NACIÓN
Reglamentación de la protesta social volverá de nuevo al Congreso
En la pasada legislatura la iniciativa se hundió por falta de trámite, pero el 20 de julio el Partido Conservador la radicará nuevamente.
En los últimos días el senador Gustavo Petro ha lanzado varios trinos en los que está convocando a una “desobediencia civil” en varias ciudades del país y por esa razón hay preocupación en el Congreso porque el proyecto que busca reformar la protesta social en Colombia se hundió por falta de trámite.
Como el país está en medio de una pandemia y las sesiones del Congreso se convirtieron en encuentros remotos, muchas iniciativas se quedaron atrás pero por los llamados de Petro, el Partido Conservador radicará nuevamente la iniciativa el próximo 20 de julio cuando inicie la nueva legislatura.
El senador, Juan Diego Gómez, aseguró que esta iniciativa garantizará que la protesta social se pueda seguir haciendo sin problema alguno, pero con unas reglas claras para que no haya afectaciones directas contra quienes no quieran participar de la misma.
“Aspiramos el próximo 20 de julio volver a radicar este proyecto, para cumplir con uno de los requisitos y es que su procedimiento y su aprobación se de dentro de la misma legislatura, es decir que entre el 20 de julio de este año y el 20 de junio del próximo año. Ahora sí vamos a empezar a caminar con los términos y el procedimiento que corresponde”, dijo Gómez.
El legislador explicó que la iniciativa busca la prohibición del uso de capuchas, elementos que impidan la identificación de las personas durante las manifestaciones, daño a servicios públicos esenciales, sanciones pecuniarias y de trabajo social para quienes acudan a la violencia durante las marchas.
“La idea es que una vez pase la pandemia y tengamos nuevamente las expresiones y los movimientos estudiantiles y sociales en general, podamos tener una ley que garantice los derechos de quienes se manifiestan y de quienes no lo hacen. Esperamos que desde ya, que se han visto una serie de marchas en algunas ciudades, podamos tener las herramientas necesarias para que los ciudadanos actúen bajo sus derechos y las autoridades puedan garantizarlos”.
Antes de radicar el proyecto se harán una serie de audiencias públicas para reunir insumos que puedan ser incorporados a la iniciativa que cuenta con el respaldo de varios partidos políticos.
