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¿Se deben embargar los sueldos a congresistas de Farc?
Joan Sebastián Moreno, abogado de la Corporación Militares Víctimas del Conflicto asegura que el inventario de las Farc que debe reportarse el 31 de Julio no se ha entregado y que es necesario embargar los sueldos de aquellos congresistas que ganan hasta 30 millones.
El partido Farc no solo tiene problemas de división interna con peticiones de renuncia a su jefe Rodrigo Londoño (Timochenko) sino que también ahora enfrenta una acción jurídica ante la JEP para que a los integrantes de ese partido que fueron elegidos al Congreso y a las alcaldías se les embargue el sueldo. La razón: un abogado considera que no han reparado a las víctimas, según las cifras que han presentado el consejero Emilio Archila y la bancada del Centro Democrático.
Joan Sebastián Moreno, abogado de la Corporación Militares Víctimas del Conflicto, quien pide medidas cautelares a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), habló en Semana Noticias sobre la acción jurídica que diseñó para que se embargue el sueldo de congresistas del partido Farc y así cumplir con la reparación prometida a las víctimas de la desaparecida guerrilla: "esto es como medida desesperada para garantizar la reparación, pues los métodos de reparación y satisfacción no se cumplen. Emilio Archila dijo que del inventario de las Farc --cuya entrega se cumple el 31 de julio--, no se ha entregado todo, y por eso se tornó necesario hacer esto, porque ellos están devengando hasta 30 millones de pesos en el Congreso y estamos convencidos que podemos aliviar una parte de la reparación con lo que pedimos".
El abogado además respondió otras dudas sobre la solicitud de medidas cautelares con las que pide el embargo del 50 % del salario de los nueve congresistas y de los dos alcaldes del partido Farc.
- ¿A dónde iría ese dinero que usted propone embargar del sueldo de los congresistas de la Farc?
"Ese es un tema que le competería a la JEP. Nosotros creemos que debe engrosar el fondo de Colombia en Paz, que fue el que se creó con el acuerdo y que se administra a través de una fiducia para la reparación equitativa. La reparación individual y colectiva corresponde a la Farc; a mí como apoderado de víctima no me han notificado del primer trabajo con contenido reparador. Yo le pido a la Farc dignidad para las personas"
- La justicia ordinaria tiene la facultad para embargar, ¿la JEP puede hacerlo?
"El artículo 22 de la ley 1922 de 2018 establece que la JEP puede dictar medidas cautelares cuando vean que se pueda amenazar un derecho que corresponda a las víctimas, en este caso, la reparación. Estamos hablando de uno de los grupos criminales más ricos del mundo, certificado por la prensa internacional"
- ¿Los bienes que ellos entregaron, y no reportaron, se deberían reportar en este proceso que ustedes quieren?
"Tendrían que entregarlos porque se comprometieron y fueron parte del acuerdo inicial. Casi un billón de pesos en bienes, aunque muchos de ellos no sirven para reparar a nadie. Nosotros no dejaremos pedir un resarcimiento digno para las víctimas".
- ¿Está de acuerdo con quienes dicen que los militares no deben estar inmiscuidos en la discusión por haber sido actores del conlflicto?
"Yo no soy abogado de comparecientes, no estoy defendiendo a quienes estuvieron dentro de la institucionalidad en este país. Estoy con víctimas a quienes les violaron el derecho internacional humanitario y que sufrieron pérdidas de partes de su cuerpo. Nosotros apoderamos a su familia y civiles. El hecho que sean militares, no les quita su condición de victimas"
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- ¿Cuál es el panorama de aquí al 31 de julio?
"Es desolador porque la JEP no nos ha notificado de reparación ni individual, ni colectiva. Se cumple plazo el 31 de julio y no han entregado los bienes y no habrá recursos para reparar de manera íntegra a las personas. Hacemos un llamado enérgico no solo a la JEP, sino también a la FARC para que hagan su labor y cumplan el papel".
Los congresistas a quienes se les embargaría parte de su salario son: Sandra Ramírez, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, Olmedo Ruiz, Marcos Calarcá, Jairo Quintero y Victoria Sandino. También aplicaría para los mandatarios locales como Edgardo Figueroa, de Puerto Caicedo, en Putumayo, y Julián Conrado, de Turbaco, en Bolívar.