“Es un acto ilegal”: la estrategia jurídica de Keralty para recuperar EPS Sanitas. Habla en SEMANA el abogado Juan David Riveros

El pasado 2 de abril, el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió intervenir a la EPS Sanitas, propiedad del grupo Keralty. Sin duda, la intervención ha generado incertidumbre entre los 5,7 millones de afiliados.

“Hoy se ha alejado de su cargo al representante legal, a la junta directiva de la asamblea de accionistas de esta EPS. Se ha designado también agente interventor, agente interventor que, entre otras cosas, es importante destacar que ha tenido intervenciones previas de manera exitosa y que viene de recuperación hospitales públicos”, dijo ese 2 de abril, desde la Casa de Nariño, el superintendente de Salud Luis Carlos Leal.

En Vicky en Semana, el abogado del grupo Keralty, Juan David Riveros, explicó las razones por la que denunciaron al Gobierno Petro ante la Fiscalía General de la Nación tras dicha intervención, que han calificado de “improvisada e ilegal”.

“Después de lo que nosotros consideramos es un acto arbitrario por parte de la Superintendencia de Salud, que termina con la intervención de la EPS Sanitas, lo que hemos hecho es diseñar una estrategia jurídica para dirigirnos a los jueces de la República, tratando de evitar que continúe este acto arbitrario y lograr recuperar la administración de la EPS. La finalidad es esa: recuperar, a la mayor brevedad, la administración de la EPS, pensando fundamentalmente en que podamos continuar prestando el servicio para nuestros usuarios, como lo hemos hecho desde hace algo más de 43 años de presencia en Colombia”, dijo el jurista.

El abogado Riveros insistió en que la intervención a Sanitas fue “abiertamente ilegal”, además de haber sido “desproporcionada y discriminatoria”.

“Esa es la razón por la cual nosotros acudimos el día de hoy, como inicio de una estrategia legal, a la Fiscalía General de la Nación, para proponer una denuncia en contra del superintendente nacional de Salud, porque consideramos que la decisión en si misma está por fuera del ordenamiento jurídico por muchas razones, pero hay una que a mí me parece que es trascendental en la actualidad de nuestro país, y es que toman una decisión que no tiene sustento legal y suspenden a la junta o a la asamblea de accionistas de la EPS. Eso lo que quiere decir es que están desconociendo el derecho a la propiedad de unos particulares en una empresa y eso es tremendamente grave y no está recogido ni tiene sustento en ninguna norma del ordenamiento jurídico colombiano, es decir, está absolutamente por fuera de la ley”, agregó en Vicky en Semana el abogado del grupo Keralty.

El abogado también fue enfático en decir que la estrategia jurídica puesta en marcha desde Keralty no solo tiene un componente penal, sino que también posee algunas acciones que presentarán ante la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

“También interpondremos algunas acciones de carácter constitucional y, en el escenario internacional, también iremos a las instancias internacionales (...). Lo que ha ocurrido con el acto de intervención es un acto ilegal que está generando unas consecuencias que lo que generan (sic), entre otras cosas, es zozobra, angustia, en los usuarios de la EPS. Una angustia tremenda entre los trabajadores: más de 3.800 empleos directos y alrededor de 4.500 indirectos”, señaló Riveros.

Tras la intervención de Sanitas a comienzos de abril, el presidente Gustavo Petro aseguró que su administración tenía la obligación de salvar el sistema de salud en Colombia.

“El Gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos. El actual sistema, como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la Constitución, con decisión”, posteó Petro a través de su cuenta en la red social X, el pasado 2 de abril.