"Rabiosa" y "mentirosa": Jaime Granados sobre denuncia de Montealegre

Este martes se conoció que la Procuraduría solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitir a la Fiscalía el expediente que adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe por el caso de manipulación de testigos. Uno de los argumentos que tuvo en cuenta el Ministerio Público es que con la renuncia de Uribe a su curul, la Corte perdió la competencia para continuar con los procesos que tengan relación con delitos comunes.

El Ministerio Público ratificó el llamado frente al deber que tienen todos los funcionarios de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales y señaló que, con la separación definitiva del entonces congresista de su curul, desaparece el fuero que la Constitución le otorgaba, por lo que la Corte Suprema solo podrá conocer de los procesos en los que los presuntos delitos tuvieran relación directa con su función de congresista. Al respecto, el senador Iván Cepeda le dijo a este medio que en el caso de Uribe Vélez ante la Corte Suprema, “todo señala que hay hechos que demuestran que Uribe utilizó su investidura para inducir a otras personas, y él mismo, para cometer lo que podrían ser delitos”.

Por lo anterior, el senador no coincide con la Procuraduría cuando esta dice que el caso del expresidente en la Corte Suprema debería pasar a la Fiscalía. No obstante, aclaró que jamás ha descalificado a un magistrado ni a la Procuraduría. Entre tanto, este miércoles, el expresidente alegó nuevamente falta de garantías procesales en la Corte con respecto a su caso. Además, reiteró su petición de que se publique todo el expediente de su caso y señaló que los magistrados lo privaron de la libertad con inferencias. "Los magistrados, para ponerme preso ilegalmente, confunden repuesta a incidente de desacato de tutela con carta para presionar a un testigo. Otro episodio que evidencia el sesgo con el que fue redactada la providencia que me tiene detenido", señaló el exsenador.

En medio de este debate, el exfiscal Eduardo Montealegre denunció al expresidente Álvaro Uribe por delitos de lesa humanidad. Su denuncia encontró respuesta en los abogados Jaime Lombana y Jaime Granados. El exfiscal radicó ante la Corte Suprema una denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe por su presunta participación en los delitos de lesa humanidad cometidos en El Aro y La Granja (1996 y 1997). Al respecto, Granados señaló que Montealegre es "lagarto, mentiroso" porque no hay hechos comprobados de que el exmandatario haya procedido contra la ley. 

Sobre lo anterior, Granados recordó la cronología de los hechos de las masacres por las que Montealegre presentó la acción judicial:  “Con los hechos de la masacre San Roque, La Granja y El Aro y la muerte de Jesús María Valle, se inició una investigación en la Fiscalía y en el 2000, Alfonso Gómez Méndez, que nunca ha sido cercano a Uribe, tomó la decisión de exonerar a Uribe por tener el fuero de gobernador, en ese entonces, de Antioquia“, trajo a colación el abogado.

En ese sentido, añadió: “Transcurrió el proceso de campaña a la presidencia y durante ese lapso, por diferentes denuncias de opositores, empezó a indagarse sobre lo mismo; en el 2009, a raíz de la muerte de uno de los testigos, se inició una investigación preliminar donde esto fue objeto de material probatorio. Cuando Uribe regresa a su rol de ciudadano, el senador Cepeda logra que Montealegre abra una investigación, siendo el denunciante el propio Cepeda. En el desarrollo de esa investigación, Juan Guillermo Monsalve reconoce que no tiene nada que ver con Uribe. El expresidente pidió en 2012 que se le escuchara en la Corte o Fiscalía, y ahora cuando la Corte pierde competencia deciden escucharlo, ¿eso no es persecución?“.

Así mismo, Granados señaló que esto es una "continuación del odio y el seguimiento a quien no está de acuerdo con el proyecto político de Montealegre, que es la defensa de lo que fue el llamado proceso de paz con las Farc, la defensa de una visión opuesta a la seguridad democrática de Uribe, hipócritamente expresada por Montealegre porque que no se nos olvide que Montealegre estuvo en Casa de Nariño visitando esos pasillos durante ocho años lagarteando contratos y buscando reconocimiento que lo incluyera en una terna y ahora sale con su rabiosa denuncia". 

Aunque el abogado Lombana reconoció que no puede opinar sobre la denuncia de Montealegre al tener una amistad con él, señaló que sobre las masacres de El Aro, “el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró ante la Fiscalía que Uribe, quien era gobernador de Antioquia, nunca tuvo conocimiento ni nada que ver“, sostuvo.

Caso Monsalve

Para el abogado Granados, el tema del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, “es paradójico, primero porque yo tuve la oportunidad de contrainterrogarlo hace ocho años y en esa ocasión dijo que él no tenía que ver con Uribe y que cuando hablaba de mataderos eran de res“.

Añadió que “Monsalve nunca ha sido testigo contra Uribe, pero él ha sido instrumentalizado por los perseguidores del expresidente y curiosamente para proteger a esos perseguidores, se ha protegido a Monsalve y no permitir que lo interroguemos y además no se ha podido examinar el celular de Cepeda, quien salió con la explicación de que se le había borrado información porque el celular se le había caído. Nosotros sabemos que expertos son capaces de extraer información de la memoria. Aquí hay un sesgo porque protegen a Cepeda y persiguen a Uribe, por eso no hay garantías y no hay un proceso justo“. 

El jurista inistitó en que Monsalve no es paramilitar, pero sí testigo en el caso de Diego Cadena, razón por lo que lo lleva al entramado que tiene a Uribe injustamente privado de la libertad“.

“Uribe no tiene garantías“  

De acuerdo con Granados, “todos sabemos con la ética profesional que todas las personas debemos acatar fallos y respetar instituciones pero el ejercicio de la defensa no significa que uno deje pasar los atropellos. En ese sentido hemos alzado nuestra voz firme cuando hemos considerado la vulneración de los derechos de nuestro cliente“. En ese sentido, Lombana insistió en que “el derecho a la defensa es valioso para cualquier ciudadano procesado en Colombia“.

Sobre la declaración que hizo el exsenador en entrevista con Vicky Dávila y María Isabel Rueda, en el sentido de que se siente secuestrado por la Corte Suprema, Granados señaló que “Uribe es un hombre que dice lo que piensa en público y privado y es un hombre combativo en la democracia; él tiene derecho a decir lo que piensa y nosotros debemos respetar sus sentimientos y opiniones. Él le ha hablado a los colombianos con la sinceridad de su corazón“. 

Al respecto, el jurista Lombana comentó que, “la privación de la libertad es una afectación muy fuerte para el ser humano y ese tipo de señalamientos es la interpretación de ese derecho innato de cómo a Uribe lo afecta la privación a la libertad cuando tiene la convicción de su defensa y debemos respetar el derecho a la presunción de la inocencia“. 

De otra parte, Granados insiste en que este caso tiene “un evidente y objetivo sesgo. Hemos dicho a la Corte que levantara la reserva del sumario para que cualquier persona pudiera acceder a la información y que se dieran cuenta de que no existen pruebas en contra de Uribe. Aquí hay un sesgo evidente que luego habrá que indagar qué lo motiva (...) se han atropellado los derechos, no tengo la menor duda“. Sobre las pruebas que indican que Uribe habría sido interceptado por la Corte de manera ilegal, el abogado Lombana planteó: “La Corte ordena interceptar al congresista Nilton Córdoba, en el marco del cartel de la toga, en el que el expresidente fue víctima; alguien perversamente coloca en una orden judicial el número de Uribe“. 

Añadió que “SEMANA publica el interrogatorio a Álvarez (el funcionario que realizaba las interceptaciones) que indica que tenía claro que interceptaba a A y no B y esto fue un hecho grotesco y ofensivo para los derechos de cualquier ciudadano (...) en las grabaciones se esucha el nombre de Uribe y sin embargo, mantienen y prolongan la ilegalidad“. Al respecto, Granados recordó que una vez se supo que el magistrado José Luis Barceló mantuvo esas interceptaciones por 32 dias, “nosotros presentamos una nulidad y esa Corte resolvió en su momento negar la nulidad, al negar que había sido un descubrimiento inevitable. La Corte estaba obligada a anular eso y no lo hizo (...) en ese escenario no hay garantías en la Corte“, aseveró.

Sobre el particular, el senador del Polo ha insistido en que la defensa de Uribe “quiere desviar el problema“. “Me parece que se quiere desviar el problema. La defensa de Uribe consiste en atacar o intentar atacar la legalidad de la prueba, pero no controvertir la prueba misma. Fíjese que interesante. Aquí no hay ninguna discusión sobre el contenido, sino sobre si es legal o no la prueba“, comentó Cepeda a este medio.

Así mismo, el abogado Granados insistió en que la Corte sabía a quién estaba interceptando porque también chuzaron las comunicaciones de Uribe con Lombana, su abogado desde hace más de 15 años, “¿cómo no van a saber que es el abogado y utilizan estas conversaciones en el proceso? Eso es una clara violación de garantías fundamentales“, puntualizó. Por otro lado, Lombana alegó que “Uribe debe tener los mismos derechos de cualquier ciudadano (...) hay un estado de opinión y persecución contra Uribe, (...) por esto, la posibilidad de tener una imparcialidad es incierta. Es de la esencia de cualquier ciudadano que se le respeten unas garantías, eso es primordial. Él tenía derecho a hablar con su abogado sin que lo esté oyendo un juez“.

Así mismo, el abogado se refirió a las interceptaciones de la Corte a Uribe y dijo que estas grabaciones “no estaban fundadas“. “La invasión a la intimidad puede ser avalada por un juez, pero por hechos serios; a Uribe lo escucharon ilegalmente y por eso no pido más derechos para él, pero tampoco menos“. Lombana consideró necesario que los profesores y tribunales internacionales “conceptúen si es posible enviar a un ciudadano a la cárcel con base en unas interceptaciones de este tipo“.