SuperSalud reveló detalles del seguimiento a la intervenida EPS Asmet Salud

La Superintendencia Nacional de Salud emitió un comunicado de prensa este 5 de agosto, para revelar nuevos detalles del proceso de seguimiento que le ha hecho a la intervenida entidad promotora de salud (EPS) Asmet Salud.

La entidad había sido originalmente cobijada por una medida de intervención forzosa el pasado 12 de mayo, la cual generó gran revuelo. Después de entonces, la Superintendencia de Salud informó que ha abierto nueve mesas de seguimiento con el fin de verificar que se cumplan las órdenes que dio. Además, tenía el objetivo de ponerles la lupa a algunas problemáticas que venía presentando la EPS y que terminaban afectando a los pacientes.

El ente de vigilancia y control aseguró que una de las situaciones que más le preocupaban tenía que ver con las demoras que se estaban presentando para entregarles los medicamentos a los afiliados, pues esa era la principal causa de los reclamos que se venían radicando desde enero de este año.

“De manera simultánea, se revisan las acciones de cumplimiento y mejora en la ejecución de la medida cautelar que rige sobre esta EPS desde marzo de este año. Hasta el momento, en los cinco meses que lleva Asmet Salud bajo medida cautelar, ha realizado giros por $148.082 millones, de los cuales $103.604 han sido para la red privada y $44.478 para la pública en el Valle del Cauca”, anotó la Superintendencia de Salud en su comunicado.

Y agregó que, después de la intervención, los recursos que se estaban girando a la red hospitalaria pública se incrementaron en un 39 %. Puntualmente, dio a conocer que pasaron de 6.892 millones de pesos a 9.604 millones de pesos.

A su vez, informó que en este período se han realizado otros 16 “requerimientos adicionales” a Asmet Salud con relación a asuntos como los reclamos al derecho a la salud y la suscripción, modificación o terminación de contratos que estaban incidiendo en la prestación de los servicios y el buen uso de los recursos públicos del sistema que están a su cargo.

“El agente interventor, Rafael Manjarrés González, presentó, según lo ordenado por resolución de intervención, el plan de trabajo el cual está siendo analizado para su aprobación por parte de la Superintendencia”, indicó el ente de control.

Por su parte, el superintendente nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, manifestó la importancia de seguir vigilando los recursos y las actividades que ejecutan las EPS que son objeto de medidas, como las intervenciones forzosas.

“Parte de nuestra labor es el control que realizamos a las medidas que tomamos. No es solo llegar e intervenir u ordenar una medida, sino que debemos hacerle un estricto seguimiento a cada una de las acciones que se realicen para garantizar la atención de las personas y defender el buen uso de los recursos”, aseguró el superintendente.

Pese a las declaraciones compartidas por el ente de vigilancia y control, hay varias dudas que rodean este proceso de intervención forzosa. De hecho, SEMANA ha conocido denuncias documentadas de proveedores, pacientes y funcionarios de la EPS. Entre otras cosas, aseguran que la intervención ha significado un retroceso para la aseguradora y que los usuarios son los principales perjudicados.

Hay, por ejemplo, una denuncia formal que se presentó después de que la Superintendencia de Salud decidiera revocar el funcionamiento de la EPS en los departamentos de Caldas, Santander y Norte de Santander. Los trabajadores de la entidad han señalado que hizo falta una indemnización y pusieron el caso en conocimiento de la Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Ministerio del Trabajo.

SEMANA conoció el texto de la denuncia, que ya fue radicada ante la Contraloría y la Procuraduría, en la que aseguran que existe “corrupción y daño a los empleados, usuarios y red de prestadores de salud”.