¿Habrá impunidad para los delincuentes con nuevo proyecto que impulsa el Gobierno Petro?

Uno de los primeros proyectos que llevará el Gobierno del presidente Gustavo Petro al Congreso de la República este 2023 será el que elaboró el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el cual busca humanizar la política criminal y penitenciaria.

SEMANA conoció el documento final, que tiene 44 páginas y está en el despacho del mandatario, listo para ser enviado a la rama legislativa. Tal como lo anticipó Osuna a este medio, si el proyecto es aprobado, en los eventos de concurso o acumulación jurídica de penas, es decir, cuando se juntan penas por varios delitos, la pena privativa de la libertad no podrá exceder los 50 años, actualmente, es de 60.

También cambiarán los requisitos para conceder la prisión domiciliaria. Según la iniciativa, se aplicará siempre y cuando la sentencia que se imponga por conducta punible, cuya pena mínima prevista en la ley sea de 12 años de prisión o menos. En el actual Código Penal habla de una pena mínima de 8 años, por lo cual más internos tendrán opción de aplicar a este beneficio.

Ante la controversia que se ha generado en las redes sociales, el representante del Pacto Histórico, Heráclito Landínez, habló este lunes en exclusiva con Vicky en SEMANA sobre este tema y aseguró que en ningún momento el gobierno está planteando dejar libres a los delincuentes, sino que busca una manera sensata de humanizar la política carcelaria.

El congresista, de igual manera, puntualizó que actualmente los centros penitenciarios de Colombia se han convertido en universidades del crimen. Asimismo, recalcó que el objetivo de esta iniciativa es resocializar a las personas que en algún momento cometieron un delito.

“Este es un proyecto de ley para humanizar la política carcelaria. No significa que haya impunidad, no vamos a soltar a los delincuentes a la calle, los que deben aplicar esto son los jueces de la república”, indicó inicialmente.

Luego, precisó: “En algunos delitos, las personas podrán estudiar y trabajar, e incluso tener casa por cárcel. El enfoque de este proyecto es humanizar y resocializar. Lo más importante es que exista la prevención del delito. Que las personas no vayan a la universidad del delito”.

Ciro Ramírez, representante del Centro Democrático, también explicó en este medio que la idea es revisar punto por punto el proyecto del Ministerio de Justicia debido a que uno de los mayores temores de la sociedad colombiana hoy en día es la inseguridad.

De acuerdo con la iniciativa, los jueces podrán autorizar la ejecución de la pena privativa de la libertad y la detención preventiva en el lugar de residencia de la persona privada de la libertad o en centro médico hospitalario determinado por el Inpec, en caso de que a la persona le aqueje “una enfermedad grave o por una condición de discapacidad cuando resultan incompatibles con la vida digna en privación de la libertad o las posibilidades de tratamiento”. Actualmente, el Código habla de una enfermedad “grave” y no incluye una condición de discapacidad.

“En casos de enfermedades graves, incurables y altamente discapacitantes con tratamientos paliativos debidamente diagnosticados, prevalecerá la autonomía del paciente, para que este, de manera libre, voluntaria e informada, decida si es trasladado a su domicilio o centro hospitalario”, dice el texto.

Como lo anticipó SEMANA, el proyecto también elimina el delito de injuria y calumnia, y dejó exclusivamente la injuria por vía de hecho, es decir, los ataques verbales acompañados de un gesto o golpe físico. Por otro lado, acabó con el delito de incesto en el Código Penal y quitó el de concierto para delinquir para quienes adelanten actos vandálicos en medio de las protestas.

“En ningún momento se entenderá, que las conductas que se desarrollan en el marco de la protesta social pacífica, el ejercicio de la libertad de la reunión, asociación o manifestación, pueden dar lugar a la configuración del delito de terrorismo”, concluyó.