Comisión de Acusación se quedó sin dinero para adelantar investigaciones

De la Comisión de Acusación siempre se ha dicho que su efectividad es poca o nula, pero así a muchos colombianos y sectores políticos no les guste esta instancia, lo cierto es que dentro de la institucionalidad es la encargada de investigar al presidente, magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura y al fiscal general de la nación; por lo que su funcionamiento resulta esencial dentro del sistema de pesos y contrapesos.

Y aunque los resultados en esta Comisión de Acusación han sido mínimos, lo cierto es que poco a poco se están analizando más casos y resolviendo otros con más efectividad, pero ahora John Jairo Cárdenas, quien está presidiéndola asegura que se acabó el dinero para su funcionamiento.

"La verdad es que estamos en una situación compleja porque se agotaron todos los recursos y no tenemos cómo contratar al personal necesario, incluso al administrativo y están en el aire".

Según Cárdenas para el funcionamiento de la Comisión de Acusación se necesitan 1.900 millones de pesos anuales y ese presupuesto fue asignado sin problema alguno, pero los recursos no se han girado aunque ya del 2020 han pasado dos meses completos.

"Ya le pedí al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla que gire esos recursos porque el funcionamiento de la Comisión de Acusación no puede detenerse, esto es preocupante porque hay muchos temas complejos que deben ser resueltos y una parálisis no es lo mejor".

Según el presidente de la Comisión de Acusación para retomar labores se necesitaría, por lo menos, el 50 por ciento del presupuesto y así evitar una parálisis en las investigaciones que se están adelantando. "Todos los abogados que revisan los procesos son fundamentales, pero la situación es tan crítica que ni papel tenemos", dijo el legislador.

En este momento hay procesos allí en contra del presidente Iván Duque, del expresidente Juan Manuel Santos y de magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz que quedarían en el limbo hasta que se resuelva el tema del presupuesto.