Caso del gobernador Aníbal Gaviria podría prescribir

En un fallo de 124 páginas, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia concluyó que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, deberá responder por el pago irregular de anticipos y otras anomalías en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de La Paz,  entre 2004 y 2007. Se trata de un contrato por más de 41 mil millones de pesos.

Los delitos son: contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros. 

En la decisión, el fiscal también determinó compulsar copias para que se investigue si los exgobernadores de Antioquia, Luis Fernando Ramos y Sergio Fajardo, podrían tener alguna responsabilidad.

“Como quiera que la ejecución y liquidación del contrato principal, el contrato adicional número uno y el otrosí número dos tuvieron ocurrencia a lo largo de dos administraciones departamentales más, con el fin de establecer el compromiso de la responsabilidad de los posteriores gobernadores, compúlsese copia de la denuncia y las principales piezas procesales para que se investigue a quienes ocuparon el cargo de gobernador de Antioquia en los períodos 2008-2011 y 2012-2015”.

SEMANA conoció que este proceso, que podría prescribir a finales de este año, estuvo prácticamente engavetado en la Fiscalía Seccional de Medellín.

Una investigación preliminar se abrió en el 2018, siete años después de que la Contraloría hubiese puesto en conocimiento en la Fiscalía de esa ciudad las irregularidades que encontró en el contrato con base en una auditoría realizada.

Lo que ocurrió es que con la llegada de la nueva administración de la Fiscalía, el nuevo director de la Unidad Delegada ante la Corte pidió a todas las seccionales del país que se revisara si existían procesos contra aforados en el país, como es el caso de gobernadores, y de ser así remitirlos a esa unidad de manera inmediata. Y los que ya estaban, resolverlos. 

El fiscal del caso decidió llamar a indagatoria a Gaviria el pasado 16 de abril. Diligencia que se realizó de forma virtual en compañía de su abogado y de la Procuraduría. 

Quince investigaciones

Revisando los procesos, los fiscales encontraron que actualmente aparecen 15 investigaciones en contra de Anibal Gaviría en calidad de indiciado, dos en la delegada ante la Corte y 13 en la Fiscalía de Medellín, por delitos relacionados con celebración indebida de contratos, prevaricato, peculado, violación a derechos patrimoniales de autor, falsedad en documento y concierto para delinquir.

La defensa de Aníbal Gaviria

En su indagatoria, Gaviria dijo que le parecía exótico que se le imputen esos delitos, luego de demostrar que él no suscribió ni direccionó los contratos.

Insistió que no suscribió el contrato, ni los otrosí, o las adiciones y aseguró que por el tamaño de la administración de Antioquia, no es posible que el gobernador esté al frente de todos los aspectos que ella implica y que, para la actividad contractual, de un lado existía el Comité Asesor de Contratación y de otro, delegó la facultad para contratar en las secretarías.

Además, dijo que era casi imposible que el gobernador haga el control debido, porque entre 2004 y 2007 su administración ejecutó casi 8 billones de pesos.

Los hechos y la presunta responsabilidad del gobernador

1- La Fiscalía  encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por más de 41 millones, se pactó inicialmente un anticipo del 25 % y luego se amplió al 29 %, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. 

Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia.  Además, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos. 

2- La investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial. Una, representó cerca de 4 mil millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otrosí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia). 

Este último asunto, que comprometió más de 16 mil millones de pesos, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original. Para la Fiscalía, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, la coordinación y el control de la delegación.

3- Dice la Fiscalía que no es posible aceptar que siendo el ordenador del gasto, tras la delegación de la función contractual, Gaviria desatienda la coordinación, el control y el seguimiento que esta figura demanda, porque indudablemente no puede despojarse de ella, pretendiendo que sea su equipo de Gobierno el que responda por una función que legalmente se radica en él. 

Además, asegura que Gaviria ´creó el riesgo contra los recursos públicos, pues tenía el deber funcional de vigilar y controlar el adecuado manejo de los recursos entregados al contratista como anticipo´.

4- Concluye la Fiscalía que sin que se evidenciara aprobación de garantía única que amparara los riesgos indiciados en el contrato, fueron pagados los tres anticipos que se hicieron a lo largo de la vigencia del negocio jurídico, en cuantía aproximada a los 6 mil millones de pesos que habrían sido destinada por los contratistas del consorcio Troncal para la Paz para la adquisición de maquinaria y equipos cuya propiedad ostentaron siempre los consorciados Carlos y Luis Héctor Solarte.

5- En la  decisión, la Fiscalía insiste en que es inaceptable que, haciendo un acompañamiento a la ejecución para controlar cumplimineto de cronogramas y presupuestos, desconoció cuales eran los items y en qué cantidades necesitaban ejecutarse, cuando fue autorizada su adicción casi un año antes de vencerse el plazo, por el comité por él mismo conformado, personas todas que el gobernador consideró para conformarlo por su competencia profesional.

6- Varias de sus afirmaciones permiten advertir que aún, cuando no suscribiera documentos que contengan las decisiones que ahora se reprochan, sí intervino en su adopción, como líder de la administración departamental. 

La medida de aseguramiento

Sobre la necesidad de la medida de aseguramiento señala la Fiscalía: “Si como lo aseguró en su indagatoria, es del pensamiento que el Comité Asesor de Contratación es el mecanismo para controlar y vigilar la delegación para contratar y que entre sus funciones no está la de vigilar la inversión del anticipo de ningún contrato, es su postura la que pudiera significar que será un peligro para la comunidad, porque subsiste la posibilidad que se repitan situaciones semejantes”.

Aquí, dice, surge el denominado riesgo de reiteración que se pretende conjurar con la medida de aseguramiento.