María Fernanda Cabal está feliz con la investigación de Guatemala contra el ministro de Defensa Iván Velásquez; aprovechó para atacarlo de manera mordaz

La Fiscalía de Guatemala anunció, el lunes anterior, su intención de llevar a la justicia al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales cuando fungió como jefe de una misión antimafias de la ONU en el país centroamericano. Velásquez es señalado de avalar, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de “colaborador eficaz” (testigo protegido) de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, habló con SEMANA al respecto y aseguró que ellos tienen derecho a adelantar las pesquisas contra el exmagistrado colombiano, así este sea ahora ministro de Defensa de Colombia y así el presidente de Colombia, Gustavo Petro, salga en su defensa.

El actual ministro de Defensa de Colombia dirigió desde 2013 y hasta su cierre en 2019 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que junto al Ministerio Público (Fiscalía) revelaron varios escándalos de corrupción. El de mayor impacto fue el que involucró al expresidente Otto Pérez (2012-2015), al que se acusó de encabezar una estructura de defraudación en aduanas. Fue condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.

Según Curruchiche, Velásquez y la exfiscal general Thelma Aldana (2014-2018) otorgaron en 2017 el “visto bueno” para suscribir los acuerdos de colaborador eficaz en medio de la investigación contra Odebrecht, “lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando” con la firma brasileña.

Bajo ese contexto, en Vicky en SEMANA debatieron los congresistas Ariel Ávila y María Fernanda Cabal. Durante el cruce de declaraciones, la senadora coincidió con lo dicho por la Fiscalía de Guatemala en el sentido de que no estuvo bien otorgar vistos buenos como si él fuera la justicia, haciéndolo de manera personal y saltando instancias de la justicia de ese país. “Yo sabía de los antecedentes de Iván Velásquez cuando dirigió el tribunal creado por las Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción. Y lo interesante es que en esta aspiración de los seres humanos, de pronto algunos de buena fe, pero otros más avispados, crear tribunales que se salen de la jurisdicción propia de los estados soberanos termina siendo una creación maléfica, tribunales exentos de todo tipo de investigación en contra de sus abusos, tribunales que terminan usando la Fuerza Pública para violar garantías judiciales, tribunales que son investidos de una autoridad moral superior, pero que –como vimos en Guatemala– en cabeza de Iván Velásquez, terminaron violando todos los derechos humanos de guatemaltecos de todas las condiciones sociales con la excusa de la lucha contra la corrupción”.

El debate completo entre María Fernanda Cabal y Ariel Ávila, congresistas:

El anuncio desde Guatemala se suma a varias detenciones contra exfuncionarios de la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y exfiscales de la Feci (Fiscalía Especial contra la Impunidad), la mayoría acusados de abuso de autoridad por el Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, que la incluyó en 2021 en su listado de “corruptos y antidemocráticos”.

La primera condena contra exfiscales anticorrupción se dio en diciembre, cuando fue condenada a cuatro años de prisión Virginia Laparra, exjefa de la Feci en la ciudad de Quetzaltenango, por haber denunciado a un juez por sobrepasar sus funciones.

Velásquez, recordado en Colombia por investigar los presuntos vínculos de paramilitares con sectores políticos, desmintió los señalamientos. Cabal, por su parte, aseguró que “esa obsesión de Iván Velásquez de ser Supermán, todo lo vuelven persecución, hay que investigarlo”. Y agregó: “El Estado guatemalteco tiene instituciones. Cuando se crea la Cicig, Iván Velásquez es su último director y la Cicig se convirtió en la herramienta perfecta para el tirano obsesivo lograr perseguir al que considera enemigo”.

De acuerdo con la congresista, personas que no tenían cómo defenderse y se afectaron en su dignidad se terminaron suicidando ante la persecución emprendida por el organismo liderado por Iván Velásquez. “Lo que hizo Iván Velásquez fue destruir y usar el aparato judicial guatemalteco para generar destrucción. Esa es la verdad. Lo de Odebrecht me sorprende”, aseveró. “Esto no es ninguna persecución, es un Estado soberano que entendió que Iván Velásquez no tenía facultades para hacer acuerdos con los bandidos de Odebrecht”, aseveró.

“El señor Velásquez intervino de manera directa en la negociación y suscripción de tres acuerdos de colaboraciones eficaces con ciudadanos brasileños. Tanto así, que queda plasmado en uno de esos correos, y otros que hay, que el señor Velásquez sugiere que se haga una modificación a esos acuerdos; sin embargo, ya no se plasma. Pero aquí hay varias situaciones y es que hay una Comisión Interamericana sobre asistencia en materia penal mutua, que Colombia es parte y que me impide a mí como fiscal. Como fiscal no puedo ir a Colombia a hacer investigaciones”, agregó, en sentido similar, Curruchiche en Vicky en SEMANA.

Sobre el tema, Estados Unidos condenó las órdenes de captura emitidas en Guatemala contra personas implicadas en la lucha anticorrupción. El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, afirma en un tuit refiriéndose al Ministerio Público (MP): “Nos preocupan las órdenes de captura del @MPguatemala contra personas que trabajaron para garantizar la #RendiciónDeCuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala”. “Tales acciones debilitan el #EstadoDeDerecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”, añadió el funcionario.

En la actualización de su lista de “corruptos” de Centroamérica, Washington incluyó el año pasado a Rafael Curruchiche y otros 15 guatemaltecos, entre los que destacan personas que contribuyeron a procesar a funcionarios de justicia, una de las críticas recurrentes de Washington al gobierno del conservador Alejandro Giammattei.

Estados Unidos ha criticado en reiteradas ocasiones a Guatemala por la detención de fiscales anticorrupción y la designación en puestos judiciales de personas acusadas de corrupción. El anuncio del jefe de la Feci provocó turbulencias diplomáticas: Colombia llamó a consultas a su embajadora en Guatemala, que hizo lo propio con el suyo en Bogotá “en reciprocidad”.