NACIÓN
¿Chía se podría quedar sin alumbrado público?
El concejo municipal hará un control político al alcalde y a la administración para determinar el riesgo real del posible apagón.
En Chía hay una verdadera preocupación por una advertencia que se lanzó en las últimas horas sobre la posibilidad de que Chía, municipio de Cundinamarca, se quede sin el alumbrado público por una deuda de más de ocho mil millones de pesos.
La denuncia fue hecha por el mismo consorcio que tiene a su cargo el alumbrado público del municipio y el tema de fondo es que la alcaldía dejó de pagar el mantenimiento de las luminarias desde hace más de un año.
El caso es que el tema ya llegó a los órganos de control para que se revise el tema y se investigue al alcalde por un presunto detrimento patrimonial por incumplir, presuntamente, el contrato que pactó la administración pasada con una concesión a 30 años para garantizar el alumbrado.
El concejal Cesar Camilo Hernández aseguró que además de las advertencias que está haciendo el propio consorcio a los órganos de control, es importante que el municipio sepa realmente lo que está pasando y por eso se hará un control político en los próximos días.
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“Me preocupa como concejal saber que tenemos una deuda de 8.000 millones de pesos con esta concesión, preocupa que curse contra el municipio de Chía una demanda por cerca de 700 millones de pesos por la falta de pago por nuestro municipio, ante la operación y manicomio del alumbrado público. Para ello, en el mes de octubre citaremos a control político a la administración para que nos dé el informe”.
El alcalde Luis Carlos Segura, aseguró que el alumbrado de Chía no está en riesgo porque la empresa Enel Codensa está al frente del servicio. Frente a la deuda indicó que no se ha cancelado por problemas jurídicos en los contratos firmados.
“No se dejó de pagar, lo que pasa es que hay imposibilidad de realizar el pago porque hay una fiducia en ese contrato, que es contraria a un acuerdo municipal que autorizó y facturó el alcalde; ese acuerdo es el 148 del 2018, donde el encargo de la fiduciaria no corresponde al acuerdo municipal, por lo tanto hay una imposibilidad”, dijo.
Pero para la abogada Irina Aponte la alcaldía sí tiene una responsabilidad directa ya que la administración omitió el cobro de ese impuesto para cumplir con los pagos y por esa razón radicó un derecho de petición en la Procuraduría General para que haya una vigilancia preventiva por la omisión en el recaudo del impuesto.
Por ahora del debate jurídico continuará, pero mientras se resuelve el mismo la preocupación en el municipio es que se corte el servicio del alumbrado público.
