VICKY EN SEMANA
¿Cómo se van a invertir los $15,2 billones que planea recoger la reforma tributaria?
En diálogo con Vicky en Semana, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dio detalles de lo que trae la nueva tributaria.
Este martes el Gobierno nacional destapó las cartas de lo que será la nueva reforma tributaria que radicará en el Congreso de la República el próximo 20 de julio –día en el que se celebra la Independencia de Colombia– con mensaje de urgencia.
Con este Proyecto de Inversión Social –como fue bautizada la tributaria–, el Gobierno planea recoger $ 15,2 billones, en donde el sector privado jugará entre los actores principales para el recaudo de estos recursos, sumado a la lucha contra la evasión y un plan de austeridad en el gasto público.
Pero, ¿en qué se van a invertir esos $15,2 billones que planea recoger el Gobierno con la tributaria? El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, en diálogo con Vicky en Semana, dio los detalles.
“Ese recaudo se va a invertir primero en lo social, en educación gratuita para los jóvenes de poblaciones vulnerables, en subsidios para que generemos por lo menos 500.000 empleos en este país, en subsidio a la nómina focalizado en micro y pequeño empresario –incluso en esos microempresarios que tienen dos trabajadores, que son personas naturales que tienen actividad comercial– y se va a invertir en una continuidad temporal –hasta diciembre de 2022– del Ingreso Solidario”, destacó Restrepo.
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El jefe de la cartera de Hacienda agregó que con estos proyectos aspiran a llegar “a 10 millones de colombianos, la mayoría de ellos de pobreza extrema, con el propósito de que Colombia en el 2022 retorne a los niveles de pobreza extrema que tenía en el momento de la prepandemia”.
El Gobierno planea reducir la pobreza extrema hasta el nivel que tenía Colombia antes de la pandemia, es decir, pasar de 15,1% de pobreza extrema a un nivel de 9,6%. Lo anterior sumado a la reducción en los niveles de pobreza del 42,5% a 34,2%.
Es de recordar que el pasado 15 de abril, el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicó una reforma tributaria fallida, que desató innumerables manifestaciones en rechazo a este proyecto de ley hasta el punto en el que el presidente de la República, Iván Duque, pidió que fuera retirada del Congreso tan solo unos días después, el 2 de mayo.
Esto provocó que dos calificadoras de riesgo –S&P Global Ratings y Fitch Ratings– le rebajaran el grado de inversión a Colombia, lo que en resumidas cuentas significa que el país debe buscar préstamos a un costo más elevado, puesto que existe el riesgo de que no tenga la capacidad de responder con sus obligaciones financieras.
En este sentido, el Ministro hizo énfasis en que la nueva tributaria busca enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados financieros: “Algo muy importante, se va a invertir también en garantizar la sostenibilidad fiscal que necesita Colombia en este momento para lograr reducir el déficit fiscal, reducir la deuda pública y enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados internacionales”.
En lo que refiere a la austeridad en el gasto público, el Proyecto de Inversión Social contempla siete estrategias. La primera prevé limitaciones en el crecimiento de la burocracia, y mantiene la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos, mientras que la segunda restringe los cambios en la planta de personal y congelaría las vacantes.
Además, contempla limitaciones en los gastos en bienes y servicios y prevé llegar a un 50% del ahorro en gasto de viáticos, papelería, publicidad, vehículos y combustibles en un periodo de 10 años. “No renovaremos telefonía celular, ni planes de telefonía móvil, internet y datos”, agrega el borrador presentado este martes.
El documento también señala que habrá un control en los costos de arrendamiento, con el que se busca promover el teletrabajo y los eventos virtuales, además, los esquemas de seguridad también entran en el plan de austeridad, pues serán racionalizados. En el séptimo y último punto, el Proyecto señala que se hará un control a los contratos de prestación de servicios, salvo aquellos que sean esenciales para el funcionamiento de las entidades.