Reforma a la salud: ¿por qué las organizaciones médicas dicen que dos años no alcanzan para la transición?

Se espera que esta misma semana se lleve a cabo la discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y varios sectores han empezado a destapar sus cartas frente al debate.

Recientemente, se conoció un comunicado firmado por la Academia Nacional de Medicina, varias federaciones, sociedades y colegios médicos del país. Allí plasman sus impresiones sobre el proyecto de ley y las transformaciones que ha tenido en las últimas semanas (pues ha sido modificado varias veces).

Revelaron 11 puntos con los cuales están de acuerdo y otros 14 que consideran deben ser incluidos en el articulado.

Uno de sus principales reparos tuvo que ver con el hecho de que, a su juicio, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) necesita más tiempo para asumir las funciones que le van a asignar con la reforma.

Aunque el texto plantea que estas mejoras en sus capacidades técnicas, tecnológicas y administrativas tardarían cerca de dos años, las organizaciones médicas opinaron que se trata de un proceso que podría tardar más por todos los esfuerzos que implica en materia financiera y humana. Más aún, porque se plantea crear un sistema de información público en salud para hacerles seguimiento a los recursos del sector.

De hecho, las organizaciones médicas también indicaron que esto se extrapola a otras propuestas de la reforma, que tampoco podrían concretarse en este período de dos años.

Por ejemplo, ese es el mismo límite de tiempo que les dan a las EPS para convertirse en entidades gestoras de salud y vida (para lo cual es fundamental que tengan sus finanzas saneadas, entre otros requisitos).

“No existe evidencia en la exposición de motivos ni en el articulado, de que en un periodo de transición de dos años, sea posible el cambio total del Sistema, sin la certeza de contar con los recursos financieros, técnicos y humanos para su implementación”, puntualizaron las organizaciones médicas.

Otra de sus críticas tuvo que ver con la gran cantidad de instancias estatales que se crearían con la aprobación de la reforma. Por eso mismo, subrayaron que hay que “limitar el número de entidades de carácter nacional, regional, departamental, distrital y municipal que se establecen en el PL (proyecto de ley) con funciones superpuestas, generando colisión de competencias entre ellas”.

También señalaron que el articulado les quita funciones a las EPS y se las asigna a “nuevas entidades sobre las que no hay evidencia de su capacidad técnica y tecnológica”, que no necesariamente tendrían la capacidad suficiente para asumirlas. Por ello, sostuvieron que se podría generar un “riesgo en la prestación de los servicios de salud”.

Así mismo, indicaron que no es claro cuál sería el actor del sistema de salud que se encargaría de gestionar el riesgo operativo, financiero y de salud. Y consideraron que hay vacíos en funciones claves como la auditoría previa y concurrente de la prestación de servicios de salud.

A su vez, expresaron su preocupación por el manejo de la unidad de pago por capitación (UPC), que es el dinero que el Estado dispone para atender a cada paciente afiliado al sistema de salud.

Las propuestas que sí apoyan

Pero las organizaciones médica señalaron que están de acuerdo con varios puntos como fortalecer la atención primaria en salud.

Advirtieron que están de acuerdo con crear un sistema público de información en salud, que según la ministra del ramo, Carolina Corcho, debe implementarse para reducir la corrupción en el sector. Esto también pasa por fortalecer la Superintendencia Nacional de Salud, una propuesta que también ha recibido el visto bueno de los colegios médicos y las sociedades de profesionales sanitarios.

Además, manifestaron su respaldo al mecanismo de giro directo de la Adres a las clínicas y los hospitales. Vale decir que ese rol de pagarles a los prestadores de servicios de salud hoy les corresponde mayoritariamente a las EPS.

No obstante, advirtieron que esas entidades deben mantenerse en el sistema y, en esa medida, conservar “vigentes sus demás competencias”.