Alfonso Gómez Méndez: “La Procuraduría debe ser repensada”

La Corte Constitucional hizo un pronunciamiento en el que mencionó la facultad que tiene la Procuraduría General de la Nación para investigar a funcionarios públicos elegidos por voto popular. Por ello, en Vicky en SEMANA estuvo el exprocurador y exfiscal Alfonso Gómez Méndez, quien abordó con mayor profundidad este tema de interés nacional.

Esta es la entrevista completa con Alfonso Gómez Méndez:

De acuerdo con el exfiscal, la Procuraduría siempre tuvo la función de investigar disciplinariamente a los funcionarios públicos, pero antes de la Constitución del 91 “no teníamos la facultad de sancionar a funcionarios de elección popular”. Entonces, el tema se trató en la Constituyente.

En un reciente trabajo con la Academia de Jurisprudencia, Gómez realizó un barrido a la asamblea constitucional. “Se dio la discusión y en principio se dijo que no es conveniente que la Procuraduría sancione a los funcionarios públicos, pero, al final, prevaleció el criterio distinto e incluyeron a los de elección popular”, explicó.

Es decir, que la facultad viene desde el 91 para fortalecer a la Procuraduría. “De hecho, todos los procuradores ‘pos-Constitución’ del 91 la aplicaron”. Incluso, en el estudio que realizó el exministro de Justicia encontró “7.000 funcionarios de elección popular (gobernadores, alcaldes y algunos congresistas) investigados”.

Sin embargo, el debate surgió cuando se dio la destitución del entonces alcalde de Bogotá y ahora presidente, Gustavo Petro. “Lleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (...) basada en el artículo 23 del Pacto de San José, señala que los derechos políticos solamente pueden ser afectados por un juez penal”.

Para el exprocurador Gómez hubo “un desconocimiento de la Corte Interamericana del sistema jurídico colombiano, porque en el país no hay un juez penal cuya atribución específica sea la de pronunciarse sobre procesos en relación con los congresistas. En ese sentido, hasta sobraba la decisión de la Corte Interamericana”.

“El juez penal solamente puede intervenir en el caso de un delito, no es un juez disciplinario. En todo delito, automáticamente, cuando a una persona se le condena, desde 1986, no puede ser ni presidente, ni congresista, ni gobernador ni alcalde”, puntualizó el experto.

En adición, respecto al Pacto de San José, fue aprobado por ley en 1972. Es decir que “si hubo alguna violación la hicieron los constituyentes, porque en el 91 ya existía tal pacto”.

El exfiscal aseguró en Vicky en SEMANA que ha habido más de 60 casos desde 1991 hasta hoy de congresistas desinvestidos. “De manera que yo creo que la Corte Constitucional no podía tomar una decisión distinta a esta porque la Corte Interamericana desconocía el sistema interno colombiano”.

La Procuraduría

El exprocurador recordó que toda decisión de la Procuraduría puede llegar a ser demandada ante la jurisdicción contencioso-administrativa. “Por eso ha adoptado el mantenimiento de la facultad, como está en la Constitución, pero en el caso de los funcionarios popularmente elegidos y para que no se afecten los derechos políticos, (...) lo que establece la decisión es que se mantiene la facultad, pero cuando se trate de suspensión, inhabilidad o destitución, no se hace efectiva hasta que no la haya sido validado por la jurisdicción contencioso-administrativa, es decir, el Consejo de Estado”.

Así las cosas, según las declaraciones del exministro de Justicia, lo que pidió la Corte es que haya una consulta automática cuando se trate de las tres sanciones mencionadas.

Con la decisión que dio la Corte, el presidente Gustavo Petro señaló que “a ninguna persona se le pueden quitar sus derechos políticos, sino por competencia de juez penal”.

Ante esto, el exprocurador y exfiscal Alfonso Gómez Méndez comentó en Vicky en SEMANA que hubo tono conciliador del jefe de Estado, pero “esto no es un tema de ley. El presidente Petro hizo aprobar en primera vuelta una reforma constitucional para cambiar la Constitución, cosa que hoy no sería posible (...) Hay que mirarlo con más serenidad porque la Procuraduría no es, en sentido estricto, un organismo administrativo, sino de control, de naturaleza especial”.

Hay que recalcar que en su momento se plateó, en la Constituyente, acabar con la Procuraduría. Gómez Méndez revisó los antecedentes, resaltó que se pretendía cambiarla por la Defensoría del Pueblo y el debate se sigue dando.

“No estoy tan seguro de que la Procuraduría se deba eliminar, sino que debe ser repensada, por ejemplo, en su intervención en procesos penales (...) Se puede pensar, se puede reducir el régimen disciplinario para que queden las faltas verdaderamente graves, agilizar para que la Procuraduría llegue antes de que se inciden los procesos penales, hay muchas maneras para plantear una reforma, mas no la supresión”, indicó en Vicky en SEMANA el exprocurador y exfiscal Alfonso Gómez Méndez.