“Vamos a parar esta cosecha de corrupción”: Procuraduría

Con la lupa puesta y con al menos unas 1.200 actuaciones disciplinarias, la Procuraduría General de la Nación anunció las primeras medidas para frenar “uno de los capítulos más dramáticos de la historia de la corrupción en Colombia”. Se refiere a la forma  como algunos funcionarios del ámbito nacional y local han ejecutado los recursos del Estado para atender la emergencia decretada por la pandemia de covid-19.

 Así las cosas, una de las determinaciones que adoptó el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, fue la de suspender de manera inmediata y por tres meses al gobernador del Chocó, Ariel Palacios, por las irregularidades detectadas en la contratación que adelantó la administración departamental desde que se decretó la emergencia. “Se halló la suscripción de un contrato exótico en relación con una fundación que no tiene la competencia para atender la pandemia”, dijo Carrillo.

Respecto de este caso, también se solicitó la suspensión del citado contrato suscrito por más de $2.000 millones de pesos, al advertir que “resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por la covid-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes”, señaló el ente disciplinario.

El procurador Carrillo fue muy enfático en que no permitirá que, en el marco de una situación como la que está viviendo el mundo, los corruptos y funcionarios jueguen con el hambre de la gente: “La corrupción tiene la capacidad de matar cuando afecta el mínimo vital de los colombianos, la salud, cuando se juega con los precios de los insumos. Vamos a parar esta cosecha de corrupción”, reiteró el procurador.

En total, la Procuraduría adelantó 1.286 actuaciones disciplinarias, 990 procesos preventivos, 296 procesos disciplinarios (123 inicios de actuaciones disciplinarias, 132 en estudio preliminar y 41 archivados). “En este momento, un equipo de investigadores de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría se encuentra en la Gobernación del Tolima recopilando pruebas para decidir en los próximos días si se convoca a audiencia disciplinaria”, anticipó Carrillo este viernes. 

La Procuraduría revisó más de 5.500 contratos por más de un billón de pesos, correspondientes al 18% del orden nacional y 82% del orden territorial. Las causas por las cuales se abrieron fueron la irregularidad en la contratación y, los sobrecostos en la adquisición de mercados. Carrillo habló de 40 casos en materia de irregularidades en contratación; 28, en casos de adquisición de mercados; 6 en la adquisición de elementos de protección, 9 de transgresión de aislamiento obligatorio, tres casos de vulneración de derechos en la población penitenciaria y dos de extralimitación de funciones, entre otros.

Uno de los casos que particularmente llamó la atención a la Procuraduría fue el de la Gobernación de Arauca. Fue citado a audiencia de juzgamiento disciplinario el mandatario departamental, José Facundo Castillo, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones. Según se lee en el informe, dicho contrato fue suscrito el 14 de abril de este año, sin que, al parecer, se hubiera tenido en cuenta la emergencia sanitaria por la covid-19.

“Al gobernador se le reprocha la presunta violación al principio de planeación y de transparencia, que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal. En otro proceso, también contra el gobernador de Arauca, se abrió investigación y se vinculó a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; al gerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez, y al profesional universitario coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por $4.463.379.180”.

El alcalde de la Palma (Cundinamarca), John Jairo Pulido Pulgarín, fue otro caso que mencionó Carrillo, a quien se le abrió investigación disciplinaria por presuntas irregularidades contractuales relacionadas con posibles sobrecostos e irregularidades en la selección de contratistas para la firma de un convenio por $65 millones de pesos, para la entrega de productos básicos a las familias más vulnerables del municipio. “En este proceso el material probatorio, en su gran mayoría, fue recopilado con ayuda de los ciudadanos, y en menos de 15 días la indagación dio curso a una investigación disciplinaria”. Al alcalde de Calarcá, (Quindío), Luis Alberto Balsero Contreras, y el Secretario Administrativo del municipio, José Garzón, se ordenó la apertura de investigación y la suspensión del cargo por 3 meses por presuntas irregularidades con contrato de suministro por $396.951.000.