“Actividades de inteligencia no requieren autorización judicial”: MinDefensa

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, respondió en su totalidad el cuestionario que le hicieron varios senadores de la Comisión Segunda del Senado para adelantar este miércoles el debate de control político por el espionaje militar que fue revelado por SEMANA.

El objetivo de adelantar esta sesión es poder intentar establecer responsabilidades sobre el perfilamiento que se venía adelantando en contra de periodistas, políticos, sindicalistas e integrantes de ONG.

En las respuestas que envió el ministro de Defensa hay varias que seguramente generarán polémica. Por ejemplo, cuando se le pide aclarar si las actividades de inteligencia y contrainteligencia requieren autorización judicial previa. Holmes Trujillo respondió que estas actividades no “requieren autorización judicial previa porque no se trata de una función cuya órbita de competencia corresponda autoridades de policía judicial que adelantan investigaciones dentro del proceso judicial”.

Por eso en otra pregunta que se le formuló, el ministro aclaró en qué consisten las actividades de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas: “es aquella que desarrollan los organismos especializados del estado del orden nacional utilizando medios humanos técnicos para la recolección procesamiento y análisis y difusión de información con el objetivo de proteger los derechos humanos de prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa Nacional, y cumplir los demás fines enunciados en esta ley”.

Justamente aquí habrá una polémica durante el debate porque hay senadores que leyeron esta respuesta y le preguntarán nuevamente al ministro si el espionaje militar se adelantó por considerar que alguno de los objetivos era “una amenaza interna”.

No obstante, Holmes Trujillo aclara en sus respuestas que por ley, la inteligencia no debe ser mal utilizada. “En ningún caso la información de inteligencia y contrainteligencia puede ser llevada a cabo por razones de opinión política, pertenencia a una organización social o afectar los derechos y garantías de los de partidos políticos de oposición. Y por supuesto el marco legal prohíbe que se realicen actividades de inteligencia por el ejercicio legítimo de actividades y profesiones protegidas por el marco jurídico vigente.

En otra de las respuestas expresa detalladamente quiénes están autorizados en las Fuerzas Armadas para adelantar estas tareas y por eso cuenta detalladamente que en la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada hay una jefatura de inteligencia y contrainteligencia que se encarga de definir los procedimientos y prioridades en esa materia.

Otro punto importante en las respuestas del ministro es que precisa a quiénes se les entregan los informes de inteligencia y por eso “el presidente de la República; los miembros del Consejo de Seguridad, el secretario general de la Presidencia , los ministros y viceministros” conocerán dichos textos.

Pero tal vez la pregunta que más espera una respuesta es la de cómo se define un perfilamiento y para qué se adelanta, ante lo que Holmes Trujillo respondió que “la función de inteligencia y contrainteligencia, tal como lo ordena la ley, consiste en las actividades de recolección, proceso, análisis, difusión de información, utilizando medios humanos o técnicos con el objetivo de proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional".

Sin embargo el ministro de Defensa aclara que las interceptaciones de comunicaciones privadas telefónicas son una actividad de las autoridades con funciones de policía judicial y que los órganos de inteligencia no adelantan labores de investigaciones dentro de un proceso judicial.

Como en todo este escándalo de ‘chuzadas’ que reveló SEMANA salió a flote el nombre del general en retiro Nicasio de Jesús Martínez, quien fue comandante del Ejército cuando estalló este tema, los congresistas le preguntaron al ministro si el alto oficial entregó información de estos hechos. “El Ministerio de Defensa Nacional no tuvo conocimiento de ninguna actividad ilegal como la relacionada en la pregunta. Si el Ministerio hubiera tenido conocimiento de cualquier actividad presuntamente ilegal, de manera inmediata se hubiera denunciado y puesto en conocimiento ante las autoridades competentes”, respondió el ministro.

Holmes Trujillo también respondió que su cartera nunca tuvo conocimiento de múltiples carpetas con información correspondiente a periodistas y otras personalidades. “En relación con las publicaciones efectuadas en la revista SEMANA, a la fecha, la Fiscalía General de la nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República se encuentran, según sus competencias constitucionales, adelantando las acciones pertinentes”.

El ministro explica en sus respuestas que desde diciembre de 2019 se ordenó una auditoría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia de los últimos 10 años, aunque no entrega detalles de los resultados de la misma, y sin duda este tema será objeto del debate.

Asimismo dijo que desde que se conocieron las revelaciones de SEMANA, se ha dado traslado a las autoridades para que adelanten las investigaciones pertinentes y así establecer las responsabilidades individuales.

“En los últimos meses se han realizado cambios en la estructura del Ejército, en los estados mayores y en las unidades operativas para fortalecer los controles a las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Se cambiaron los comandantes de 24 unidades de inteligencia y contrainteligencia en todo el país”.

Finalmente el ministro de Densa responde a los cuestionamientos sobre la posibilidad de que se hayan usado recursos de la cooperación internacional en las actividades de perfilamiento y allí indica que las autoridades serán las encargadas de esclarecer si  se desvió dinero de esos fondos, aunque dijo que la oficina de control interno sectorial de la cartera debe evaluar la utilización de estos recursos.

En total son 19 preguntas las que respondió Holmes Trujillo, y será el insumo clave para ese control político al que, además, están citadas la ministra del Interior, Alicia Arango, y toda la cúpula militar.