Reforma a la salud: Las advertencias de Transparencia por Colombia para reducir los riesgos de corrupción

Por medio de un comunicado de prensa, Transparencia por Colombia y Así Vamos en Salud compartieron con la opinión pública una serie de recomendaciones sobre el proyecto de ley de reforma a la salud, con miras a reducir los riesgos de corrupción e injerencia política.

“El análisis inicia por reconocer que los sistemas de salud se enfrentan a riesgos de corrupción debido a los enormes presupuestos públicos que manejan, a la falta y asimetría de información entre los múltiples actores involucrados, y a la complejidad en la gobernanza y regulación de los sistemas”, indicaron las organizaciones en el documento.

Entre otras cosas, señalaron que revisaron cerca de 67 casos de corrupción que se dieron en Colombia entre 2016 y 2020. Indicaron que estas irregularidades fueron de tipo administrativo, privado y político y le habrían costado al país 1,63 billones de pesos.

“Los servidores públicos fueron responsables del 46,2% de estos casos. Los actores privados también jugaron un papel importante en el 37,3% de los casos registrados. Los delitos más comunes asociados con la corrupción fueron la celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales y el prevaricato por omisión. Cerca del 25% de los casos de corrupción estaban relacionados con irregularidades en el suministro de medicamentos, como sobrecostos, beneficiarios ficticios, cobros por medicamentos no entregados, tráfico y falsificación de medicamentos”, apuntaron las organizaciones en el documento.

En esa medida, hicieron recomendaciones sobre tres aspectos claves para mejorar aspectos como la gobernanza y la visibilidad de los manejos en el nuevo modelo de salud que propone la reforma.

“La reforma puede corregir situaciones que han facilitado casos graves de corrupción en el sistema de salud, sin embargo, la propuesta que discute el Congreso es altamente compleja y requiere de medidas concretas y estratégicas para evitar riesgos de malversación, politización y clientelismo en el sistema”, sostuvo Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

Entre otras cosas, señalaron que las transformaciones profundas que tendrá la estructuración del presupuesto del sistema de salud traerán múltiples retos. Esto “podría generar un riesgo de opacidad en la información”, advirtieron las organizaciones.

“Se requiere una estrategia de transparencia presupuestaria que involucre a todas las fuentes que financiarán el sistema, así como la obligatoriedad de la publicidad de la información de contratación, incluyendo la contratación asociada al Plan Nacional de Equipamiento en Salud que incluiría los recursos que se inviertan en infraestructura y dotación del sistema”, agregaron.

Señalaron que si bien la reforma plantea la creación de un Sistema Público Único Integrado de Información en Salud (SPUIIS) que mejoraría la transparencia de la información, ponerlo en marcha reviste múltiples retos, más aún porque se trata de un sistema único.

En su lugar, aconsejaron, debería considerarse la creación de esquemas efectivos de interoperabilidad de sistemas que ya existen en el sistema de salud actual.

Además, indicaron que el texto del articulado plantea que se compren medicamentos de forma centralizado, por lo cual recomendaron que la medida esté acompañada de criterios “claros y objetivos” para materializar estas transacciones.

Preocupación por la “injerencia política” en el sistema de salud

Una de las inquietudes que manifestaron Transparencia por Colombia y Así Vamos en Salud estuvo relacionada con los riesgos de que haya injerencia política en el nuevo sistema de salud. Por eso, consideraron que el Ministerio de Salud debe trazar una “estrategia sectorial” para luchar contra la corrupción.

“También llama la atención la propuesta de nominación de los directores de las Instituciones de Salud del Estado (ISE) dentro de los 3 meses siguientes al inicio del período del respectivo alcalde municipal o distrital o gobernador, puesto que crea un riesgo alto de injerencia política en la designación de los directivos de las ISE, así como a riesgos de clientelismo en el nivel territorial”, advirtieron las organizaciones.

Según su análisis, también consideraron que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) no tiene la capacidad de asumir algunas funciones que le asigna la reforma, como convertirse el pagador único del sistema de salud.

De otro lado, señalaron que el proyecto busca que haya más participación ciudadana y le asignaría más funciones a la Superintendencia de Salud para que tenga más capacidades de sancionar y vigilar a los actores del sistema.

No obstante, argumentaron que el articulado no da claridad sobre quién asumiría las funciones de inspección, vigilancia y control.

“La reforma tampoco contiene disposiciones suficientes para determinar el alcance que tendrían las auditorías dentro del sistema. Existe un riesgo de ausencia de control frente al pago del 80% de los recursos que son entregados a las instituciones prestadoras de servicios de salud, a 30 días de la radicación de la factura, con el pago del 20% restante de los recursos sujeto a auditoria”, señalaron en el comunicado.

A su vez, advirtieron que tampoco es claro cuáles serían los canales de denuncia para ciudadanos o instituciones que identifiquen casos de corrupción.

Por último, concluyeron que sus análisis arrojaron que durante el trámite legislativo de la reforma se han evidenciado algunas falencias, pues consideraron que debió tramitarse como una ley estatutaria. En ese caso hubiera necesitado más votaciones para ser aprobada.