Así es la guerra contra la minería ilegal en Chocó

En la edición de este martes de ‘Al Ataque‘, Salud Hernández-Mora estuvo en una operación contra la minería ilegal en el río Quito, en el departamento del Chocó, liderada por el Ejército Nacional.

El río Quito es uno de los afluentes del río Atrato. Una sentencia de la Corte Constitucional de 2016 declaró al Atrato y sus afluentes como sujetos de derechos con el propósito de evitar que las actividades contaminantes, como la minería ilegal, lo sigan destruyendo.

En el operativo, realizado el pasado 13 de julio, las autoridades destruyeron cinco ‘dragones’ de oro y una retroexcravadora.

Los llamados ‘dragones’ son unas estructuras de madera y metal que se encuentran sobre el río. Parecen un monumento a la chatarra y son terriblemente destructivas. En estas estructuras, los mineros sacan arena del fondo del río para extraer el oro.

Según las autoridades, la mayoría pertenecen a ciudadanos brasileños expertos en extraer oro sin el mínimo cuidado por el entorno. La Fiscalía General de la Nación tiene judicializados a 48 ciudadanos de ese país por estos hechos.

De acuerdo con información del Ejército, en operativos realizados desde 2017 se han destruido 25 dragones, 44 dragas y 52 retroexcavadoras.   

David Pabón, comandante de la Brigada contra la minería ilegal del Ejército, afirmó que el fenómeno de la minería ilegal afecta a 150.000 personas en esta zona del país.

"En estas operaciones participamos autoridades de Policía, Armada Nacional, Ejército, CTI y corporaciones autónomas, todos de la mano para luchar por la protección del medioambiente. El fenómeno de la extracción ilícita de yacimientos mineros en el área del Chocó afecta a 150.000 personas”, dijo.

Y agregó: “Para nosotros, la minería no es mala. La minería es un factor de progreso para todo el país. Nuestra intención por medio de las operaciones es lograr un cambio de mentalidad, lograr ofrecerles a las comunidades las ventajas de pasarse de la ilegalidad a la formalidad”.

Richard Moreno, procurador de asuntos étnicos del Chocó, alertó sobre la difícil situación que se vive en el departamento con esa actividad ilegal.

"Estamos en una situación muy compleja. La sentencia generó un nivel de esperanza muy importante para las comunidades que están a la orilla del río Atrato. La Corte dio unas órdenes integrales, pero cogió a las autoridades sin la estructura necesaria, sin los recursos necesarios”, dijo Moreno, quien señaló que actualmente hay una sensación de frustración.

"Aunque se han diseñado muchos planes, aunque existe un comité de seguimiento integrado por la Contraloría y la Procuraduría, que hacen seguimiento a esta sentencia, aunque se ha conformado un panel de expertos, tengo que decir que hay frustración por parte de las comunidades”, sostuvo.

De acuerdo con el funcionario, la minería ilegal en la cuenca del río Atrato, específicamente en el río Quito, “no ha bajado su dimensión por la sentencia. Si alguna disminución ha tenido ha sido porque el nivel de consecución de oro ya no es el mismo que se tenía anteriormente”.

Moreno señaló que son importantes los operativos del Ejército. No obstante, señaló que en ocasiones, “una vez se acaba, parte de la maquinaria, según lo que nos cuentan las comunidades, los dueños las sacan del río y las ponen nuevamente a producir. A veces cuando llega el Ejército ya las maquinaria están vacías, se sacaron los equipos de mayor valor y queman la mera figura”.

El funcionario afirmó que es clave que se ejerza un mayor control para impedir que estas maquinarias lleguen a la zona.

"Esas máquinas no son invisibles. Hay una sola vía. ¿En  qué parte se está haciendo control para que esa maquinaria no entre? Hay que cambiar el método, el mecanismo para ejercer un mejor control”, subrayó.