Por chuzadas al exmagistrado Iván Velásquez condenan a la nación

Las llamadas “chuzadas del DAS”, es decir las interceptaciones ilegales desde el extinto organismo de inteligencia, le sacan una nueva factura al Estado. Esta vez el indemnizado es Iván Velásquez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal de Cundinamarca ordenó al Departamento Administrativo de la Presidencia reparar con 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al extogado. El fallo de Tribunal de Cundinamarca, que es de segunda instancia, porque en 2019 un juzgado en Bogotá denegó las pretensiones de reparación del exmagistrado, incluye también a su núcleo familiar: esposa e hijos.

La reparación económica ordenada por el Tribunal supera los 300 millones de pesos, por considerar que efectivamente se causó un daño moral al exmagistrado y su familia como consecuencia de los seguimientos e interceptaciones ilegales que se orquestaron desde el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS. “Como consecuencia de lo anterior, condenar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Fiduciaria la Previsora, sucesor procesal del DAS en proporciones de 50 por ciento cada una, a pagar a los demandantes por concepto de perjuicio moral” señala el fallo del Tribunal.

En el fallo del Tribunal explica los argumentos para considerar al Estado como responsable de los daños morales al exmagistrado y su familia. Por eso, además de la reparación económica, ordenó al Departamento Administrativo de la Presidencia, junto con el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, realizar un acto de perdón público en un término no mayor a 30 días. “Como consecuencia de lo anterior condenar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a realizar un acto público de desagravio, con la presencia de los demandantes, presidido por el director del Dapre y acompañado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”, cierra el fallo de 36 páginas. La decisión que ordena la reparación económica a Velásquez es de segunda instancia. Sin embargo, la parte demandada, es decir, el Departamento Administrativo de la Presidencia, podrá apelarla ante el Consejo de Estado.

El exmagistrado fue el investigador de la llamada parapolítica (presuntos vínculos de sectores políticos con paramilitares) y fue durante su paso por la Corte Suprema de Justicia que se convirtió en blanco de los seguimientos ilegales de el extinto DAS. Uno de sus escoltas fue quien logró infiltrarse en su despacho y su círculo familiar para identificar con quién conversaba y hasta conocer las decisiones que se proyectaban en el marco de las investigaciones contra reconocidos políticos vinculados a capos del paramilitarismo.  El exmagistrado de la Corte Constitucional salió del país producto de esas interceptaciones y se marchó a Guatemala y terminó con la gente volcada en las calles respaldando su gestión y con el presidente de ese país en ese momento, Otto Pérez Molina, prohibiendo su entrada al país. 

Velásquez llegó a ese país designado por Naciones Unidas como la cabeza de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un actor independiente con el objetivo de apoyar los entes judiciales guatemaltecos, que existía desde 2006 pero que tomó mucho protagonismo con la llegada de Velásquez. Entonces, el abogado antioqueño junto a la fiscal general Thelma Aldana lideraron la investigación de La Línea, un caso de defraudación aduanera al que terminaron vinculados varios altos funcionarios del gobierno de Guatemala. Finalmente, las pesquisas llegaron hasta la vicepresidenta Roxana Baldeti y al presidente Otto Pérez, quien renunció a su cargo y terminó preso mientras enfrenta su juicio. Entre las críticas contra el colombiano se dijo que estaba en una cacería de brujas, obsesionado por tumbar presidentes. En medio de esa crisis institucional, el pueblo guatemalteco se volcó como nunca a las calles a respaldar el trabajo de la Comisión y a condenar la corrupción.