Otros delitos de presunta red de tráfico de armas que involucraría al Ejército

La Fiscalía de Medellín y Contrainteligencia Militar estarían investigando sobre una presunta red tráfico de armas y de irregularidades en la obtención de permisos especiales para el porte, que involucraría a sectores del Ejército tanto en Bogotá como en Medellín. La investigación se soporta con documentos oficiales e incluso incluye audios de interceptaciones a presuntos militares en los que se podría evidenciar cómo esta red pareciera estar negociando armas como comprando dulces en un supermercado. Armas cuyo destino posiblemente serían los grupos del crimen organizado.

En los audios, que pueden escucharse en la primera parte de este reportaje hecho por ‘El Poder‘, también se refleja cómo sería esta venta masiva de armas y cómo estarían yendo a parar a ciudades como Medellín, Cali y Bogotá. Así mismo, en la investigación puede verse que la presunta cadena delictiva de tráfico, al parecer, involucraría a la Cuarta Brigada de Medellín. No obstante, el informe del Batallón de Contrainteligencia Militar N.º 7 concluye que esta red implicaría principalmente al Departamento Control Comercio de Armas en Bogotá.

Anexos del informe de Contrainteligencia Militar.

Pero en todo este entramado de un presunto tráfico de armas que pareciera haber sido gestado tanto en Medellín como en Bogotá, de acuerdo con el informe de Contrainteligencia Militar, también hay un homicidio que posiblemente implicaría la participación de militares e integrantes del crimen organizado. Historia que se narra en la segunda parte de esta investigación que hizo ‘El Poder‘.

El 16 de marzo de 2016 fue asesinado un joven que administraba una escuela de tiro ubicada en el municipio de Guarne, cercano al aeropuerto de Rionegro, la cual pertenecía a su padre, un coronel retirado. Y de acuerdo con el testimonio de este sobre el asesinato de su hijo, en el informe de Contrainteligencia del Ejército se lee que el coronel manifestó: “Es un negocio muy rentable y por eso muchas personas estaban detrás de él, inclusive oficiales activos y retirados, por lo que no descarta que algunas personas interesadas en la Escuela hayan mandado a asesinar a su hijo para quedarse con este negocio”.

La noche antes de su asesinato, y según estableció el informe de Contrainteligencia, el joven habría estado tomándose unos tragos en Medellín, al parecer con el mayor Alexánder Cardona Gutiérrez, quien, cabe recordar, para entonces era el jefe de la Seccional de Control Comercio de Armas N.° 16 ubicada en Usaquén de Bogotá y estaría presuntamente involucrado en esta red de tráfico de armas y permisos, tal como se narra en Presunta red de tráfico de armas involucraría sectores del Ejército, la primera parte de esta investigación de ‘El Poder‘.

Y junto al mayor Cardona y al joven asesinado, esa noche también habría estado presente un exsoldado profesional que habría sido retirado de las Fuerzas Militares por acciones delictivas y luego fue sindicado de estar frente a la banda Los Pamplona que opera en Rionegro: Ubaldo Pamplona Suaza, alias “Pamplona”. Así mismo, el informe de Contrainteligencia narra que el mayor Cardona y Pamplona ya se conocían de tiempo atrás porque ambos estuvieron involucrados en un proceso que se les abrió en 2004 por secuestro y homicidio en persona protegida, cuando ambos eran parte del Ejército en el Grupo de Caballería Mecanizado N.° 4 Juan del Corral. Investigación que se les cerró por no encontrar elementos probatorios que los vincularan.

Posteriormente, el 5 de mayo de 2016, el padre del joven asesinado rindió declaración en Fiscalía y en ella manifestó que recibió una llamada de un presunto exmilitar que le informó que él sabía algo de la muerte de su hijo y que eso podría estar relacionado con una nueva escuela de tiro ubicada frente a la Cuarta Brigada, y que eso era de gente muy poderosa, supuestamente de oficiales superiores, y que desde allí se podría haber orquestado el homicidio de su hijo; que lo mejor era que dejara las cosas así, para que se evitara problemas”.

Facsímil informe de Contrainteligencia Militar.

Y, efectivamente, frente a la sede militar hay una tienda deportiva llamada Viejo Oeste, cuya matrícula existe desde 2015 y cuyo objeto social es principalmente el comercio, como reseña su Cámara de Comercio. Pero este local recibió una “licencia para funcionamiento como polígono de armas cortas” el 6 de mayo de 2016, un mes y 20 días después del asesinato del joven, y un día después de que el padre rindiera declaración.

Licencia para funcionamiento como polígono.

Con la obtención de esta licencia, y según las fuentes judiciales consultadas, el Viejo Oeste se habría convertido en el único polígono autorizado en Medellín para expedir certificados de idoneidad para el manejo de armas, requisito necesario para obtener el “permiso especial para el porte de arma”. Esta licencia, al parecer, ya la poseía la escuela de tiro que administraba el joven asesinado y que está ubicada en el municipio de Guarne. Y según se lee en la investigación que hoy está en la Fiscalía de Medellín, y que tiene información de apoyo del batallón de Contrainteligencia N.° 7 del Ejército, “los propietarios del Viejo Oeste le habían ofrecido comprar la academia, pero él no aceptó.

Facsímil de los archivos de la investigación de Fiscalía con apoyo de Contrainteligencia Militar.

La licencia para funcionamiento como polígono que recibió el Viejo Oeste la firmó el coronel Gilberto Morales Quintero, quien entonces era el jefe del Departamento Control Comercio de armas, municiones y explosivos a nivel nacional. Y acá debe anotarse que, tres años después, en octubre de 2019, la Fiscalía solicitó medidas cautelares sobre el Viejo Oeste porque presuntamente estaría recibiendo sobornos y tramitando armas para integrantes del grupo delincuencial La Oficina, anteriormente llamado La Oficina de Envigado, el grupo de crimen organizado más antiguo de Medellín.

Entre los socios del Viejo Oeste figurarían un jugador del Medellín y otro civil, quien al parecer también tendría otra tienda de polígonos en Bogotá. Según publicaron entonces algunos medios de comunicación y como se puede ver en apartes del informe de Contrainteligencia Militar, ambos tendrían armas expedidas a su nombre, con salvoconductos en regla expedidos por el Ejército, al parecer en calidad de “coleccionistas”: al jugador del Medellín le figuraban 16 armas, y al civil, 42.

Estas medidas cautelares sobre el Viejo Oeste se dieron en octubre de 2019. Pero en el informe hecho por el batallón de Contrainteligencia N.º 7, investigación que inició desde 2016 y de la cual entregó resultados a la Fiscalía de Medellín en mayo de 2019, ya figuraba esta presunta relación del Viejo Oeste con los grupos ilegales de Medellín. Y, aunque no es prueba judicial para la Fiscalía, hay que aclararlo, ya vinculaba al coronel Gilberto Morales Quintero, quien habría firmado la licencia de funcionamiento como polígono de armas del Viejo Oeste, y era el jefe del Departamento Control Comercio de armas, municiones y explosivos a nivel nacional. En una presentación anexa al informe de Contrainteligencia del Ejército, y que llaman “Misión Galicia”, en la red que establecen de seguimiento del presunto delito, también establecen un posible vinculo del coronel Gilberto Morales Quintero con La Oficina.

Y, finalmente, en lo que respecta a toda esta investigación de Contrainteligencia Militar, en los apartes del informe también figura que tanto el mayor Cardona como el coronel Gilberto Morales Quintero no pasaron la prueba del polígrafo. Además, el mayor figura con la etiqueta de “retirado”, mientras que el coronel Morales figura con la etiqueta de “activo” en las Fuerzas Militares.