Alejandro Ramírez habla de su salida como director de la Justicia Penal Militar

El abogado Alejandro Ramírez, quien hasta hace unos días se desempeñó como director de la Justicia Penal Militar, aseguró que su salida de la entidad podría estar relacionada por las investigaciones que desde hace meses venía adelantando esa entidad por graves hechos de corrupción que involucrarían a altos mandos de la fuerza pública.

A través de un comunicado, el abogado señaló: "Con transparencia, accionamos a los entes de control para que investigaran la responsabilidad de los titulares de despachos judiciales que tenían graves procesos por peculado contra altos miembros de la fuerza pública. De la misma manera, proyectamos las Unidades de Instrucción Especial por los delitos de peculado así como el grave caso del los salvoconductos ante al comandante general de las fuerzas militares, autorización requerida que hasta hoy no se ha podido lograr para iniciar dichas investigaciones".

Y se refirió directamente al comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro. "Certifiqué, ante petición de la comisión II de la Cámara, la existencia de un proceso por peculado contra el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, investigación que está en curso´.

El pasado lunes, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, declaró insubsistente a Ramírez, quien había llegado a ese cargo el 19 de abril de 2019. En su reemplazo encargó al almirante en retiro David René Moreno. "Acepté el nombramiento del gobierno al cargo de director ejecutivo de la Justicia Penal Militar, luego de haber adelantado una campaña basada en la lucha contra la corrupción y con la esperanza de recuperar la credibilidad de la institución y aportarle seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública, en un conflicto complejo que aún subsiste, tal como estaba establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”, agregó.

En medio de su salida, Ramírez ha estado en medio de críticas por su gestión administrativa y por su trayectoria profesional para ocupar dicho cargo. Ante esto dice que acreditó de forma idónea todas las calidades que exigía el cargo y su experiencia como abogado especialista en negociación y MBA de la Universidad de los Andes. El exdirector también denunció la falta de jueces penales militares en el país y habló sobre los traslados de los funcionarios de la entidad e incluso dijo que algunos de ellos "deben salir de su zona de confort".

"Encontré una jurisdicción con 59 vacantes entre 273 despachos, 9 de ellas de magistrados ante el Tribunal Superior Militar, que inexplicablemente se mantienen hoy en día. Igualmente, un cúmulo de solicitudes de traslado represadas por más de 5 años sin ninguna respuesta por parte del despacho. Nos faltan jueces penales militares para las zonas de mayor conflicto de orden público del país. El 70% de los funcionarios trasladados estuvieron conformes con esta decisión, el restante 30% deben salir de su zona de confort”, aseguró.

Finalmente, Ramírez señaló que acata la decisión del Gobierno pero "no acepto bajo ninguna circunstancia, que se atribuya dicha decisión a irregularidades de ningún orden".