Procuraduría urge agilizar medidas para evitar contagio de coronavirus en cárceles

Al Ministerio de Justicia llegó una comunicación este domingo, firmada por el procurador general, Fernando Carrillo, en la que urge al Gobierno nacional tomar las medidas necesarias, cuanto antes, para proteger a las personas privadas de su libertad de un eventual contagio del coronavirus covid-19. La misiva le reitera a la ministra Margarita Cabello el imperativo de proteger los derechos fundamentales de esta población dado el riesgo que corre por cuenta de la pandemia.

Lo anterior, teniendo en cuenta el decreto que está próximo a ser expedido y del que se espera se establezcan medidas excepcionales para reducir el nivel de hacinamiento en las cárceles, al menos, mientras se supera la crisis provocada por el coronavirus.

Carrillo recordó que son más de 120.000 presos los que están aguardando por una solución pronta ante las cifras alarmantes que, a diario, reporta el Ministerio de Salud sobre personas contagiadas con el covid-19. En tal sentido, envió un listado de recomendaciones a tener en cuenta antes del decreto que será expedido por el presidente Iván Duque.

La Procuraduría dijo que es necesario, por ejemplo, que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), garantice medidas de autocuidado y que disponga en todos los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país del personal médico, además de los elementos de protección requeridos para los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, y a las personas privadas de la libertad, “quienes deberán tener acceso ininterrumpido a los servicios públicos esenciales”, señala la carta.

Respecto de la eventual excarcelación de un importante porcentaje de personas, sugirió la prisión domiciliaria transitoria para mayores de 60 años, mujeres embarazadas o con hijos menores de tres años, condenados a penas que no superen los ocho años o personas recluidas por más de tres años, sin que se conozca el sentido del fallo.

Además, le solicitó al Ministerio de Justicia evaluar la posibilidad de promover la modificación provisional de detención en una cárcel por una pena sustitutiva, “siempre y cuando el delito, su gravedad y la pena prevista en el código así lo permitan, y excluyendo en todo caso hechos relacionados con delitos sexuales contra menores, corrupción, postulados ante la JEP y delitos de lesa humanidad”.