Judicatura compró 51 camionetas blindadas en época de covid-19

Después de conocer que la Policía Nacional compró 23 camionetas blindadas para la seguridad presidencial, apareció otro contrato pero en esta ocasión del Consejo Superior de la Judicatura para la compra de 51 camionetas Toyota para la seguridad de los magistrados.

La rama judicial adelantó la orden de compra el pasado 10 de marzo y allí consta que se adquirieron 51 camionetas blindadas con nivel IIIA por un valor total de $13.276.161.951 (en millones).

Dicho contrato se justifica en la adquisición de vehículos blindados con destino a la Corte Suprema de Justicia y otras dependencias, para su uso inmediato. Justamente 21 camionetas se entregarán a magistrados de la Sala de Instrucción y Juzgamiento y de la Sala de Descongestión. El resto de vehículos se asignarán a otras dependencias según las necesidades de las mismas.

Llama la atención que tanto en el contrato de la Policía Nacional, como en este de la Judicatura, los proveedores son los mismos. Se trata de la Unión Temporal Toyonorte LTDA.- Armor International de Colombia LTDA.- Blindex S.A. que ha ganado los dos millonarios contratos, a pesar de que en Colombia existen más de 40 compañías brindadoras con licencia.

Fuentes de la dirección ejecutiva de la Rama Judicial le explicaron a Semana Noticias que esta compra quedó definida en el plan de inversión de 2019 y que aunque el contrato se haya adjudicado hace pocos días, el rubro económico estaba destinado para la compra de estos vehículos.

Asimismo dijeron que los vehículos se están comprando ahora para ahorrar costos, ya que el alquiler de los mismos tiene un valor aproximado a los $15 millones y es más económico adquirir las camionetas por tener una proyección de uso de 10 años.

La adquisición de las camionetas se soportó en un estudio de seguridad al interior del Consejo Superior de la Judicatura y por ello se procedió a la compra de los vehículos que serán entregados en noviembre.

No obstante, la polémica se ha generado por los gastos que se están generando en el Estado en medio de la pandemia, ya que algunos sectores consideran que esos recursos pueden ir para la atención de familias afectadas económicamente por la covid-19.