“Solicitamos el retiro de la reforma a la salud”: más de 60 organizaciones, exministros y pacientes le enviaron este mensaje a Petro

A esta hora en el norte de Bogotá se presenta el Pacto Nacional por un Mejor Sistema de Salud en Colombia.

Allí han dado a conocer una declaración que han firmado usuarios, Pacientes Colombia, la comunidad Bethlemitas, el presidente de la Andi, desde el sector académico, Carlos Felipe Escobar, del tanque de pensamiento Innos y bastantes líderes de opinión pública como el exministro Fernando Ruiz y Alejandro Gaviria.

En general, presentaron fuertes argumentos en contra del proyecto de reforma a la salud que cursa en el Congreso y pidieron retirar la reforma a la salud.

“Se solicita respetuosamente al Gobierno nacional, el retiro del Proyecto de Ley 339 de 2023 y que, atendiendo la invitación del Señor Presidente Gustavo Petro, de construir las reformas entre todos, se convoque a una gran mesa nacional para un debate amplio, con la indispensable evidencia técnica y científica, con la participación ciudadana y de las organizaciones del sector salud, que no sea un mero formalismo”, aseguran.

Ahora, en medio de la presentación a medios, añadieron que no es claro que la reforma a la Salud contribuya al progreso en el Derecho fundamental a la salud y “más bien pone en riesgo los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud, entre ellos, la libertad de escogencia por parte de los ciudadanos de su asegurador”.

A línea seguida, quien fue ministro de Salud durante el gobierno de Ernesto Samper y embajador de Colombia ante la Unesco, Augusto Galán, leyó otros 14 argumentos por los que, consideran, se debe retirar el proyecto de ley.

• No resuelve los problemas de cobertura y acceso que se presentan en los territorios, por el contrario, fragmenta y desarticula los niveles de atención, afecta su integralidad, no garantiza la continuidad de los tratamientos de los pacientes y elimina la función de agencia para el paciente, lo cual se traducirá en barreras de acceso para la población.
• Dispersa funciones de agenciamiento y gestión integral de riesgos en diversos agentes públicos creando confusión en los roles y las responsabilidades frente a los pacientes y el sistema.  No garantiza la sostenibilidad financiera del sistema; por el contrario, rompe la protección financiera que para el Estado significa la unidad de pago por capitación (UPC).
• Establece un modelo de pago que combina el subsidio a la oferta, el pago por servicio y la capitación, sin mecanismos de contención apropiados y con enorme riesgo de desborde presupuestal. Además, las aproximaciones al impacto fiscal que tendría esta reforma han señalado varias decenas de billones de pesos, sin considerar el plan completo de inversión, que, sumado a la falta de control en el gasto futuro, pudiera convertirse en una cascada de recursos fiscales con cargo a la Nación.

• No plantea una arquitectura institucional articulada y eficiente; en cambio, crea múltiples instancias que aumentan la burocracia en el sector y exponen el sistema a la politización y al uso inapropiado de los recursos con los consiguientes riesgos para los pacientes derivados del tráfico de influencias.
• Defiende la necesidad de adoptar un modelo preventivo de salud, sin embargo, la compleja operación del sistema que propone no garantiza mejores resultados en prevención y promoción de la salud; por el contrario, desdibuja los mecanismos de la gestión del riesgo en salud.
• Conduce a la estatización total del sistema al concentrar la mayor parte de sus funciones en las entidades públicas y desaparece por completo el aseguramiento en salud, para transitar hacia un sistema público de salud.  Desconoce que el sistema de salud, en consonancia con el artículo 48 de la Constitución Nacional, ha constituido una gran alianza publico privada, que ha contribuido a acrecentar los niveles de atención y calidad con los que cuentan la mayoría de la población colombiana.
• Desincentiva la participación privada en la prestación de los servicios, desconoce los esfuerzos en calidad, avance tecnológico, formación del talento humano en salud e inversión, que ubican a Colombia en un lugar destacado de oferta hospitalaria de excelencia.
• Propone el manejo centralizado de los recursos en el ADRES, institución que ha manifestado no contar con las capacidades ni la infraestructura para responder por toda la operación financiera y gestión administrativa del sistema. Adicionalmente, crea fondos cuenta regionales, con estructuras burocráticas asociadas, que exponen al sistema a una falla del servicio, que se traducirá en pérdida de vidas.
• Elimina la función de gestión de riesgo en salud y riesgo financiero que soportan el sistema en la actualidad y desconoce la labor de agencia que esta función implica para los pacientes, como es, la conformación de las redes y su eficiente contratación, al igual que las gestiones tan complejas como el reconocimiento y pago de prestaciones económicas. El tránsito que propone hacia la creación de “Gestoras de Salud y Vida” no es nada distinto que el lento marchitamiento de las EPS que hoy cumplen esa primordial función.
• Los cambios propuestos por la reforma generan incertidumbre e inestabilidad laboral para más de cienmil trabajadores y trabajadoras del sector salud.
• No presenta las reglas claras para un eventual período de transición que protejan los avances adquiridos por los pacientes y usuarios en el goce efectivo del derecho a la salud y garanticen las prestaciones a las cuales hoy tienen acceso.
• El proceso adelantado hasta ahora en el Congreso de la República ha violado varias de las disposiciones de la Ley 5 de 1992, que rige el trámite de las leyes en Colombia. Los innumerables, evidentes y documentados yerros de procedimiento advertidos a lo largo de las deliberaciones en la Comisión Séptima del Congreso, pone en vilo la vocación de permanencia del proyecto. Adicionalmente, un grupo importante de juristas ha considerado que muchas de las disposiciones contenidas en el proyecto de ley deben tramitarse por una ley estatutaria, en tanto comprometen la garantía del Derecho fundamental a la salud. Por todo lo anterior, existe un alto riesgo de que la reforma sea inconstitucional, con pérdida de tiempo y enormes peligros para el sistema.

A continuación las personas y organizaciones firmantes del Pacto.