Procuraduría pide explicaciones a la Registraduría por elecciones juveniles

La procuradora delegada para la vigilancia preventiva de la función pública, Liliana Caballero, le puso la lupa a la licitación de casi $120.000 millones de pesos para organizar la logística de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud, que están programadas para el 2021 por el aplazamiento que se tuvo que hacer por cuenta del covid-19.

Como desde distintos sectores advirtieron que se estaría entregando un contrato a dedo, la Procuraduría decidió vigilar este proceso de licitación para evitar irregularidad alguna ya que los gastos que se harían no están suficientemente justificados en la publicación que hay en el SECOP II.

Por esa razón el Ministerio Público pidió explicaciones a la Registraduría mediante un oficio que se le envío al despacho de Alexander Vega. “Esta Procuraduría delegada una vez revisado el SECOP II no encontró publicadas las observaciones de Linktic S.A.S. por lo cual, es imperiosa la publicación de cualquier documento relacionado con la selección”, dice el oficio.

Pero además de ello, la procuradora delegada está pidiendo que haya claridad en la justificación del proceso ya que no es claro por qué “dentro de los necesarios para la defensa y seguridad nacional, siendo que los Consejos de Juventud se realizan para dar solución a las necesidades y problemáticas de los lugares donde viven los jóvenes y generar propuestas para su desarrollo social, político y cultural ante los gobiernos territoriales y el Gobierno Nacional”.

Al conocer este acompañamiento que hará la Procuraduría, el movimiento juvenil pidió una reunión con Vega para discutir la adjudicación del contrato y enfocar la logística de dichas elecciones. "Nos hemos enterado vía redes sociales de una campaña ruin que busca distraer la atención para que no se ponga la lupa sobre el polémico registrador Vega y así distraer a la opinión mientras al parecer firma millonarios contratos". Dijo la presidente de la Fundación Democracia en Acción Carolina Gómez.

Por ahora la respuesta de la Registraduría ha manifestado que el proceso de licitación está ajustado a la ley y pidió acompañamiento de la Contraloría para que haya una vigilancia preventiva.