Corte Constitucional da tres días al gobierno para que informe qué medidas adoptó para proteger a los presos del coronavirus

En momentos en que aún se espera una respuesta de parte del gobierno nacional que indique la forma en la que se protegerá a la población carcelaria del contagio del coronavirus covid-19, la Corte Constitucional emitió un primer auto que da un ultimátum al Ejecutivo para que informe, en un plazo no mayor a tres días, las medidas que ha adoptado para contener el riesgo de que los miles de presos en el país sean infectados con este virus. Particularmente, resalta el alto tribunal, por cuenta del hacinamiento carcelario del que ya viene alertando años atrás.

En tal sentido, la primera decisión de la Corte apunta a que el gobierno informe qué se está haciendo para detectar oportunamente el covid-19 en las cárceles del país; cómo se está protegiendo, en términos sanitarios, a los privados de la libertad así como a los guardias de seguridad; además, pidió detallar cómo se están manejando y tratando los casos de infectados con covid-19 (si los hay) y; finalmente, cómo están respondiendo ante un eventual desabastecimiento de alimentos y suministro de agua en los centros carcelarios y penitenciarios en todo el país.

Dichas medidas, aclara el tribunal, deben ser establecidas no solo en el corto plazo para responder a una pandemia global que ha dejado más de 30 mil personas muertas sino que, deben ser enfocadas hacia el largo plazo pues el hacinamiento en las cárceles del país, resalta la Corte, derivó en la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional en 2013. Lo anterior, “tras corroborar que había una violación masiva y sistemática de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”, resalta el auto firmado por la Corte este mismo martes.  

Y es que los argumentos aportados en dicha decisión, la cual será enviada a través de correo electrónico al Ejecutivo, se ha corroborado que en las cárceles del país hay una precaria situación de la prestación de servicio de salud y deficientes condiciones de salubridad e higiene. Por ello, el plazo impartido para responder a estas medidas no solo llegó al Ministerio de Justicia, sino también a la propia Fiscalía General de la Nación, así como al Inpec y otras entidades a cargo de responder por la población privada de la libertad en Colombia.

En el mismo sentido, pidió a las autoridades realizar, también en un plazo de tres días, una caracterización de la población vulnerable al contagio del covid-10- Es decir, adultos mayores, pacientes con VIH, diabetes, enfermedades respiratorias, mujeres embarazadas “u otras condiciones de salud relevantes. Finalmente, ordenó informar el presupuesto asignado para atender la emergencia sanitaria y le pidió a la Procuraduría entregar de manera detallada cómo le está haciendo seguimiento al cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas por el gobierno nacional.