Misión Galicia: hallazgos sobre presunta red de tráfico de armas en Ejército

La investigación por tráfico de armas, que reveló el programa ‘El Poder‘, hoy reposa en la Fiscalía de Medellín. Esta investigación habría iniciado por un seguimiento que se le hizo a presuntos delincuentes y cabecillas del narcotráfico. Ello llevó a encontrar que estas personas estarían consiguiendo armas con permisos legales que venían del Ejército.

Posteriormente, la Fiscalía pidió apoyo al Ejército para investigar, y encontró que el Batallón de Contrainteligencia N.º 7 ya venía haciendo seguimientos e inteligencia interna para investigar este tema desde el año 2016. Contrainteligencia Militar apoyó a la Fiscalía y en mayo de 2019 le entregó un informe con los resultados de lo que llevaba investigado.

Y en los anexos del informe se encuentra una presentación que resume los hallazgos encontrados en cuanto a presunto tráfico de armas e irregularidades en el otorgamiento de permisos especiales para porte de armas. Se titula Misión Galicia y estos fueron algunos de los hallazgos que encontraron y las conclusiones:

«Desde el 07 de abril de 2016 se han recibido varias informaciones sobre la posible existencia de una red criminal al interior del Ejército Nacional, encargada de otorgar permisos de porte de armas de fuego y permisos especiales a particulares sin cumplimiento de requisitos legales, principalmente a integrantes de grupos armados ilegales, según las fuentes que aportan la información, la red funciona desde el Departamento de Control Comercio de Armas (DCCA) ubicado en la ciudad de Bogotá, algunas Seccionales de Control Comercio de Armas, algunos funcionarios de la Cuarta Brigada y algunos particulares encargados de contaminar y pagar los sobornos a los funcionarios».

También se establecieron cuadros de contactos, que es como la red de todos las personas que presuntamente participarían de este delito”.

De tal forma que todo este entramado presuntamente delictivo no involucraría solamente a la cuarta Brigada de Medellín, sino también al Departamento Control Comercio de armas y a algunas de sus seccionales en Bogotá. Además, en toda esta investigación adelantada entre el Batallón de Contrainteligencia N.º 7 y la Fiscalía de Medellín. También figuraban los listados de los permisos especiales para el porte de armas que otorgó la Cuarta Brigada en los años 2016, 2017 y 2018.

Se encontró que:

En 2016 fueron entregados 330 permisos especiales.

En 2017 fueron entregados 299 permisos especiales.

En 2018 fueron entregados 280 permisos especiales.

Facsímil de los archivos de la investigación de Fiscalía con apoyo de Contrainteligencia Militar.

Pero lo grave del hallazgo es que, entre quienes recibieron esos permisos y posiblemente compraron armas, figuraban personas con antecedentes por estar indiciados en la comisión de algún delito como hurto calificado, estafa u homicidio. E incluso personas que les figuraban antecedentes por delitos considerados de lesa humanidad: como desaparición forzada y desplazamiento forzado.

Facsímiles de los archivos de la investigación de Fiscalía con apoyo de Contrainteligencia Militar.

Y acá debe recordarse que el general Jorge Horacio Romero, quien fue comandante de la Cuarta Brigada entre 2015 y 2017, y dos años después fue capturado por presunta corrupción e irregularidades en la venta de permisos especiales para el porte de armas, para el año 2018 ya no estaba en la Brigada.

Y además de estas irregularidades, el informe de Contrainteligencia también registra otras no menos graves: la Cuarta Brigada llevaría un registro manual de los permisos que ha otorgado, en cuadernos, y en ellos se encontró lo siguiente:

Y, finalmente, en el informe de Contrainteligencia Militar hay un anexo que se titula “Misión Galicia” y en él, el servicio de Contrainteligencia del Ejército concluyó:

Y si tenemos en cuenta que este informe se entregó a la Fiscalía en mayo de 2019, la más importante de todas las conclusiones es: esta actividad ilícita se sigue presentando.

Estos permisos se concedieron en la Cuarta Brigada, pero en algunos casos en los que posiblemente se incluiría la venta del arma, debe anotarse que, la única entidad del país encargada de controlar y autorizar la venta de armas, municiones, explosivos es el Departamento Control Comercio de Armas (DCCA), que estaba a cargo del coronel Gilberto Morales Quintero al momento que se inició esta investigación.

Finalmente, en las investigaciones que adelantó la Fiscalía por su lado, también figuraba un listado de 26 cabecillas de La Oficina, conocida antes como la Oficina de Envigado, que habrían obtenido permiso para porte de armas. Uno, incluso, figuraba con permiso desde 1997, otros lo tenían desde antes de 2009.

A delincuentes como el famoso Maximiliano Bonilla alias Valenciano, quien fue capturado en 2011, o Tyson, de los Mondongueros, quien fue capturado en 2012, al parecer les figuraba permiso para porte de armas. Los permisos los habrían obtenido antes de su captura, lo cual indicaría que, presuntamente, el negocio del tráfico de armas o de venta de permisos para el porte de armas, no sería un asunto nuevo sino de vieja data, e involucraría a mucha gente más y no solo al capturado excomandante de la Cuarta Brigada, general Jorge Horacio Romero.