Riesgo moral: Socializar las pérdidas e individualizar las ganancias.

Cuando pertenecí al equipo económico del presidente López Michelsen, escuché al ministro de Hacienda de entonces, Rodrigo Botero, afirmar que el país no podía seguir permitiendo que se socializaran las pérdidas mientras se individualizaban las ganancias. Esa sentencia viene como anillo al dedo para la pretensión del Gobierno Duque de acordar un pago con recursos públicos de $1,2 billones a los bancos que le extendieron créditos a la Concesionaria Ruta del Sol 2, denunciada por María Jimena Duzán.

A lo largo de las últimas décadas, el sector financiero ha logrado precisamente eso. En la crisis financiera de 1998, el rescate del sector bancario ascendió a unos 12 billones de pesos financiados con el impuesto a las transacciones financieras. La causa de esa crisis se remonta a decisiones de la Junta del Banco de la República que trasladaron el riesgo de los préstamos hipotecarios de las corporaciones de ahorro y vivienda a los deudores, perdiendo aquellas el incentivo a ser prudentes en el examen de la capacidad de pago de los solicitantes de préstamos.

Un alza desmesurada de las tasas de interés hizo que las obligaciones de los deudores del Upac se dispararan y más de trescientos mil de ellos perdieron sus viviendas, a pesar de algunas medidas de alivio exigidas por la Corte Constitucional. La crisis se extendió y varias otras entidades de crédito fueron intervenidas, entre ellas el Banco Central Hipotecario, en el que el Gobierno había invertido una parte importante de las reservas técnicas de las pensiones del Instituto de los Seguros Sociales.

La banca privada fue salvada de su propia imprudencia con recursos de todos los colombianos. Como en ocasiones anteriores y posteriores, se cumplió la sentencia de socializar las pérdidas e individualizar las ganancias.

Ahora el escenario es distinto pero el riesgo moral es el mismo. Cuando un banco presta dinero para el cierre financiero de un proyecto, debe correr con los riesgos que además se incorporan a la tasa de interés que es variable según el nivel de riesgo que asume el banco. Pues en el caso de la Ruta del Sol 2 se materializó el riesgo. Cuando lo percibieron inminente, corrieron al Gobierno y al Congreso para pasar una ley que trasladara con retroactividad, el riesgo a otro bolsillo, al de los contribuyentes.

Se aprobó así el artículo 20 de la Ley 1882 de 2017 que garantiza a los bancos, como supuestos “terceros de buena fe”, el reembolso de sus créditos, cualquiera sea el destino de la concesión u obra. Con este aval gubernamental retroactivo y gratuito, se contribuyó a desinstitucionalizar el sistema financiero y la supervisión bancaria.

Nuevamente, una decisión estatal trasladó, cuando se avecinaba la tormenta, el riesgo de su legítimo responsable que es el banco, a los contribuyentes, con el agravante que en este caso se admitieron autopréstamos, parecidos a los que fueron proscritos después de la crisis bancaria de 1982.

El país debe adquirir conciencia. Todos se escudan en la ley, pero entre más alta sea la concentración de poder económico, mayor será la concentración del poder político, que lleva a que se tomen decisiones y se confeccionen normas a la medida de la socialización de las pérdidas y la individualización de las ganancias.

Por esos mismos riesgos morales promovidos ante las autoridades de los distintos países por sus beneficiarios, se presentó la gran crisis financiera mundial de 2008, de la cual hasta ahora empiezan a recuperarse economías y poblaciones enteras, que perdieron literalmente hasta la camisa, mientras los banqueros rescatados por monumentales intervenciones estatales recibieron bonos adicionales a sus sueldos exorbitantes.

El sector financiero en Colombia y el mundo entero debe recuperar la virtud de la prudencia. El Estado en su conjunto debe reexpedir esas regulaciones prudenciales que exigían, además de solidez financiera, una adecuada gestión del riesgo para que los bancos asuman sus responsabilidades y no las descarguen sobre la sociedad entera cuando sus cálculos de negocio no se cumplen. Con utilidades acumuladas a abril de $4,4 billones, el sector bancario debe responder y tiene con qué.