"No hay personas por encima de la ley por poderosas que sean": Cepeda

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien fue inicialmente señalado por Álvaro Uribe Vélez de liderar un grupo de "falsos testigos", hoy funge como víctima en este proceso y celebra, aunque con serenidad, la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de ordenar prisión domiciliaria al expresidente.

"Es una fecha trascedental, lo primero que quiero señalar es el valor que le otorgamos a esta decisión de la CSJ, eso sirve para consolidar la democracia en Colombia. La lección que hoy nos da esta decisión de la CSJ es que no hay individuos, no hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia de la ley por muy poderosas e influyentes que sean", dijo el senador en una alocución virtual. Argumentó que Colombia hoy está ante una decisión que ha sido objeto de una larga revisión, "no se puede decir que la Corte haya tomado una decisión superficial, sin realizar un largo proceso", dijo Cepeda. 

Sin embargo, el senador reiteró en varias ocasiones que hay que tomar esta decisión con serenidad ya que existe la posibilidad para la defensa de Uribe de apelar esta decisión. "Si bien mostramos nuestra alegría porque se tome esta decisión también hacer un llamado a la serenidad para evitar incitación a que se causen exacerbación de emociones en la opinión pública y, más bien, a que, como demócratas hoy ha cambiado algo en Colombbia y es euq le CSJ nos ha recorado que existe una Constitución y un ordenamiento legal y en el mismo, los jueces de la República tienen el deber de ejercer justicia para el bien de los colombianos", detalló el senador.

"Este ha sido un proceso muy largo que empezó el 23 de febrero de 2012; cumplimos 8 años de este largo proceso que ha tenido 2 etapas: una primera en la que el senador Uribe entabló una denuncia penal en mi contra y que fue objeto de una decisión de un auto inhibitorio en febrero de 2018 y una segunda etapa que ha comenzado a partir de una denuncia que interpusimos con el abogado Reinaldo Villalba por información que tuvimos ante gravísimos hechos que tuvimos conocimiento de presuntos sobornos que busca influir el actuar de la justicia. En este largo proceso, nuestra actuación se ha limitado a ejercer en el sentido de la palabra la defensa. Nosotros no hemos llamado a ningún testigo perteneciente a grupos paramilitares. Quien ha presentado 22 testigos presentados ante la Corte ha sido la contraparte; no hemos salido a recibir testimonios para realizar acusaciones o inculpaciones", explicó Cepeda.

La historia se remonta a febrero de 2012 cuando Iván Cepeda, quien había señalado al expresidente Uribe Vélez y a su hermano Santiago Uribe de promover el paramilitarismo con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue denunciado por parte del senador del Centro Democrático ante la Corte Suprema de Justicia para denunciar a Cepeda por supuestamente "liderar un grupo de falsos testigos", prometiéndoles "beneficios jurídicos y económicos" para que declararan contra él y su hermano. 

Tras siete años de investigación, la Corte concluyó que Iván Cepeda no lideró dicho "cartel de falsos testigos" y la investigación tuvo un giro con la partura de investigaciones contra a Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal.

La Corte Suprema ahora analiza si el senador utilizó a falsos testigos para perjudicar al senador Cepeda y si se habría contactado con paramilitares como Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve para modificar sus testimonios. Por estos mismos hechos, el entonces abogado de Álvaro Uribe Diego Cadena a quien la Fiscalía General de la Nación le imputó el pasado 27 de julio los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. También su socio Juan José Salazar fue imputado por estos delitos ya que, según las pruebas del fiscal Daniel Hernández, el mismo Cadena ofreció hasta 200 millones de pesos a Carlos Enrique Vélez cuando lo visitó en la cárcel de Palmira (Valle del Cauca) en julio de 2017 a cambio de firmar un documento donde se retractaba de los señalamientos hechos contra Uribe, documento que fue entregado ante la Corte Suprema de Justicia. Así mismo, la Fiscalía señala que Cadena y su socio Juan José Salazar habrían ofrecido beneficios judiciales, como el acceso a la JEP, al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve tras un encuentro que tuvieron en la cárcel La Picota de Bogotá en el año 2018.

La Fiscalía solicitó para estos dos hombres prisión domiciliaria como medida de aseguramiento mientras avanza el proceso, a pesar de que el ente acusador tenía previsto pedir ante el juez del caso cárcel para ambos, opción que fue descartada por el fiscal Hernández con motivo de la pandemia. Por su parte, Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda y quien funge como representante de víctimas en ese caso, pidió al juez que la prisión domiciliaria fuera temporal y que, una vez pasada la emergencia sanitaria, Cadena y Salazar fueran remitidos a la cárcel.

Por su parte, la defensa de Diego Cadena, representada por el abogado penalista Iván Cancino, han insistido en la inocencia de Cadena y asegura que tanto él como su socio fueron víctimas de extorsión por parte de estos exparamilitares y aceptan haber entregado "poco más de 7 millones de pesos" a la familia de Carlos Enrique Vélez como ayuda humanitaria.