“Si la Corte dice respetar garantías, tiene que dejar ir a Uribe": Iván Cancino

Iván Cancino, el abogado penalista que defiende al también abogado Diego Cadena, se refirió a la decisión de Álvaro Uribe Vélez de renunciar al Senado de la República, días después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su detención domiciliaria preventiva en el caso por supuesta manipulación de testigos y fraude procesal.

“En mi concepto (…) fue un poco tardía [la decisión de Uribe], eso debió haber sucedido hace bastante tiempo”, opinó Cancino. “Desde mi punto de vista, los delitos por los que está siendo investigado a priori no tienen nada que ver con su función de congresista”, aseguró.

Por otro lado, explicó que la Corte podría decir que sí hay una relación con su rol de congresista porque habría utilizado a personas de su UTL, como también lo sostiene el senador Iván Cepeda, declarado víctima en el caso.

Cancino explicó por qué no estaría de acuerdo con esa posible decisión: “Si realmente la Corte dice respetar garantías, tiene que dejar ir a Álvaro Uribe a la competencia de la Fiscalía General de la Nación, no hacerlo reforzaría la tesis (…) de que lo quiere tener es ahí encerrado, bajo su dominio y con clara violación de garantías en muchos aspectos”, manifestó.

Según él, algunos de esos aspectos son las chuzadas que, para algunos, fueron ilegales, así como la transcripción de conversaciones del expresidente con periodistas de quienes es una fuente. “Si son fieles a su jurisprudencia, la Corte Suprema deberá perder la competencia para investigar a Álvaro Uribe Vélez”.

Cancino dijo que esta decisión debería ser rápida, pero que “si la mayoría de votos del Senado es por la no renuncia, pues se presentaría un conflicto”. No obstante, dejó claro que en la próxima Sala debería resolverse qué giro toma el caso.

“Es realmente una cosa prácticamente que matemática el envío del expresidente a la Fiscalía”, explicó, aunque no necesariamente se daría una libertad inmediata por un cambio de procedimiento.

Asimismo, dijo que no es posible jurídicamente que la Comisión de Acusación del Congreso de la República asuma algo del caso del ahora excongresista, ya que no es de su competencia. Además, insistió en que es un tema netamente jurídico, “sin apreciaciones de carácter político”.