“Toca ponernos de acuerdo en las soluciones”: el Ministerio de Salud habló en el Congreso sobre la reforma

Durante cerca de cinco horas, en el recinto de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, diferentes actores del sector salud presentaron sus inquietudes sobre uno de los proyectos de ley que más ha generado opiniones, la reforma a la salud. Allí, hacia el final de la audiencia pública, el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, se refirió a lo escuchado. “Estuve tomando atenta nota de las observaciones y cuestionamientos”, comenzó diciendo.

“Con beneplácito encuentro una línea de unos consensos. El principal, que hay un problema público que requiere una solución que caracterice el problema y avance en la solución”, añadió.

Mencionó a línea seguida que ha habido diferentes intentos de reforma en los últimos años. Además, hizo un recuento de lo que ha sucedido en el sistema en materia legislativa, refiriéndose también a la ley estatutaria de salud.

“El gobierno de ese entonces no la quería sancionar, fue la movilización social la que obligó a sancionarla, ese 16 de febrero de 2015. Cumplimos ya ocho años de sancionada. Esta ley es de superior jerarquía que la Ley 100 y a la que se está tramitando. Habría que mirar si después de esa promulgación se ha ido en la dirección de cristalizar esos mandatos, pero tenemos que decir que no, que ha habido unos retrocesos”, afirmó ante los congresistas de la Comisión VII.

En ese sentido, mencionó que hay evidencia y hechos que plantean que se ha cooptado el Gobierno nacional, “se ha cooptado el regulador… se han venido flexibilizando las normas para que las EPS puedan cumplirlos”, argumentó.

“Tenemos evidencia de muchos decretos que han tratado de flexibilizar los indicadores financieros de las entidades promotoras de salud, EPS. Uno de esos decretos está en el Consejo de Estado, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca plantea que el Gobierno cometió un error al sacar el Decreto 718 de 2017, asegurando que una institución particular podría manejar enormes cantidades de recursos para aplicarlos directamente a la prestación de servicios de salud, sin tener la suficiente solvencia financiera”, explicó.

Siguiendo con sus declaraciones, el viceministro se fue refiriendo a situaciones más particulares, como el funcionamiento del sector salud en los municipios.

“Tenemos una débil autoridad sanitaria a nivel territorio… Le preguntamos a un secretario de salud sus funciones y tiene ‘n’ funciones. No tienen suficientes recursos para cumplir con las capacidades, las disminuimos”, enunció.

Asimismo, aseguró que con el paso de los años, las normas han ido presionando a los centros de atención pública.

“Se han hecho un montón de leyes y decretos para acabar con la red pública hospitalaria. Lo primero fue transformarlas en empresas y ponerlas a vender servicios, a competir, pero no hay con quién competir porque en cerca de 800 municipios no tienen con quién competir. No tiene sentido porque son empresas costosas y propensas a la corrupción. Eso también ha venido en detrimento de los trabajadores y todos los hospitales públicos han tenido que entrar en ajustes financieros sacando gente, tercerizando, vulnerando el trabajo digno y decente”, aseveró.

Igualmente, criticó la forma en la que actualmente los pacientes son divididos entre régimen contributivo y subsidiado.

“La segmentación de la población, si se quiere discriminación de la población según la capacidad de pago. No es lo mismo el paciente de Capital Salud que de Asmet Salud, no lo tratan de la misma manera. Aquí hay un problema ético y moral. ¿Dónde queda el derecho fundamental a salud, dónde queda lo que promulga la Constitución del 91? Le entregamos a un particular esa enorme responsabilidad. Eso va obviamente en contra de la universalidad que plantean los Derechos Humanos Fundamentales, no para los afiliados, sino para los residentes del país”, argumentó.

En su intervención también se refirió a una de las críticas a la propuesta que tiene que ver con una posible fragmentación ante de la creación de diferentes entidades regionales y nacionales.

“Algunos de ustedes dijeron que el modelo propone fragmentación. No es ninguna fragmentación, por el contrario, se plantea una territorialización para identificar sus necesidades y tratar de generar unas asociaciones entre municipios para avanzar para que en el corto y mediano plazo haya servicios de atención médica, atención de partos, atención inmediata, eso ya no se tiene”, manifestó.