NACIÓN

Aníbal Gaviria dice que la Fiscalía hizo tempestad en un vaso de agua

El gobernador de Antioquia respondió a la medida de aseguramiento ordenada por la Fiscalía. A su juicio, su caso invita a reflexionar sobre la justicia.

8 de junio de 2020
| Foto: Archivo SEMANA

Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, habló con el programa Vicky en Semana, de la periodista Vicky Dávila, luego de que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le impusiera medida de aseguramiento. Según dijo, el ente acusador “cometió un error muy costoso para mí, para la Fiscalía. Hay confianza en Aníbal Gaviria, no en la Fiscalía. Como mínimo hubo un error”. 

De acuerdo con Gaviria, tanto columnistas como muchos colombianos han manifestado que el ente acusador se equivocó. Esto, luego de que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia resolviera la situación jurídica del gobernador de Antioquia, vinculado a una investigación por irregularidades de contratación. Por esos hechos, le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.

El gobernador de Antioquia anunció acciones judiciales para la "nulidad de esa medida” e insistió en que la investigación debe continuar, para así demostrar que constituye un grave error por parte del ente acusador.  "La decisión fue comunicada al presidente de la república para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. En ese sentido, el jefe de Estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento de Antioquia”, indicó el ente acusador.

Los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican -según la Fiscalía- que Aníbal Gaviria Correa, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.

El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada-Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. Esta modificación, indicó el ente acusador, desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia.

“Que siga la investigación”, aseguró Gaviria, que condenó que le hayan dictado medida de aseguramiento y recordó que él fue sindicado de presunto escape, teniendo “los aeropuertos cerrados”. A juicio del ente acusador, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. "Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de 10.000 millones de pesos en maquinaria y equipos”, indicó la Fiscalía.

La investigación evidenció, de acuerdo con el ente acusador, que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública. Una, representó cerca de 4.000 millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otro sí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).

Este último asunto, que comprometió más de 16.000 millones de pesos, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original, según la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el ente acusador, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación. "Aquí la Fiscalía hizo tempestad en un vaso de agua", aseguró Gaviria, al cuestionar la "cruzada moral" de Francisco Barbosa, fiscal general de la nación.

El exgobernador de Antioquia dijo que la decisión es "improcedente, arbitraria”  al tiempo que sostuvo que “a mí que me toquen, pero cuando me encuentren algo de verdad y no con un proceso totalmente infundado”.  A su juicio, su caso permite abrir el debate acerca del funcionamiento de la justicia, a pesar de que -insistió- crea en la justicia. “Eso no quiere decir que tenga que quedarme callado ante esta arbitrariedad”. 

Sobre el llamado a Sergio Fajardo dijo que hay intenciones mediáticas, más que jurídicas. Y respecto a Luis Alfredo Ramos aseguró que se trata de ahondar en el error. 

La Fiscalía General de la Nación compulsó copias para que se abra investigación en contra de los exgobernadores de Antioquia Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo, quienes fueron involucrados en el caso de presunta corrupción en la construcción de la troncal de La Paz en Caucasia, por el que ya se dictó orden de captura y medida de aseguramiento contra Aníbal Gaviria.

El interés del ente de investigación es poder determinar si Ramos y Fajardo tienen alguna responsabilidad penal por el polémico contrato de la troncal. “Eso no está ocurriendo en Colombia, estamos llenos de suspicacias, no sabemos qué pasa, quién influye en quién, este es amigo de este y le va a ayudar en este proceso (...) La justicia en Colombia se politizó, de eso yo no tengo la menor duda, y son muchísimos incidentes que lo prueban. Yo estoy seguro de que muchas personas en el aparato de la justicia, magistrados, cortes, son personas nobles, honradas, que hacen su trabajo bien hecho, pero el esquema general de la justicia sin duda que está cargado de una cantidad de intereses políticos”, dijo Fajardo al respecto en Semana Noticias