SuperSalud les dio duras instrucciones a las EPS, ¿de qué se trata?

Tal y como lo había anunciado hace unos días el superintendente nacional de Salud, Ulahí Beltrán, durante el 29 de marzo se reunió con los representantes de algunas EPS con los quienes una nueva circular en la que impartió varias instrucciones contundentes respecto a sus labores garantizando al acceso a los servicios sanitarios en Colombia.

Al encuentro asistieron los presidentes y representantes legales de 28 entidades administradoras de recursos de la salud. Entre otras cosas, el ente de vigilancia y control les pidió que agilicen el flujo de los recursos del sector que llegan a sus manos y deben pasar a las clínicas y los hospitales para que atiendan a los pacientes de forma adecuada.

“La SuperSalud está dispuesta a hacer lo que sea para garantizar el derecho a la salud de las personas, por eso hoy expedimos esta circular para que las administradoras de recursos no sigan incumpliendo con las normas y los requerimientos exigidos”, dijo el superintendente Ulahí Beltrán.

Durante el encuentro sostuvo que son al menos cinco las instrucciones que les dieron a esas entidades para mejorar el funcionamiento del sistema de salud colombiano.

Por ejemplo, les piden que el aumento que tuvo la unidad de pago por capitación (UPC) se traduzca en un mayor flujo de recursos hacia las instituciones prestadoras de servicios de salud. Esta instrucción, sin embargo, es controvertida.

La UPC es el dinero que les da el Estado a las EPS para que garanticen el acceso a los servicios de salud de cada uno de sus afiliados. Cada año el monto que les dan debe aumentar por cuenta de la inflación y otros incrementos presupuestales que se presentan anualmente.

Pero durante el año pasado hubo una fuerte controversia, pues inicialmente el Ministerio de Salud había señalado que el aumento de la UPC sería de alrededor del 12 % para el régimen subsidiado y del 16,23 % para el contributivo.

El problema, sin embargo, era que las EPS consideraban que ese incremento no era suficiente y advertían que si se aprobaba de esa forma iba a haber una crisis en el sistema de salud. Tanto las entidades del régimen contributivo como las del subsidiado pidieron un aumento del 18 %.

Como el incremento fue del 16,23 %, la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha señalado que escuchó el reclamo de las EPS y, por tanto, eso debería reflejarse en un mejor flujo de recursos dentro del sistema de salud.

Recientemente, durante un evento de la Contraloría de la República, se conoció que las EPS presentan dificultades financieras para 2023. “Con los cálculos que tenemos es que vamos a tener un cierre consolidado del sector asegurador en número rojos, serían cuatro años seguidos”, dijo Paula Acosta, presidenta ejecutiva de Acemi, que agremia a las EPS que atienden a un gran número de personas del régimen contributivo.

Las demás instrucciones de la SuperSalud

Pero la instrucción sobre el manejo de la UPC no fue la única que les dio la SuperSalud a las EPS. En su circular también señaló que “se obliga a EPS, Entidades Territoriales del Orden Departamental y Distrital y (PSS) a dar cumplimiento de la normatividad vigente inmersa en los acuerdos de voluntades en el sector salud, para garantizar la continuidad del flujo de recursos del sistema salud y con ello, el acceso efectivo de los usuarios a la prestación de los servicios o tecnologías”.

De otro lado, indicó que esas entidades deben fortalecer los procesos para que haya un pago oportuno a las clínicas y los hospitales, lo cual esperan que repercuta en la buena atención a los pacientes en todo el territorio nacional.

“Las EPS deberán publicar mensualmente la información de los pagos a los prestadores de salud en un término no mayor a los cinco días hábiles después de la fecha de corte”, indicó la SuperSalud.

A su vez, el ente de control recordó que si las entidades mencionadas en la circular no cumplen con las instrucciones que les mencionaron podrían atenerse a la imposición de sanciones.

De otro lado, la SuperSalud sostuvo que el Gobierno está trabajando para disminuir la mortalidad materna a nivel nacional. De hecho, durante el evento los viceministros de Salud Pública y Protección Social, Luis Alberto Martínez y Jaime Urrego, expusieron cuáles han sido las acciones que ha implementado la SuperSalud para mitigar la cantidad de mujeres que mueren durante el embarazo, el parto o el puerperio.

“Todo este trabajo ha conllevado al traslado a la delegada de Investigaciones Administrativas de 26 procesos (18 a prestadoras de salud y ocho a entidades de aseguramiento) de acuerdo con los hallazgos presentados en prestación y aseguramiento en salud y entidades territoriales respecto de la atención a población gestante”, concluyó la SuperSalud.

Y sobre la problemática de la escasez y el desabastecimiento de medicamentos, esa ente de control señaló que les hizo requerimientos a 45 entidades para obtener información sobre las dificultades logísticas que hay con respecto a la adquisición de fármacos.

“Desafortunadamente, encontramos que la mayoría de estas entidades no atendieron las instrucciones impartidas y la respuesta al requerimiento de la Superintendencia fue insuficiente o equivocada, impidiendo acceder a la información que facilite el ejercicio de acciones de las autoridades y prolongando la vulneración del derecho fundamental a la salud de los afiliados al sistema de salud”, puntualizó el superintendente Beltrán durante el encuentro.