Procuraduría sancionó a implicados en el asesinato de Dimar Torres

El asesinato de Dimar Torres, excombatiente de las Farc, fue denunciado por sus familiares y amigos, y luego fue confirmado por la Comisión de Paz del Congreso como una ejecución extrajudicial. El caso ocurrió el 22 de abril de 2019 en zona rural del municipio de Convención, Norte de Santander. 

Desde entonces, el caso fue sumando detalles y personas a una investigación que un año y medio después tiene una condena y cuatro personas más en un juicio con la Fiscalía, además de la sanción que este martes se conoció de voz de los delegados para la Fuerza Pública en la Procuraduría.

Las personas vinculadas resultaron ser integrantes del Ejército, capturadas, judicializadas y en juicio por delitos de concierto para delinquir y homicidio en persona protegida. Se trata del coronel, hoy en retiro, Jorge Pérez Amézquita, el cabo Daniel Eduardo Gómez y los soldados Cristian David Casilimas, Yorman Alexánder Buriticá y William Alarcón Castrillón. Las primeras evidencias y declaraciones entregadas por el Ejército fueron controvertidas rápidamente por las investigaciones y los testimonios de quienes se convirtieron en testigos, incluso militares que participaron en un procedimiento que no lograron explicar ni siquiera en el Ministerio de Defensa. 

Las primeras versiones que entregaron los militares indicaban que Dimar Torres recibió un impacto de bala en medio de un forcejeo con algunos soldados y luego presentaron un prontuario que lo dejaban como supuesto integrante del ELN y además responsable de las extorsiones en esa parte del país. Todas esas versiones se desbarataron conforme avanzaba la investigación. Se conocieron las conversaciones entre los militares antes y después del asesinato de Dimar y cómo el coronel implicado, y ahora sancionado, tenía, supuestamente, como objetivo militar al desmovilizado.

Esas mismas evidencias sirvieron para que la Procuraduría los investigara, los llevara a juicio disciplinario y sancionara a los cinco uniformados. El coronel Amézquita fue sancionado e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 20 años, mientras que al cabo Gómez recibió sanción de 14 años y los soldados 12 años. En la misma decisión, la Procuraduría compulsó copias para que la Fiscalía investigue por falso testimonio a un cabo y dos soldados que al parecer pretendieron llevar a un error a la justicia.

En la Fiscalía los implicados se encuentran en juicio. Solo el cabo Gómez Robledo aceptó su responsabilidad, mediante preacuerdo, y fue condenado a 20 años de prisión.