Fiscalía abre investigación a cuatro gobernadores y ministro de agricultura

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, anunció que se han evaluado, por presuntas irregularidades, más de 900 contratos de ayudas humanitarias en el país. Las indagaciones, dijo el funcionario, están relacionadas con los gobernadores de Arauca, Magdalena, Vichada y San Andrés; así como el ministro de agricultura,Rodolfo Enrique Zea Navarro y otros funcionarios del orden nacional.

Anunció, además, que, en las próximas semanas, se darán a conocer imputaciones de cargos y medidas de aseguramiento contra funcionarios involucrados en estos hechos y se refirió a la apertura de indagaciones a otros tres gobernadores.

En virtud de la emergencia sanitaria y con el fin de ayudar a las familias más vulnerables que se vieron forzadas al desempleo o a la ausencia de ingresos económicos, el Gobierno nacional destinó a las autoridades locales y departamentales recursos económicos que se han traducido en cerca de 32.000 contratos en toda Colombia.

Sin embargo, se ha denunciado públicamente que habría sobrecostos en algunos productos contratados y que el valor de algunos bienes de primera necesidad en estos contratos no concuerda con los precios en el mercado, y se sospecha, que se cometieron actos de corrupción en medio de esta emergencia.

Por esa razón, Barbosa se refirió a los casi mil contratos investigados por un valor de 607.000 millones de pesos y explicó que se han dispuesto 9 fiscales y 16 asistentes de fiscal para evaluar cómo se están ejecutando estos recursos públicos.
Así mismo, informó que, hasta la fecha, 13 contratos, por un valor de 17.000 millones de pesos, las entidades los han terminado de forma unilateral o bilateral y que “esto es dinero que no se ha perdido”.

En medio de la rueda de prensa conjunta con la Contraloría y la Procuraduría, el fiscal anunció que se han abierto 38 procesos que están en etapa de indagación preliminar por presunta violación a los principios de la contratación celebrados entre municipios y gobernaciones, dos indagaciones preliminares relacionadas con entidades del orden Nacional, se iniciaron cinco indagaciones en contra los gobernadores del departamento de Arauca (2), Magdalena, San Andrés y Vichada.

No ahondó en el desarrollo de estos nombres pero aseguró que, en las próximas semanas: “estaremos aquí con decisiones concretas de privación de libertad de muchos de esos funcionarios”.

Además, se refirió a la apertura de 5 procesos en la Unidad de Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia por tratarse de aforados constitucionales, refiriéndose a los gobernadores de Vichada, Arauca, San Andrés y Magdalena.“Como consecuencia del análisis de los primeros informes de Policía Judicial, en el marco de nuestro CTI, empezaremos a realizar entrevistas e interrogatorios a través de los medios virtuales”, agregó.

El fiscal fue enfático en resaltar el trabajo del ente acusador de la mano de la Contraloría y de la Procuraduría: “Esto no ha terminado; esto está empezando. No vamos a permitir, y en esto hay una filosofía común en esta mesa, que un solo peso de los colombianos y de la gente que está en este momento observando a la distancia confinados con temor por lo que está ocurriendo, se pierda.”

En su opinión, las personas que en este momento ejercen junciones públicas no solo van a tener que parecer buenos funcionarios sino demostrarle al país que las dignidades que tienen las van a llevar al más alto punto en el marco de transparencia a la hora de manejar recursos públicos. Advirtió, además, que esta es la primera de muchas citas que tienen previstas dar “por el bien de la gente, del país y de los recursos públicos”, dijo.