Centro Democrático reclama a las Farc que cumpla con el acuerdo de paz

En el partido de Gobierno, el Centro Democrático, principal opositor a los acuerdos de paz entre Juan Manuel Santos y las Farc, aseguran que, tres años después de la firma, los miembros de la extinta guerrilla no han cumplido con su compromiso.

La senadora María del Rosario Guerra dijo en debate en Vicky en Semana que hay incumplimientos en varios de sus compromisos: en las desmovilizaciones de militantes, ya que un 15% de guerrilleros no se han desvinculado --destaca que la figura de Iván Márquez, quien fue uno de los firmantes, hoy hace parte de las disidencias--; la entrega de armas, de las que se calcula que faltan casi la mitad de fusiles de esta guerrilla --según datos de la senadora, las Farc entregó 6.000 de las 11.000 que decía tener--, así como armas --entregaron 9.000 de 14.000--; las caletas donde esconden dinero y otros objetos de valor cuyas coordenadas no han entregado al Estado; la entrega de menores --la Fiscalía había informado de casi 7.000 menores en las filas de las Farc, de los cuales han entregado 144, según datos del ICBF-- y, por último, la reparación a las víctimas de esta guerrilla, incluyendo las familias de los desaparecidos. Ante este inventario, agregó que la extinta guerrilla dijo que iba a entregar 964.000 millones de pesos en bienes y fincas, de los cuales solo han entregado 30.000.

"Tres años después del acuerdo, están en el Congreso ocupando curul y tienen beneficios del Estado, pero no hay una sola víctima resarcida con recursos de las Farc", aseguró Guerra.

Guerra reclamó que los desmovilizados han recibido afiliación en salud, pensión y apoyo económico cada mes para su sostenimiento. "Está bien que se les den seguridad y protección, pero acordaron resarcir a las víctimas, y no puede ser que hoy, teniendo los bienes, no han entregado una sola hectárea de tierra a ese fondo para dárselo a los campesinos", aseveró. "A cambio, en seguridad, el Gobierno destinó 129.000 millones de pesos para 248 esquemas de seguridad de la Farc, para protegerlos".

"Si están exigiendo al Gobierno, lo mínimo es que la ciudadanía exija que cumplan con sus compromisos", agregó.

La senadora también señaló que uno de los errores del acuerdo es que no quedara compromiso ni presión para que los exguerrilleros cumplieran con su parte y que esa responsabilidad quedó sobre el Estado.

A su turno, la senadora Paloma Valencia también del uribismo, dijo que es el momento de ponerle el ojo a la implementación del acuerdo de paz desde el cumplimiento de los compromisos de la exguerrilla. Lo anterior, explicó la congresista, por cuenta de percatarse de que el presidente Iván Duque ha tenido toda la voluntad política de materializar lo suscrito en La Habana con las extintas Farc. 

En tal sentido, dijo Valencia, los informes recogidos para el debate de control político indican que de de los poco más de 10.000 desmovilizados, hoy 9.000 volvieron a las armas. “Es decir, apenas 1.000 se desmovilizaron”, apuntó. Además, dijo que la violencia se ha venido incrementando en las distintas regiones del país, pese a que la promesa del Gobierno anterior en torno al acuerdo de paz era lo contrario.

Por su parte, el periodista y director de las Voces del Secuestro, Herbin Hoyos, aseguró en Vicky en Semana que detrás del acuerdo de paz se produjo una negociación mafiosa de encubrimiento donde, según él, algunos miembros del gobierno Santos se enriquecieron de forma ilícita. “Detrás del acuerdo de paz hubo un gran pacto mafioso  de 260 narcotraficantes camuflados como guerrilleros”, aseguró.

Dijo, además, tener documentos donde los firmantes acreditaron a narcotraficantes para hacerlos pasar como guerrilleros y los señaló de haberse confabulado para impedir que la justicia norteamericana actuara contra estos delincuentes. “A muchos se los llevaron y muchos están confesando que los robaron, incluso, dentro del mismo partido Farc”, explicó.

Pidió a la ciudadanía actuar en derecho y hacer uso de las pruebas para denunciar ante la Fiscalía, a pesar de que, según él, el ente acusador está “amordazado” frente a la expropiación de bienes de las Farc. Dijo que la Fiscalía está recibiendo presiones y amedrentamientos jurídicos, además de persecuciones por investigar aquellos bienes obtenidos de manera ilegal y que, por esta situación, la Fiscalía no ha podido avanzar. “El fiscal general no puede caer en el juego de dejarse presionar políticamente”, agregó.

Según Hoyos, todos los colombianos terminarán pagando la deuda que las Farc contrae con el Estado.