Gobierno y otras entidades tras la caza de corruptos

A raíz de las denuncias que se han conocido en los últimos días en el país sobre casos en donde se ha descubierto una desviación de recursos para atender la emergencia del coronavirus, el Gobierno nacional se unió a un bloque interinstitucional que castigará y perseguirá a quienes incurran en prácticas de corrupción.

En la iniciativa, estará la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y agrupa a los diferentes organismos de control e investigación del Estado colombiano, Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, entre otros.

Dentro de la función de ese equipo interinstitucional está ponerle la lupa a la contratación pública y reforzar las acciones de sanción en contra de particulares y funcionarios públicos, ante denuncias de sobrecostos, repartición irregular de mercados, cobros y por retiro de subsidios.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que el bloque es producto de la acción articulada de las autoridades que tienen la responsabilidad de luchar contra la corrupción. “Este grupo nace para poner freno y castigo a robos y sobrecostos o abusos en recursos para la contratación directa autorizada en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19”, sostuvo Ramírez.

Según la funcionaria, “se convoca a estas entidades del Estado, para coordinar y concretar acciones contra los corruptos, castigar a quienes se están robando los recursos del Estado, aprovechando la agilización de los trámites de contratación, que permite el Decreto 417 de 2020 de Estado de Emergencia Económica y Social, para enfrentar la crisis sanitaria generada por la pandemia”.

Asimismo, la secretaria de Transparencia del Gobierno nacional, Beatriz Elena Londoño recordó que los alcaldes, gobernadores y demás funcionarios que tengan a su cargo la ejecución de dineros públicos estarán obligados a reportar, sin falta, el minuto a minuto de la contratación. “Los funcionarios deben contratar cumpliendo la ley; sólo así mostrarán que actúan con total apego a los principios de transparencia e integridad. Tendrán ahora los ojos del control fiscal, disciplinario, administrativo y penal sobre ellos. Nuestra acción es rodear su actuar”, puntualizó.

En la mira del gobierno se encuentran procesos de contratación, al parecer irregulares, en regiones como Magdalena, Santander, Atlántico, Casanare, Sucre, Tolima, Norte de Santander, Arauca, Caldas y Cundinamarca.