaciones, de la academia”, afirmó.
Estos son los cinco elementos recogidos en el programa:
1. La administración pública de los recursos
Durante la intervención, desde la Plaza de Armas, Corcho aseguró que “se recuperará el manejo de los recursos públicos de la salud, para que de manera transparente sean dirigidos a la prestación de servicios de salud y al cuidado de la vida en Colombia de manera equitativa en todo el territorio nacional, restableciendo este derecho en los territorios dispersos”, empezó diciendo la ministra.
Agregó que para que funcione es necesario el acompañamiento de la sociedad civil y el control social de las organizaciones, “que serán quienes cuiden los recursos”.
“No puede ser un sistema tecnocrático alejado de la gente. El sistema se construirá de manera consensuada entre el Gobierno, la sociedad civil y las organizaciones científicas y académicas”, dijo.