Atención: Fiscal Francisco Barbosa enciende la polémica y plantea “desmantelar” la justicia penal militar

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, habló con Vicky en SEMANA de múltiples temas del acontecer nacional. Durante la entrevista, el jefe del ente acusador fue consultado por el caso del prófugo coronel Benjamín Núñez, buscado por las autoridades por el asesinato de tres jóvenes en el departamento de Sucre.

El pasado 25 de julio, se presentó un triple homicidio en vías del departamento de Sucre, en el cual, presuntamente, están involucrados varios miembros de la policía, incluido el coronel Bejamín Núñez, excomandante operativo, quien está prófugo. El hecho estremeció al país, debido a los detalles que fueron revelados con el paso del tiempo.

Vea la entrevista completa con el fiscal general Francisco Barbosa:

Sobre el caso, el fiscal Francisco Barbosa condenó la manera en que se ha involucrado la justicia penal militar en asuntos que, señaló el jefe del ente acusador, son competencia de la Fiscalía General de la Nación. “Me repugna como colombiano y como fiscal general que la fuerza pública esté involucrada en violaciones de derechos humanos como lo que acabamos de ver en este caso concreto. Nosotros tenemos 10 funcionarios o 10 policías que fueron capturados, se legalizaron sus capturas, se imputaron, se formuló su imputación y se están solicitando, mientras estamos en esta entrevista, algunas medidas de aseguramiento”, aseguró.

“Esto manda un mensaje también. Estos casos no pueden ver prevalentes de la justicia penal militar. ¿Cómo es posible, y yo ya se lo planteé al señor ministro de Defensa, Iván Velásquez, que además creo que estamos completamente de acuerdo en este punto, que entonces prioritariamente aparece la justicia penal militar en la escena del crimen? Manejando escena de casos de este tenor. Es que eso viola los derechos humanos, justamente, y los tratados de derechos humanos de este país”, agregó el fiscal Francisco Barbosa para, posteriormente, señalar que la justicia penal militar se debe acabar “paulatinamente”.

“Aquí lo que hay que hacer paulatinamente es ir desmantelando la justicia penal militar en Colombia. Esa justicia penal militar tiene que ser residual, tiene que ser para unos temas muy concretos de acciones de servicio, pero en temas de homicidios, en temas de violaciones de derechos humanos, debe ser la Fiscalía General de la Nación”, agregó el jefe del ente acusador. “Y por eso le planteé al señor presidente de la República, Gustavo Petro, al ministro de Defensa, que es necesario fortalecer la Fiscalía General de la Nación con más investigadores, con más fiscales, los recursos que se hayan utilizado se utilicen para jurisdicción penal militar, trasladarlos a la justicia ordinaria para poder avanzar”, enfatizó Barbosa.

Según dijo el jefe de la Fiscalía General de la Nación, a su organismo lo señalaron de ser responsable de no capturar al prófugo coronel Benjamín Núñez. Sobre el particular, dijo, en menos de 30 días esta investigación se resolvió y hay una orden de captura contra el coronel. Además, indicó muy crítico, su organismo no puede proceder ante un juez en función de la información que publican los medios de comunicación.

Sobre el caso puntual del coronel, SEMANA dio a conocer que el testimonio que rindió el coronel Núñez quedó grabado sin sonido. En el video se observa como el integrante de la Policía mueve las manos, hace gestos y señala, pero no se escucha su voz. Pese a que se hicieron las respectivas investigaciones sobre el contenido que salió a la luz, aún no existe una explicación sobre qué ocurrió con la única declaración que presentó Núñez sobre el presunto asesinato de los tres jóvenes en el departamento de Sucre. Estas pruebas abren la puerta a especulaciones relacionadas con una posible conspiración para ocultar la verdad detrás de lo ocurrido el pasado mes de julio.

La declaración muda del coronel Núñez, hoy prófugo de la justicia y de las autoridades es apenas un renglón de una lista de hechos investigados por la Fiscalía y la misma inspección de la Policía. Los detalles revelados por un grupo de investigadores llevaron a concluir la jugada que se habría creado desde el departamento de Sucre para engañar a las autoridades judiciales y convertir a las víctimas en los responsables de una guerra desatada.