Reforma a la salud: varios analistas expresaron sus preocupaciones por la corrupción que pueda darse; esto explicaron

Este jueves, en la Comisión Anticorrupción y de Integridad Pública, se adelantó una mesa técnica para escuchar propuestas para fortalecer las instancias y mecanismos de lucha contra la corrupción previstos en la reforma a la salud. Al espacio asistieron expertos, organizaciones y académicos.

Desde las EPS, el gremio que grupa a las entidades del régimen contributivo, Acemi, puso en conocimiento que al día en Colombia se prestan 2,5 millones de servicios y se gestionan al menos ocho millones de facturas al mes. “Creemos que esta reforma debe dejar mejores y más mecanismos de vigilancia sobre las acciones y transparencia de la Adres”, expresó la presidenta Paula Acosta.

“Necesario asignar al Ministerio de Salud y Protección Social política anticorrupción, teniendo en cuenta la multiplicidad de actores. No queda claro quién queda en rol de monitoreo, vigilancia y control. Hay riesgo de ausencia de control en el pago del 80 % de los recursos”, añadió Gerardo Andrés Hernández, de Transparencia Colombia.

“Hay que simplificar procesos con tecnología, pero las responsabilidades no son tan claras. Tenemos que tener más información pública, no se ha hecho mucha inversión en participación”, agregó Carmen Eugenia Dávila, especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes y exdirectora de Gestarsalud.

En cuanto a los mecanismos de contratación, el magíster en salud pública Marlon Tejedor afirmó que “no hay claridad en mecanismos de contratación, no se observan mecanismos de denuncia ciudadana, no hay un mecanismo de control efectivo de los recursos del sistema de salud, no hay un análisis técnico profundo de cada artículo en los debates”.

Otro de los participantes de la audiencia pública fue el doctor en salud Andrés Vecino, quien a su turno aseguró, entre otras razones, que “si los Caps pasan a tener completa potestad de servicios de salud, estos no tienen competencia. Habría poder monopólico de Caps para realizar referencia y contrarreferencia. Empiezan a surgir oportunidades de corrupción para asegurar la atención”.

Otro de los aspectos que se mencionó y del que no se ha hablado tanto en el debate público fue el del enfoque de género.

“Muchas veces las reformas sanitarias no incluyen las necesidades de las mujeres, pero es necesario tener en cuenta el enfoque de género para proponer este tipo de sistemas. Debe haber espacio para que la sociedad civil pueda ejercer monitoreo”, manifestó Daniela Cepeda, de U4 Anti-Corruption Resource Centre.

Reforma a la salud: “Esto va a ser un caos”, dice Rudolf Hommes sobre el proyecto

Luego de que fuera aprobada la reforma a la salud en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, desde Acemi, el gremio que representa a las EPS en el país, se mostraron en contra de varios puntos avalados en la iniciativa.

El documento fue compartido por el exministro de Hacienda Rudolf Hommes quien cuestionó que no es un panorama alentador, especialmente para los ciudadanos. “Esto va a ser un caos. El Gobierno feliz, los parlamentarios popochos y el pueblo sin salud”, aseguró el economista.

El primer punto sobre el que alerta Acemi es por el artículo 4, que fue aprobado y habla de la definición del modelo de salud. “Se destruye el concepto de seguridad social y se reemplaza por una recolección de recursos”, aseguraron.

Además, dicen que con ese artículo se eliminan los conceptos básicos del aseguramiento como el plan de beneficios.

“También la figura del asegurador (EPS) y nociones financieras básicas como reservas técnicas, inversiones y patrimonio técnico”, alertaron desde ese gremio.

El segundo punto con el que no están de acuerdo es que la reforma aprobada en primer debate habla de que haya un pagador único que sea la Adres y que se creen los Caps, que son quienes tendrán la tarea de coordinar la atención en salud de la población.

Según Acemi las metas planteadas en el proyecto del Gobierno son de difícil cumplimiento. “En dos años, al menos 2.000 Caps tendrán que estar construidos, habilitados y en operación. Para entonces, además, esos centros deberán administrar la información y el registro de todas las personas que viven en el territorio nacional, no solo colombianos sino también migrantes”, dijeron. Y que todo eso deberá hacerse en un contexto en el que no hay suficientes recursos, capacidades o sistemas de información que hagan viable ese modelo.