SAMPER A JUICIO

El artículo 212 de la ley de Inmigración y Nacionalidad establece que un individuo es inelegible para la visa cuando hay razones para creer que de manera consciente ese individuo ha ayudado o ha sido cómplice del tráfico ilegal de narcóticos". Con estas palabras Nicholas Burns, vocero del Departamento de Estado, justificó porqué le habían quitado la visa al presidente Ernesto Samper Pizano. Pero es posible también que detrás de estas palabras se esconda una segunda intención del gobierno de Estados Unidos: dejar sentadas las bases de un procesamiento penal en contra de Samper ante un juez norteamericano. La posibilidad de semejante atrevimiento por parte de Washington hubiera sido descartada de plano por cualquier analista hasta el jueves de la semana pasada. Pero, tras el retiro de la visa del Jefe del Estado colombiano, son muchos los observadores que creen que cualquier cosa puede pasar. Pero aparte de que esta posibilidad no se descarte, ¿qué tan real y viable es? Las primeras claves para responder esa pregunta están en uno de los verbos utilizados por el vocero estadounidense para describir la conducta de Samper, que según Washington merece su censura. Se trata del verbo to Abet, que de acuerdo con el diccionario traduce "alentar, consentir, ayudar, instigar o ser cómplice de un delito". Una fuente del Departamento de Estado en Washington consultada el jueves pasado en la noche por SEMANA señaló que "es correcto interpretar que nuestro gobierno no está hablando solamente de una actitud complaciente o negligente del señor Samper frente a los carteles, sino de algo más grave: de una actitud consciente de complicidad". Al ser interrogado sobre el tipo de complicidad, dijo: "Sistemáticamente, una complicidad que vale seis millones de dólares". Todo lo anterior no serían más que palabras duras. Pero el problema es que fueron expresadas, entre otros altos funcionarios norteamericanos, por el vocero del Departamento de Estado, lo que implicaría que pueden tener consecuencias penales. En Estados Unidos, al igual que en Colombia, así como en la mayoría de Estados de derecho del mundo, los funcionarios públicos están obligados a denunciar penalmente aquellos hechos que, según ellos, constituyen delito. Y por ello el gobierno estadounidense está en estos momentos después de la declaración de Burns el jueves pasado_ dejando abierta la opción de iniciar un juicio contra el presidente Samper en ese país. Una fuente del gabinete le hizo ver a SEMANA, sin embargo, que aun si se aceptara que el primer mandatario ha sido cómplice del narcotráfico, sus actuaciones habrían tenido lugar en Colombia y no en Estados Unidos, y recalcó que el Presidente ya fue juzgado y exonerado por la Cámara de Representantes. Pero la cosa no es tan fácil. Según fuentes de Estados Unidos, la legislación de ese país en materia antidrogas establece que toda aquella persona que presuntamente sea cómplice de los narcotraficantes está sujeta a ser acusada allá, puesto que lo que hacen los narcotraficantes es introducir droga a ese país y quienes los ayudan los están ayudando justamente a cumplir con ese objetivo. El ejemplo que confirma lo anterior es el caso del ex procurador Guillermo Villa Alzate, quien fue incluido en el expediente abierto en el Distrito Sur de la Florida bajo el número 470. La justicia norteamericana lo acusa de obtener información para el cartel de Cali sobre los casos pendientes en ese país. El caso Samper obviamente no tiene nada que ver ni con Villa Alzate ni con Noriega como lo quieren hacer ver los gringos. En la campaña presidencial se recibió dinero del narcotráfico. Sin embargo, ningunas de las personas que participaron en esta operación tenían la menor intención de "alentar, consentir, ayudar, instigar o ser cómplice del narcotráfico". Lo único que se buscaba era un acuerdo político para la entrega de los Rodríguez y el desmantelamiento del cartel de Cali. La anterior es la percepción colombiana pero no la norteamericana. Después de lo ocurrido la semana pasada con la visa al presidente Samper volvió a quedar en el aire la pregunta respecto de si el gobierno de Estados Unidos se atrevería a abrir un proceso criminal contra el Presidente colombiano. En este sentido la justicia estadounidense, que depende de la Casa Blanca, ha empezado a dar señales preocupantes. Al menos así queda planteado en unos cargos que ya están por lo menos sugeridos en una ampliación de causa que la Fiscalía Federal en Miami aportó hace tres semanas al expediente de la Operación Cornerstone (Piedra Angular). En ese proceso las autoridades estadounidenses consolidan acusaciones por asesinato contra Miguel Rodríguez y su hijo Willam Rodríguez Abadía, e involucra a 70 personas más, entre colombianos y norteamericanos, que han recibido dinero del cartel de Cali. La ampliación es una versión gringa del proceso 8.000 y en el fondo es la prueba fehaciente de un cambio de política del gobierno de Estados Unidos, que no se había cansado de repetir que el 8.000 era un problema exclusivo de la justicia colombiana. Ahora la Fiscalía estadounidense no sólo se ha salido de esa línea, sino que ha montado el escenario para comprometer a Samper, ya sea mencionándolo en el juicio que en unos meses se le seguirá a los acusados en Miami o, lo que es mucho más grave, agregando el nombre del mandatario colombiano a la lista de incriminados. Largas discusiones Esto último no será fácil. SEMANA pudo establecer en fuentes del Departamento de Estado norteamericano que antes de que el expediente llegara al Departamento de Justicia, la DEA y el Servicio de Aduanas, las dos dependencias que han manejado la Operación Cornerstone tuvieron largas discusiones sobre la posibilidad de agregar el nombre del Presidente colombiano. El punto que los separaba era el peso de las pruebas. Mientras el Servicio de Aduanas sostenía que había suficientes indicios, la DEA tenía la impresión de que la mayor parte de esas pruebas eran testimonios de oídas, que fueron el gran dolor de cabeza para los fiscales en el largo proceso contra el depuesto general panameño Manuel Antonio Noriega. Desde este punto de vista, incluir el nombre del presidente Samper serviría solo para abochornarlo, y ese parece ser un ejercicio que poco o nada le interesa a la DEA. Además, en Estados Unidos no se pueden hacer juicios en ausencia. A pesar del desacuerdo, el Servicio de Aduanas presentó ante el Departamento de Justicia un borrador de encausamiento en el que Samper era candidato para encabezar la lista de incriminados en la Operación Cornerstone. Ante las dos posiciones antagónicas el Departamento de Justicia optó por una solución intermedia y autorizó a los fiscales para que contaran el milagro pero no el santo. Así, mencionaron en el expediente que el cartel de Cali abrió una cuenta a nombre de Export Café Ltda. "que fue usada para ser pagos secretos por seis millones de dólares a los fondos de una campaña política colombiana en 1994". Los que saben cómo se mueve la justicia norteamericana tienen en claro que esa frase está ahí con algún propósito. Contrario a lo que ocurrió en el juicio contra el general Noriega, si el gobierno de Estados Unidos decide encausar al presidente Samper los fiscales estarán mucho más armados porque en esta oportunidad, como lo señaló un funcionario del Departamento de Estado, no será necesario buscar testigos como una aguja en un pajar. La justicia norteamericana tiene en su poder los testimonios y documentos que entregó Guillermo Pallomari, el ex contador del cartel de Cali, cuando se entregó a la DEA hace casi un año. Hoy por hoy Pallomari es considerado en Estados Unidos como el hombre más importante del programa de protección de testigos. Y esta calificación la logró con las pruebas que entregó sobre la financiación de la campaña samperista por parte del cartel de Cali. En fuentes norteamericanas SEMANA estableció que el lunes pasado Pallomari fue trasladado desde el estado de Nebraska a Miami para declarar en el proceso Cornerstone. Allí entregó nueva información sobre la financiación de la campaña liberal. Pero el ex contador del cartel de Cali no es el único testigo con el que cuentan los fiscales estadounidenses. Hace ocho meses Jorge Salcedo, ex piloto al servicio del cartel de Cali, también se entregó a la DEA. Lo que pudo establecer SEMANA en fuentes del Departamento de Estado fue que las pruebas aportadas por Salcedo comprometen por lo menos a siete generales del Ejército, quienes perderán su visa en los próximos días. Por cuenta de los testimonios de Pallomari y Salcedo unos 20 políticos colombianos también serán sancionados con la cancelación de su visa por la administración Clinton. El tercer testigo con el que cuenta Estados Unidos en caso de que decida encausar a Samper es Harold Ackerman, conocido como 'El Embajador', quien no tenía nexos probados con el cartel pero que ha demostrado saber tanto o más que Pallomari. No es seguro que Estados Unidos tome la decisión de encausar penalmente al presidente Samper en un juicio de estas dimensiones porque no quiere que los ojos del mundo lo miren como una aplanadora que arrasa todo lo que encuentra en su camino. Pero lo que sí es cierto es que tienen el caso preparado por si algún día deciden hacerlo.