Los ocho gobernadores que están en la lupa de la Contraloría por contratos

En el marco de la emergencia que vive el país a causa de la covid-19, los tres entes de control, Contraloria, Fiscalía y Procuraduría, suman esfuerzos para hacerle frente a la corrupción y hoy se conocieron los primeros anuncios de sus hallazgos. Durante la intervención, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, anunció que abrió proceso de responsabilidad fiscal por $1.050 millones contra el gobernador de Arauca por contratos de alimentación, así como también orden para abrir 27 indagaciones preliminares en otros casos. "Las indagaciones preliminares permitirán determinar si hay o no mérito para abrir proceso de responsabilidad fiscal", explicó Córdoba.

Agregó que entre estas 27 indagaciones está "la gobernación del Valle del Cauca, Cesar, Casanare , Tolima, Nariño, Guaviare y Vichada, así como también el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional por la compra de los tapabocas con un presunto sobrecosto de $1.269 millones". Respecto a este último, se trata del contrato 0047-ARC-CBN6-2020 del 8 de abril de 2020, que fue suscrito entre la Armada Nacional Base Naval # 6 ARC Bogotá con Medivalle SF SAS, "para la adquisición a todo costo de elementos de protección personal para el personal de servidores públicos de la Armada Nacional, con el fin de atender la emergencia sanitaria del COVID-19", señala la Contraloría y, en torno a este contrato, Córdoba señaló que esperan "que esta indagación preliminar salga muy rápido, que no nos tome más de mes y medio para así salvaguardar los recursos públicos y aplicar las sanciones correspondientes", dijo. 

Dentro de las pesquisas, el contralor reveló que también encontraron anomalías en la gobernación del Valle del Cauca "en donde hay irregularidades por sobrecostos del 31% en la compra de 10.176 kits de víveres para adultos mayores en los centros de protección. A la vez de municipios como el de Malambo, Guaduas, Barrancabermeja, Puerto Gaitán, Coveñas, Gobernación del Guaviare, Soacha, Mapiripán, entre otros".

El mensaje de Córdoba fue contundente: "seguiremos tomando medidas para que no hagan fiesta estos personajes con los recursos de los colombianos". También reveló que la Contraloría indagará sobre contrataciones hechas por la Secretaría de Salud de Bogotá y la Secretaría de Educación de Medellín. La primera tiene que ver con presuntos sobrecostos que se acercan a los $300 millones en el contrato 4531 de 2020 del 30 de marzo de 2020, suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE de Bogotá D.C. y Medicox Ltda, "para el suministro de insumos y dispositivos medico-quirúrgicos (tapabocas N95), para dar respuesta a la urgencia intensificada por el nuevo virus respiratorio covid-19 para las diferentes unidades de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente - ESE Bogotá", señaló el ente de control.

El segundo caso tiene un valor de $583 millones, donde hay presuntos sobrecostos para el suministro de alimentación para la población estudiantil "vinculada a la Secretaría de Educación durante el período de calamidad pública para garantizar su seguridad alimentaria". Este último es el contrato 4600085448 de 2020 del 20 marzo de 2020 suscrito por el municipio de Medellín con la Corporación Colombia Avanza.