Sura: riesgo de intervención por parte de la Supersalud sigue latente, pese a solicitud para no operar como EPS; aquí, las razones

Ante la solicitud de EPS Sura al Gobierno nacional, conocida este martes, en el sentido de retirarse voluntariamente del sistema general de salud, después de prestar el servicio por treinta años, son varios los interrogantes que quedan para sus usuarios y otros actores de la salud en el país.

En rueda de prensa, Juana Francisca Llano Cadavid, presidenta de Suramericana, explicó que se trata de una decisión que se evaluó a lo largo de varios meses “con rigor, responsabilidad y transparencia”, y con la que buscó anticiparse “para evitar lo ocurrido con otras EPS”.

La intención, dijo, es “implementar medidas oportunas para un traslado ordenado de nuestros afiliados y gestionar de manera responsable las obligaciones con proveedores y prestadores, como clínicas, IPS y hospitales”.

Llano Cadavid destacó lo que llamó los logros de Sura, a la que están afiliados unos 5,3 millones de usuarios, “representado en indicadores como menores tasas de mortalidad materna, mortalidad infantil, mortalidad durante el covid-19 y un modelo adecuado de gestión de cáncer de mama, entre otros ejemplos”.

La presidenta de la entidad fue enfática en que enfrentó una “desafiante situación” que le fue notificada al Gobierno y el Congreso de la República. “Hemos realizado un gran esfuerzo por continuar en el sistema protegiendo la salud de nuestros afiliados, hemos cambiado nuestra forma de hacer las cosas para ser más eficientes, hemos fortalecido los modelos de atención que promuevan la prevención y el manejo oportuno de la enfermedad, hemos conversado con clínicas y hospitales para buscar soluciones conjuntas a este problema estructural, hemos buscado caminos para mantener un rol en el sistema, inclusive, analizando mecanismos dentro del contexto legal actual y reformas que el Gobierno ha propuesto al país”.

Sin embargo, “el tiempo se agotó y en este momento se deben tomar medidas para evitar un mayor deterioro, que le impida a EPS SURA cumplir con sus obligaciones”, advirtió Llano.

¿Sura podrá ser intervenida?

Lo que muchos actores del sistema de salud se preguntan es si, bajo esta coyuntura, es posible que EPS Sura corra la suerte de otras EPS como Sanitas, Nueva EPS y SOS, que fueron intervenidas este año por la Superintendencia Nacional de Salud, que dejó la prestación de los servicios de cerca de 18 millones de afiliados en manos del Gobierno.

“Lo que buscamos es mantenernos como EPS hasta el día en que el Gobierno nacional nos apruebe el programa de desmonte progresivo”, comentó en rueda de prensa Pablo Otero, gerente de la EPS.

Dicha figura legal permite el retiro de manera ordenada del sistema de salud. Y la solicitud de la entidad consiste, precisamente, en hacer una “transición coordinada y planificada de sus afiliados, que garantice la entrega completa de la información clínica y favorezca la continuidad del tratamiento, según las necesidades de salud de las personas”.

Sin embargo, pese a la propuesta hecha este martes por Sura, Llano explicó que el riesgo de ser intervenida sigue latente: “Sí, hay ese riesgo. EPS Sura no cumple con requisitos de habilitación financiera. Y por lo tanto el Gobierno Nacional podría tomar esa decisión”.

En ese sentido, no hay que olvidar que Sura es la EPS, hasta el momento no intervenida por el Gobierno Nacional, con el más alto endeudamiento. Según la Contraloría General de la República, con corte a octubre de 2023, la obligación ascendía $782.410 millones.

Llano dejó claro que las puertas para seguir conversando con el Gobierno no están cerradas. “Esta es una compañía que siempre está dispuesta a conversar con todos los actores. Lo importante es que realmente nos concentremos en crear y mantener un sistema de salud público sostenible”.

Para la presidenta de Sura, “el país gasta más de lo que el sistema de salud tiene disponible para costearlo (...) Aspectos como el aumento en la longevidad de las personas, el perfil epidemiológico de la población, el uso de nuevas tecnologías para el tratamiento de enfermedades y el aumento en el consumo de salud, demandan más servicios y, por ende, mayor financiación. Además, actualmente existen muchas más coberturas de las que se tenían hace tres años, sin que los recursos asignados mediante la Unidad de Pago por Capitación cubran en su totalidad el costo asociado”.

Además, señaló, “los Presupuestos Máximos establecidos para lo que no está incluido en el Plan de Beneficios en Salud, tampoco son suficientes y agravan la situación, por las deudas acumuladas por este concepto en los últimos años”, señaló.