Contraloría investiga contrato de computadores para MinAgricultura a la luz de la emergencia

Un grupo especial de la Contraloría General inició investigaciones por posibles irregularidades en un millonario contrato para el arrendamiento de computadores y la prestación de servicios en sistemas para el Ministerio de Agricultura.

El 15 de mayo de 2019 el ministerio realizó un contrato con la Unión Temporal CN Minagricultura compuesta por Nueva Era Soluciones y Comware para "prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural” por  2.900 millones de pesos.

En diciembre pasado el contrato tuvo dos adiciones, y ahora en plena emergencia en el país por cuenta del coronavirus, se hizo una tercera por 356 millones más, dejando el total del contrato por un valor de 4.664 millones de pesos.

De acuerdo con los investigadores, “se habría aprovechado la declaratoria de la emergencia económica y sanitaria para realizar esta adición contractual, pero violando la ley”. Lo que dicen las primeras averiguaciones es que la ley únicamente permite hacer adiciones por el 50 por ciento del contrato, y en este caso superaron los límites de contratación.

En el documento de esta adición se dice lo siguiente: “Que, para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios tecnológicos requeridos por los usuarios institucionales para el desarrollo de sus actividades, se requiere realizar una eficiente transición, entre el actual contratista y el futuro adjudicatario, en la administración y gestión de estos servicios, en busca de generar el menor impacto” y por eso se “hace necesario adicionar el valor del contrato y prorrogar el mismo treinta días calendario, es decir hasta el 01 de mayo de 2020, correspondiente a la prestación de los servicios descritos en el contrato”.

Las autoridades al parecer ya encontraron un contrato similar que se habría desarrollado en el Ministerio de Hacienda.
Con todo esto, la Contraloría ya empezó una actuación especial en materia fiscal y, de encontrar mérito, es decir elementos suficientes de las irregularidades que se habrían podido cometer, le daría traslado a la Fiscalía para que inicie una investigación de tipo penal y a la Procuraduría para que haga lo correspondiente en materia disciplinaria.