Sindicato de pediatras alerta por cierre de servicios médicos para niños y pide medidas del Gobierno

Por medio de un comunicado de prensa, el Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia manifestó su rechazo frente a lo que calificó como el “cierre continuado” de camas y servicios de pediatría que se ha presentado en territorio nacional durante los últimos años y ha tenido episodios especialmente relevantes entre julio y el presente mes de agosto.

La organización mencionó el caso de un pronunciamiento que emitió la EPS Sura con relación al cierre “definitivo” de los servicios de pediatría que se prestaban en la Clínica Farallones, ubicada en la ciudad de Cali. Estos se suspendieron por completo el pasado 31 de julio, algo que despertó la preocupación de múltiples profesionales de la salud.

“La reducción en las camas y servicios de pediatría conlleva la presentación de diferentes barreras para la atención integral y oportuna a los pacientes, incluyendo geográficas y económicas, violación de su derecho a la libre escogencia: además de acciones de atención no segura para los niños como hacinamiento en los servicios de urgencias y hospitalización, demoras en las atenciones en urgencias y en la asignación de citas por consulta externa y atención por profesionales que no son pediatras”, sostuvo el sindicato en su comunicado.

Asimismo, manifestó su inquietud por cuenta de las dificultades laborales que estas circunstancias representan para los profesionales de la salud especializados en pediatría y los trabajadores del sector que estaban vinculados a esos servicios, pues consideraron que se está acentuando la “deslaboralización” e incrementando la precarización.

En esa medida, aseveraron que le enviaron un derecho de petición tanto al Ministerio de Salud como a distintos entes de control para que tomen las decisiones que se requieran para dar una “solución inmediata” frente a la mencionada problemática.

A su vez, señalaron que se deben hacer cumplir “la Constitución Nacional (artículo 44) y la ley estatutaria 1751/15, que eleva la salud a derecho fundamental, obligando al Estado a tomar todas las acciones necesarias para protegerlo”.

Más tarde, la cuenta del sindicato en Twitter también esbozó otros puntos que generan zozobra con respecto a la cantidad de servicios de pediatría que se siguen cerrando.

Por ejemplo, mencionó que los servicios del Hospital Infantil Concejo de Medellín se suspenderán a las 7:00 p. m. de este 4 de agosto, según un comunicado compartido por el Talento Humano en Salud.

De acuerdo con el pronunciamiento de esa organización, esta situación se dio como resultado de las deudas millonarias que tiene pendientes la institución sanitaria. Se calcula que a los médicos pediatras les estarían debiendo cerca de 800 millones de pesos desde febrero pasado. Aunque esta no es la primera vez que pasa, pues en 2022 también hubo protestas por la falta de pago.

El Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia señaló, sin embargo, que no se trata de casos aislados. “Información recolectada nos permite afirmar que en los últimos meses, se han cerrado 7 servicios de pediatría y 6 de gineco-obstetricia . El tema está estudiado: estos servicios no son rentables para las IPS por las características de las patologías que atienden”, indicó la organización sindical a través de su cuenta de Twitter.

Y explicó que en otros servicios en los cuales los pacientes necesitan intervenciones más complejas con medicamentos o tecnologías las utilidades pueden oscilar entre el 8 % y el 40 %. No obstante, en los servicios de pediatría y gineco-obstetricia los márgenes pueden bajar hasta el 2 % o incluso dejar pérdidas.

“En nuestro país, el 90% de la prestación de servicios es privada y nadie le puede decir a una IPS privada qué servicios tener y cuales no. Por tanto, ellos cierran los de menor utilidad y punto”, añadió el sindicato.

Además, criticó el hecho de que este tema no se menciona en el proyecto de ley de la reforma a la salud que está impulsando el Gobierno nacional y que está haciendo su tránsito en el Congreso de la República.

“La reforma no aborda de ninguna forma este punto. Las redes de prestación de servicios en donde habrá IPS públicas y privadas estarán sujetas a lo que los prestadores quieran habilitar y las IPS públicas no”, detalló sindicato de pediatras.

Y concluyó señalando que los niños son sujetos de especial protección constitucional, por lo cual esta problemática debería estar más presente en la agenda del Gobierno nacional y de las autoridades. Por ello, le exigieron al presidente Gustavo Petro, a la Procuraduría General de la Nación, a la Superintendencia de Salud y al Ministerio de Salud tomar medidas.