Reforma a la salud: Pacto por la Salud expresa su preocupación en el avance del proyecto en la Cámara

La reforma a la salud es un tren que no se quiere detener desde el Gobierno nacional, por ello, en la Cámara de Representantes la subcomisión ha ido discutiendo los puntos que hay en común y los disensos, como lo manifestó hace dos días el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. No obstante, por falta de quórum, el debate fue aplazado, pues el ausentismo reinó.

Sin embargo, el Pacto por una Mejor Salud, que se compone por usuarios, pacientes, entidades prestadoras de servicios de salud, el sector farmacéutico, aseguradores, profesionales de salud y más de 80 organizaciones del sector, dieron a conocer su preocupación respecto al proyecto de Ley 339 que busca la reforma al Sistema de Salud en la Cámara de Representantes.

Esto mediante un comunicado compartido con la prensa, en el que manifestaron que “la lectura que se dio en la plenaria de la Cámara el pasado 4 de octubre del informe de dicha subcomisión, no evidencia las modificaciones esperadas para asegurar un adecuado y oportuno acceso de los pacientes y usuarios a los servicios de salud, como tampoco para el mejoramiento de los estándares de calidad que se requieren”.

Coincidiendo con lo que afirmó Carolina Arbeláez, representante de Cambio Radical: “la subcomisión de la reforma a la salud no concertó el texto completo del proyecto, en lo fundamental no hubo acuerdos. Continúa la preocupación sobre la estatización del sistema, la gestión del riesgo en salud asumida por el Estado [...]”.

Así las cosas, indicaron que mantienen “la preocupación sobre la fragmentación y la desarticulación de los niveles de atención. La garantía en la continuidad de los tratamientos de los pacientes no se halla asegurada”.

Pues según afirmaron, “no se establecen responsables precisos para procesos clave en materia del agenciamiento de los pacientes y usuarios, y se desnaturaliza el rol de los centros de atención primaria, por lo cual se incrementan sus riesgos ante los mayores trámites y barreras de acceso que se presentarían”.

“La gestión de los riesgos financieros, operativos y técnicos en salud no tienen un responsable preciso que le responda al sistema por la sostenibilidad de los recursos y por el control del presupuesto; así como a los usuarios y pacientes por sus necesidades en salud. La compleja operación del sistema que propone la reforma mantiene la falta de garantía para mejores resultados en prevención y promoción de la salud. Persisten los mecanismos imprecisos para una adecuada gestión del riesgo en salud”, afirman.

En ese mismo hilo, indican que están en riesgo: “el goce efectivo del derecho a la salud, como la universalidad del aseguramiento, la solidaridad, la garantía de un plan de beneficios explicito, la libre elección y la protección financiera”.

“El eventual período de transición no presenta aún reglas claras que protejan los avances adquiridos por los pacientes y usuarios en ese goce efectivo del derecho a la salud y garanticen las prestaciones a las cuales hoy tienen acceso”, añaden.

Y destacan que “los mecanismos constitucionales de protección de derechos, tales como la acción de tutela, derechos de petición, acciones de cumplimiento, acciones populares, entre otras”, se encuentra amenazados.

Y aseveran, de paso, que es muy posible que este tipo de herramientas para la ciudadanía se incrementen “ante la ambigüedad del proyecto de ley y ante el posible incremento en las barreras de acceso que enfrentarían. Alertamos al sector judicial del país sobre esta eventualidad”.

A esto se suma que ”se mantienen los riesgos de un desborde presupuestal con esta reforma. Siguen sin ser claros los mecanismos de contención apropiados. No se ha despejado la financiación sostenible de esta reforma ni la manera como se evitaría una cascada de recursos fiscales con cargo a la Nación”. Aunado a que está en peligro la estabilidad laboral de más de 100 mil trabajadores del sector salud.

Respecto al manejo responsable de los recursos de la salud, sugieren que se archive el proyecto de Ley 339 y “se presente un nuevo articulado centrado en ese cambio sobre el responsable de los giros y los pagos en el Sistema”.

El comunicado concluye que se debe tener como guía el “mandato constitucional por el derecho fundamental a la salud, así como el derecho irrenunciable a la seguridad social y la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015, de tal forma que sea progresiva, sostenible, eficiente, conduzca a la protección de los recursos y a la sostenibilidad del sistema, pero sobre todo a la mejor atención, oportuna y con calidad, para todos los colombianos en todo el territorio nacional”.