Debate | Opiniones divididas sobre recomendaciones de la CIDH a Colombia. ¿Por qué?

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la evaluación del papel del Estado colombiano en medio de las manifestaciones que se registraron por el paro nacional generó varias reacciones en el sector de la política colombiana, sobre todo en el rechazo del Gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, quien aseguró que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”.

El informe, de más de 40 páginas, señala que el Estado debe “limitar actuación del Esmad” a situaciones estrictamente necesarias, pues en el marco de las manifestaciones muchos ciudadanos denunciaron excesos del Escuadrón Antidisturbios, entre los que se encuentran golpes, capturas, exceso de fuerza, disparos y uso de armas para causar daño.

Como era de esperarse, la postura de la CIDH ha generado un profundo debate en el país. La senadora Paloma Valencia y la representante Katherine Miranda defendieron sus opiniones al respecto en Vicky en SEMANA.

Por un lado, Valencia señaló: “Quedo muy preocupada y perturbada, tener que decir que Colombia tiene que aguantarse bloqueos como mecanismo de protesta es un abuso e insulto, porque los propósitos de Colombia son la reactivación económica y recuperar el empleo. Eso es destruir la posibilidad de empleo, eso es un insulto al sistema productivo”.

Asimismo, dijo que el panorama del país es que “estamos viendo una ciudadanía desesperada por buscar cambios que el país necesita y hay dos modelos: el modelo del paro y la violencia o el modelo de la reactivación económica y quienes creemos que esta es la única manera de solventar los problemas no podemos aceptar que los bloqueos son un mecanismo aceptable”.

Frente a estas recomendaciones, la representante Miranda sostuvo que era algo de esperarse: “Los resultados los esperábamos, las violaciones de los derechos humanos no se podían esconder, están los videos, los testimonios y lo ratifica la CIDH. Sin embargo, me preocupa la respuesta del Gobierno frente a estas recomendaciones. En vez de hacer un mea culpa y entender que hay una crisis de confianza de la Policía, dicen ahora que no están de acuerdo”, explicó.

Además, insistió en que no existirían los bloqueos “pero es que no existirán los bloqueos si el Gobierno escuchara. Recordemos que el paro se crea en el marco de una reforma tributaria y ahora quieren echarle la culpa al paro del deterioro de la economía, el paro es consecuencia de la crisis económica, no al contrario”, enfatizó.

No obstante, la representante de la oposición insistió en que el concepto de “bloqueo” para la CIDH es algo distinto a lo que se está discutiendo: “El concepto del bloqueo de la CIDH es que cuando salió el sector uribista bloquearon la calle 26, eso es un bloqueo, pero las protestas no se pueden hacer en un ‘protestódromo’”.

En contraste, para Valencia el sector de la oposición “ha legitimado la violencia y les parece que los bloqueos no son tan malos. Una cosa es que las protestas ocupen las calles y otra cosa es el secuestro masivo, donde ciudadanos en Cali no podían salir y grupos armados estaban patrullando las calles”. Sin embargo, Miranda enfatizó en que “hay que revisar con juicio y no de entrada decirle que no a las recomendaciones de la CIDH”.

¿Pasar la Policía al Ministerio del Interior?

Uno de los puntos que más desató debate fue la propuesta de la CIDH de pasar la Policía Nacional al Ministerio del Interior y separarla del Ministerio de Defensa. Ante esto, la senadora Valencia aseguró que si se acata dicha recomendación, se tendría una “justicia politizada”. En ese sentido señaló: “No nos conviene tener justicias politizadas ni tener una policía politizada. Entiendo tratar de diferenciar una policía urbana y una policía antinarcóticos. Es distinto un policía que opera en Bogotá y uno en Argelia, Cauca, luchando contra el narcotráfico”.

Por su parte, la representante Miranda manifestó que está de acuerdo en pasar la Policía al Ministerio del Interior de manera “paulatina”. Al respecto aseveró: “No podemos entender que la Policía de Colombia se va a transformar en la policía de Dinamarca solo con pasarla al Ministerio del Interior. La policía tiene un carácter muy militar, pero tenemos que convertir a la Policía en una fuerza con vocación civil”.

En cuanto a la separación de la Policía Nacional y el Esmad del Ministerio de Defensa, el Gobierno responde que el numeral 15 de las recomendaciones se inmiscuye en decisiones propias del Estado.

“Esta recomendación se constituye como una injerencia inconstitucional en la estructura de la fuerza pública. Como argumento velado para ello, en sus observaciones la CIDH insiste en descargar la responsabilidad de la violencia durante la protesta en los integrantes de la Policía Nacional, violencia –según la Comisión– dirigida particularmente en contra de manifestantes pacíficos”, puntualiza el documento.

“Limitar la actuación del Esmad”

En este aspecto, las congresistas difirieron en una de las recomendaciones de la CIDH que fue limitar la actuación del Esmad a situaciones estrictamente necesarias. Frente a este punto, la representante Miranda sostuvo que “cuando un uniformado porta un arma en nombre del Estado y comete un crimen, lo hace la Policía Nacional, no Pepito Pérez”. En ese sentido agregó: “Frente al Esmad, es evidente la violación de los derechos humanos y usan armamento de manera indiscriminada. Hay que revisar los protocolos y las armas”.

Sin embargo, para la senadora del Centro Democrático es importante defender el accionar de la fuerza pública, bajo el respeto de los derechos humanos. “Las fuerzas antidisturbios de Colombia tienen los índices de letalidad más bajos en el continente (...) Está haciendo carrera una idea según la cual fuerza del Estado es malísima siempre. Colombia ya ha vivido lo que significa no tener la fuerza del Estado y hace falta en Colombia una ley que reglamente el uso de la fuerza. En Estados Unidos la Policía está un grado por encima de los ciudadanos”, opinó.

Por último, Valencia concluyó que “no puede pasar que salgan a destruir los bancos, los locales, buses de TransMilenio. No puede pasar que congresistas financien la ‘primera línea’. Algunos creen que el paro es maravilloso; yo sí no estoy de acuerdo. Creo que aquí es que como colombianos tenemos que rechazar esas violencias privadas, hay que detenerlos, con todas las garantías de los derechos humanos, pero a mi parecer lo que ha faltado es el uso de la autoridad. Aquí el que rompe un vidrio tiene que ser detenido”.