Supersalud reveló que hay aumento del 38 % en las quejas contra las EPS en lo que va de 2022

La Defensoría del Pueblo lideró un evento en el que reveló el comportamiento de las tutelas que instauran los pacientes en Colombia debido a que les están vulnerando el derecho a acceder a servicios de salud dignos.

El evento se denominó La tutela y los derechos a la salud y la seguridad social, y mostró preocupantes cifras sobre los obstáculos que tienen los ciudadanos para obtener autorizaciones, traslados y medicamentos que podrían mejorar su calidad de vida.

La ceremonia contó con la presencia del superintendente nacional de Salud, Ulahí Beltrán, quien presentó algunas cifras que muestran las difíciles condiciones que tienen algunos pacientes. Según los datos que compartió, solo en lo que va de 2022 se ha documentado un incremento del 38 % en la cantidad de quejas gestionadas antes las EPS, que a su vez tienen un seguimiento de fallo de tutela.

Beltrán aprovechó para lanzar fuertes pullas contra las EPS. “La única alianza de la Supersalud es con los usuarios y no con los infractores que impiden el acceso al derecho a la salud de los ciudadanos”, aseguró durante su intervención.

La Defensoría, por su parte, reveló que la cantidad de tutelas por servicios de salud llegó a 109.825 solo entre enero y septiembre de este año, lo cual significa que hubo 12.203 tutelas mensuales. Las cifras son más altas que en 2021, cuando se presentaron 92.499 tutelas.

“Los ciudadanos exigen soluciones. Debemos ser proactivos para generar credibilidad y confianza, y llegarán al aparato judicial los casos que deben llegar, porque vamos a garantizar una respuesta desde nuestra facultad de control a ciertos comportamientos indebidos; se acabó la complacencia con las EPS infractoras”, indicó el superintendente Beltrán después de escuchar la cantidad de tutelas que habían llegado a manos de los jueces.

La discusión sobre las EPS y la reforma a la salud

Los nuevos datos de la Defensoría del Pueblo y la Supersalud compartidos con la opinión pública se dan en el marco de un debate más amplio que tiene en vilo al país: la posibilidad de que haya un revolcón en el sistema de salud.

La propuesta del Gobierno, abanderada por la ministra de Salud Carolina Corcho, apunta a implementar lo que ella ha denominado un modelo de salud preventivo y predictivo, que se enfoque en la atención primaria en salud y tenga un fuerte componente territorial.

Su intención es que el Estado empiece a girarles los recursos directamente a los hospitales públicos, que según ella ha dicho estarían en el centro de la reforma. Uno de los aspectos que más críticas ha causado es, precisamente, que la alta funcionaria ha defendido la desaparición de las EPS del sistema de salud, al menos tal y como funcionan en la actualidad.

Si bien la ministra ha señalado que esto no sería una eliminación definitiva del sistema, algunos expertos en salud pública y miembros de la oposición han defendido el papel que hoy cumplen las EPS, argumentando que no sería lo más adecuado que ese rol sea ocupado en el futuro por el Estado.

Más aún, porque esas empresas han adquirido experiencia en el aseguramiento y la gestión del riesgo de los pacientes afiliados. El Gobierno, sin embargo, insiste en que la mayoría de las EPS no cumplen los indicadores financieros y sanitarios mínimos para operar y por ello se necesita una transformación profunda del sistema.

La discusión, en todo caso, seguirá abierta. Según la ministra Corcho, la propuesta de la reforma a la salud será radicada en el Congreso de la República a finales de febrero del próximo año. Serán los congresistas, entonces, los que tendrán el balón en su cancha para definir el futuro del sistema de salud colombiano.