Alta tensión en el sector eléctrico

Cada vez que aparece el fenómeno de El Niño y con él la sequía que reduce el nivel de los embalses, Colombia pone a prueba el sistema eléctrico nacional. Por fortuna, este ha podido responder para evitar que se repita el aciago episodio del racionamiento que vivió el país en 1992. Ello ha sido posible gracias a que, al disminuir las lluvias que mueven las centrales hidroeléctricas, el parque de generación térmica ha entrado en acción para atender de manera confiable y oportuna la demanda del país.

Sin embargo, el actual fenómeno climático, considerado el peor en 60 años por su intensidad y duración, está dejando al descubierto una crítica realidad que buena parte de la opinión pública desconocía: está en riesgo el blindaje que el parque térmico ha representado para el país en materia de generación de energía eléctrica.

El problema tiene varias aristas, pero, sin duda, el hecho más alarmante es la complicada situación financiera por la que atraviesan esas termoeléctricas, principalmente las que trabajan con combustibles líquidos como el diésel. Para algunas de ellas, la situación de caja es tan crítica que están a punto de reventar, e incluso están perdiendo la confianza de la banca, lo que podría agravarles su iliquidez. Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), estima que en el último mes han incurrido en pérdidas cercanas a los 250.000 millones de pesos.

La causa de esta compleja situación financiera se explica en un tema técnico a cargo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Para comenzar a entender el asunto hay que recordar que en Colombia, cuando la situación climática es normal, las hidroeléctricas aportan aproximadamente el 80 por ciento de la energía firme del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y las termoeléctricas el 20 por ciento restante. Sin embargo, en momentos de fenómeno de El Niño, como hoy, la ecuación pasa a ser un 52 por ciento de las hidroeléctricas y un 48 por ciento de las térmicas.

Estas últimas operan a base de carbón, gas y de combustibles líquidos. Las primeras, que representan más o menos el 10 por ciento, no tienen problemas realmente. El asunto se complica con las segundas, es decir, las que trabajan con gas y combustibles líquidos.

Ante las dificultades para conseguir gas (la prioridad en el país es abastecer los sectores residencial, vehicular e industrial y por último las plantas térmicas), desde hace varios años el combustible líquido se ha convertido en la única opción para la mayoría de ellas. Esta alternativa es muy costosa –sobre todo en periodos largos– y las tiene al borde de la quiebra.

El precio al que las térmicas pueden vender su energía, cuando llega la sequía, está determinado por una fórmula de la Creg conocida como ‘precio de escasez’. Ese valor techo está hoy en 302 pesos el kilovatio hora, pero, según las empresas generadoras, el costo de producirlo está entre 450 y 600 pesos. Es decir, trabajan a pérdida.

El problema, dicen, es que la Creg usa como referencia para la fórmula un combustible que en el argot del sector se denomina ‘combustóleo’, más barato, cuando la mayoría de las plantas utiliza diésel, mucho más costoso. Es decir, las reglas del juego están desfasadas frente a la realidad. Ahora bien, aunque el precio del petróleo ha bajado en el mundo, las térmicas sostienen que cuando importan el combustible que requieren deben pagar impuestos, márgenes y una serie de contribuciones que el ente regulador no tiene en cuenta.

Cabe anotar que las térmicas tienen un ingreso muy importante y jugoso que se conoce como ‘Cargo por Confiabilidad’, una especie de seguro que les paga el país para que garanticen la energía en el momento en que llega la sequía, como sucede hoy.

En este punto hay una gran controversia dentro del sector. María Luisa Chiappe, presidenta del gremio de grandes consumidores de energía (Asoenergía), es muy crítica al respecto. “En los últimos cinco años todos los consumidores, residenciales y comerciales, hemos pagado de Cargo por Confiabilidad 4.800 millones de dólares, de los cuales 600 millones han llegado directamente a las plantas que funcionan con combustibles líquidos. Por ello, lo mínimo que esperamos es que cumplan el compromiso de garantizar la oferta de energía en circunstancias como las actuales”, dice.

Por su parte, su colega en Andeg señala que si bien desde 2010 han recibido por el esquema de Cargo por Confiablidad 2,6 billones de pesos, al ritmo que están trabajando las térmicas, en seis meses, tiempo que se cree durará el actual fenómeno de El Niño, habrán perdido 2,1 billones de pesos. “El Cargo por Confiablidad es un insumo fundamental para las generadoras, debido a que permite suplir los costos fijos de una planta, tales como la nómina, los mantenimientos, las inversiones, entre otros”, señala.

El sector está pidiendo a gritos una solución antes de que sea demasiado tarde. El ministro de Minas, Tomás González, le dijo a SEMANA que están trabajando arduamente con las térmicas porque reconoce que la situación financiera de ellas es muy delicada. Aunque aún no plantea cuál podría ser la solución, admite que en este momento la energía que suministran es vital, ante la severidad de El Niño.

En medio de este debate, también surgen las quejas de los grandes consumidores, a través de Asoenergía, por el costo de la electricidad en Colombia. En esto hay tanto de ancho como de largo. Un estudio comparativo de precios, realizado por el Centro de Estudios en Economía Sistémica (Ecsim) y contratado por varios gremios del sector generador, concluyó que los precios medios a los consumidores finales se comparan favorablemente con los de los países europeos, con y sin impuestos. Es decir, no son los más baratos, pero tampoco los más caros.

Algunos temen que modificar la fórmula del precio de escasez para ayudarle a las térmicas podría disparar el precio a los consumidores finales. Iván Duque, el senador del Centro Democrático que viene siguiendo el tema, afirma que en “aras de salvar de la quiebra a varios generadores, se quiere presionar a las autoridades para liberarlos de sus obligaciones de energía en firme. Si se libera a los térmicos de esta obligación, los precios de energía se dispararán y los usuarios pagarán la cuenta de un seguro que no funcionó”.

Sin embargo, algunos analistas afirman que esto ocurrirá solo para quienes tienen que ir a bolsa a comprar energía, que no son la mayoría. El mercado funciona con visión de largo plazo. Es decir, los distribuidores ya han comprado a cinco y diez años. Actualmente, la demanda de energía que está cubierta es del 85 por ciento, lo que significa que quienes ya negociaron contratos los tienen en un nivel por debajo del actual precio de escasez.

La verdad es que la actual situación de las térmicas debe ser un campanazo de alerta para el gobierno. Con corte a 21 de octubre, el nivel de los embalses estaba en 63,57 por ciento y teóricamente el país está en la época lluviosa, cuando más aporte debería recibir el sistema hídrico. Sin embargo, ha caído muy poca agua y vienen los meses más secos de comienzos de año. Como quien dice, las térmicas tendrán que trabajar a capacidad total para que el país no se afecte. Pero esas plantas fueron diseñadas para operar en periodos cortos, y producir con combustibles es ineficiente y un claro retroceso.

Pero, más allá de atender la coyuntura, el país también tiene que pensar en una verdadera política energética, lo que incluye de manera especial resolver temas críticos como el gas. Expertos del sector sostienen que Colombia está viviendo de los éxitos de la regulación del pasado, y que las políticas en la materia, de los últimos años, no han respondido a los desafíos actuales. Si algo está en la médula de la economía es el factor energético, porque determina la competitividad.

Por ahora, para resolver el problema puntual de las térmicas, el gobierno no la tiene fácil. Es como buscar la cuadratura del círculo. Lograr que no se quiebren las térmicas, pero que tampoco se afecten los consumidores con tarifas más elevadas.